Hace casi un año divagan de un hotel a otro con su ropa metida en bolsas plásticas o en carritos con ruedas.

Orlando/Kissimee - Los llaman “los de Fema”, pues hace casi un año divagan de un hotel a otro con su ropa metida en bolsas plásticas o en carritos con ruedas, como parias.

Algunos han logrado hacer la transición, y se han mudado a una vivienda permanente. Pero otros, los que a esta fecha aún viven en hospederías, están en un limbo. No pueden regresar a Puerto Rico porque sus casas quedaron devastadas por el huracán, y la opción de quedarse en Florida, ya sea porque están bajo un tratamiento médico o porque tienen niños estudiando, se ha tornado en una pesadilla porque en este estado la vivienda es más cara que en Borinquen.

“Es tan triste esto, pues después de haber trabajado tantos años, no deberíamos estar pasando esto”, dijo Carmen Muñoz, de 67 años y quien lleva casada 47 años con Benjamín.

Mucho antes, habían vivido en Estados Unidos, pero cuando a Benjamín le descubrieron cáncer del colon, y pensaba que no le quedaba mucho tiempo de vida, quiso regresar a Puerto Rico a pasar sus últimos días. La buena noticia fue que Benjamín se estabilizó tras varias intervenciones. ¿La mala? Que estando en Puerto Rico, María peinó la isla, y destruyó la vivienda de alquiler en la que residían.

Las ráfagas arrancaron las ventanas de la vivienda, despegaron las tejas del techo y agrietaron seriamente la estructura. La pareja, que no procreó hijos, tenía su casita en una lomita de Humacao, “cerca de Palmas del Mar”, dijo él.

Por eso, decidieron venir a Orlando y desde entonces han vivido en cuatro hoteles: en el Quality Inn de Clermont, en el Days Inn de Sanford, en el Woodspring de Orlando y ahora en el Staybridge de la misma ciudad. Pero ayer mismo, varias horas después de conversar con El Nuevo Día, la gerencia del hotel les avisó que se tenían que ir pues nunca recibieron la notificación de FEMA sobre la extensión del programa de refugios temporeros (TSA) cuya fecha final se movió del 31 de agosto al 14 de septiembre.

Varias gestiones revelaron que se trató de un error, pero las horas de malestar y ansiedad que vivió la pareja nadie podrá retribuirlas.

El viernes, el juez de distrito Timothy S. Hillman rechazó un pedido para que este programa se mantuviera vigente indefinidamente, pero extendió su vigencia dos semanas más: hasta el 14 de septiembre.

Hasta ayer, 1,030 familias (2,809 personas) permanecían en albergues temporeros en Estados Unidos, según datos de FEMA. Se estima que cerca de 130 están en la zona de Florida central.

“Se me fue el alma al piso cuando escuché la decisión del juez, pues se había rumorado que lo alargarían hasta diciembre y eso nos daba un poco más de tiempo para buscar un apartamento”, dijo Benjamín.

En todo este tiempo, han hecho gestiones para buscar un lugar donde vivir. “Hemos encontrado unos apartamentos, pero nos piden $1,300 mensuales y no podemos pagar eso. Encontramos otros por $700 mensuales, pero la lista de espera es de dos años. Tampoco podemos regresar a Puerto Rico, pues allá no tenemos a nadie, a ningún familiar que nos reciba. Además, acá tengo los médicos que me tratan”, dijo el hombre, quien fue jefe de guardias de seguridad en una empresa en Massachusetts y luego gerente del conocido restaurante Rain Forest Café de Disney Springs. Pero, cuando le descubrieron el cáncer, tuvo que retirarse.

“Ese 14 de septiembre no sabemos qué haremos”, dijo el hombre de 70 años. “Somos ciudadanos americanos y por años trabajamos aquí en Estados Unidos y pagamos impuestos. Creo que el gobernador de Puerto Rico nos ha abandonado, que el gobernador de Florida, Rick Scott, también. FEMA ha gastado sus millones en Hawái, donde no pasó nada, pero en nosotros nada. ¿Por qué en lugar de gastar tanto en pagar hoteles no compran casas-remolque, que son más baratas?”, planteó

“No somos criminales, pero a donde quiera que vamos nos tratan así. Nos dicen ‘los de FEMA’, que rompemos todo; y hasta nos preguntan por qué no nos regresamos a Puerto Rico”, lamentó.

Lisandra Martínez llegó en octubre de 2017, y cuando empezaba a sentir que se estabilizaba y que su trabajo daba buenas señales de progreso, a la joven de 32 años le descubrieron cáncer en su matriz. La devastación de la noticia se sumó a los meses de ansiedad que ha vivido por la incertidumbre continua de no resolver dónde vivirá permanentemente. “Quiero una buena educación para mi hijo de siete años y eso lo tengo aquí, y por eso no quiero regresar a la isla”, afirmó.

Tuvo que dejar el trabajo en lo que se somete a un tratamiento. Su pareja, Jonathan Ramos, de 29 años, dejó la isla y se mudó con ella para ayudarla. Hace una semana, encontró trabajo en una empresa de construcción en la que le pagan $11 la hora.

Tenía un vale del Plan 8 de Vivienda federal para conseguir una vivienda que pagara $980 mensuales. Pero, en este estado, esa cifra apenas da para pagar el alquiler de un pequeño estudio donde no se permiten niños ni parejas. “Como no conseguía, me quitaron el vale, pues venció”, dijo la joven.

“Cuando llegue esa fecha, pues, no sé, veré si buscamos a alguna amistad que nos reciba en su casa en lo que podemos conseguir un apartamento, pues hemos estado buscándolo”, dijo.

Desde antes del paso del huracán, ya Florida enfrentaba un déficit de vivienda asequible y, aunque ha habido unas iniciativas de condados como el de Osceola para desarrollar proyectos de vivienda a bajo costo, estas casas no estarán listas en corto plazo. Así lo reconoció el representante republicano puertorriqueño Bob Cortés, cuyo nombre suena como el candidato a vicegobernador de Ron DeSantis, quien busca la gobernación de Florida por esa colectividad.

“Yo estoy optimista que va a venir otro juez y va a extender esto. Fue lo que pasó luego de Katrina en Luisiana, y FEMA estuvo extendiendo el programa 23 meses”, dijo Cortés. “La otra opción es buscar vivienda fuera del área de Orlando o en otro estado donde los precios son más bajos”, comentó el legislador.

Sin embargo, la idea de desmembrar la cohesión de grupo que estos puertorriqueños han creado sería adversa, sugirió el sociólogo y catedrático de la Universidad de Florida Central Fernando Rivera. “Se rompería ese entorno de apoyo que han creado”, dijo el experto, quien explicó que la incertidumbre de no saber dónde vivir causa altos niveles de ansiedad y hasta depresión.

“Esto se ha convertido en un asunto cíclico donde los gobiernos locales, federales, las ciudades y el de Puerto Rico se han pasado la pelota de un lado a otro y la gente ha quedado en el medio sin una solución después de un año”, dijo. “Esto sigue siendo una crisis humanitaria y me preocupa el estado de salud mental de esas familias”, agregó.

Una petición de entrevista a La Fortaleza nunca tuvo respuesta. Tampoco de la administración del gobernador de Florida, Rick Scott.

Sobre este asunto, el congresista de ascendencia puertorriqueña Darren Soto dijo que, desde su oficina, hará gestiones con el gobierno de Puerto Rico para identificar hogares en los que los desplazados puedan pernoctar. Señaló, además, que continuará su campaña en el Congreso para que se apruebe un programa de asistencia de vivienda por desastre que provea vivienda a largo plazo.

Para el sacerdote episcopal José Rodríguez, de la Iglesia Jesús de Nazaret, esta decisión equivale a un boleto de regreso a Puerto Rico para que ciudadanos americanos, con los mismos derechos que los damnificados en Texas, Florida y Luisiana, queden en el olvido, dijo.

El religioso narró que, en varios foros, se ha planteado la idea de abrir refugios de emergencia, como los que se activan cuando viene un huracán, como un remedio temporero en lo que se resuelve la situación. El problema con esta idea es que la mayoría de los refugios se abren en escuelas y ya el semestre escolar comenzó.

“Los gobiernos han usado a las organizaciones sin fines de lucro para que hiciéramos el trabajo que a ellos les correspondía, y, ahora, las entidades nos hemos quedado sin recursos económicos para continuar”, dijo el religioso, quien ha trabajado intensivamente con las comunidades puertorriqueñas.

“Esto es una discriminación. ¿Qué hace a nuestro pueblo diferente de otros ciudadanos? ¿Qué nos hace menos merecedores de ayudas?”, se preguntó.


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