Washington D.C. - El proyecto de ley del presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson, para reautorizar la ley agrícola, excluyó la propuesta que pondría en marcha una transición en Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Thompson ya había adelantado a este medio que la medida estaba en problemas después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) determinó que solo preparar la transición iba a costar cerca de $1,000 millones durante una década, previo a que entrara en vigor la inyección de nuevos fondos, que se considera costará por lo menos $900 millones adicionales.

“Una nueva ley agrícola era necesaria desde hacía tiempo, y (el proyecto de ley) Agrícola, Alimentaria y de Seguridad Nacional de 2026 representa un importante avance para brindar certidumbre a nuestros agricultores, ganaderos y comunidades rurales”, indicó Thompson, en una declaración que acompañó la presentación de la medida, que llevará a votación en su comité el 23 de febrero.

La legislación del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, perseguía un proceso de transición de 10 a 15 años del PAN al SNAP. La esperanza era que la evaluación del CBO sobre la primera década, que es la que examina esa oficina, fuera entonces menos costosa para el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA).

“Le pusieron un precio muy alto, a pesar de que era con unos 10 años de antelación. En el futuro, la CBO dijo que al USDA prepararse le costaría $1,000 millones, lo cual me decepcionó y frustró mucho”, indicó Thompson a El Nuevo Día la semana pasada.

El comisionado Hernández afirmó este sábado que “la mayoría republicana le falló a Puerto Rico”.

“No nos sorprende porque siempre anticipamos que bajo la mayoría republicana sería cuesta arriba lograr el SNAP, a pesar de los avances bipartidistas que logramos en este esfuerzo comparado con esfuerzos anteriores. Seguiremos luchando para derrotar el hambre, superar el discrimen y hacerle justicia a los puertorriqueños”, indicó, en una declaración.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli, piensa, sin embargo, que hay apoyo bipartidista para la medida y aspira a que las partes se sienten a la mesa “a lograr un acuerdo sobre los mecanismos presupuestarios utilizados para financiar una transición que le cumpla a nuestra gente”.

“La propuesta de ley incluye lenguaje para protección de algunos de nuestros cultivos agrícolas más producidos; el café, guineo, plátano, cacao y mangó. El mismo esté basado en proyectos de ley presentados por la gobernadora Jenniffer González Colón mientras era comisionada residente y que desde PRFAA seguimos impulsando. Las medidas buscan aumentar las oportunidades de estudio e investigación para combatir las plagas y enfermedades en estos y otros cultivos tropicales”, señaló Boffelli.

Para Boffelli, la decisión del líder del Comité de Agricultura cameral “no es un asunto en contra de Puerto Rico”. ”Alrededor de 20 provisiones sobre temas de impacto a programas de nutrición a nivel nacional quedaron fuera de esta sección legislativa”, agregó en su declaración.

Este año fiscal federal 2026, Puerto Rico recibe cerca de $3,000 millones anuales en fondos del PAN, por medio de una subvención en bloque que beneficia a 1.2 millones de personas y que es distribuida por el Departamento de la Familia.

Las legislaciones de Thompson de 2024 y 2025 para reautorizar la ley agrícola, que no llegaron a aprobarse –el estatuto solo ha estado extendido por un año-, tampoco incluyeron la transición del PAN al SNAP.

Bajo SNAP, Puerto Rico tendría que imponer los requisitos de trabajo a la asistencia alimentaria. Pero, tendría acceso directo a nuevas asignaciones en caso de una emergencia, como un desastre natural.

En su proyecto de mayo de 2024, Thompson, sin embargo, alentó “tanto al Departamento de Agricultura como a Puerto Rico a continuar formulando un camino financiera y operativamente viable hacia una transición de la subvención en bloque al SNAP”.

En aquel momento, Thompson propuso un aumento de cerca de $50 millones en la subvención del PAN, una cantidad similar a la que incrementó ahora el presupuesto 2026 del Departamento de Agricultura.

Las máximas esperanzas para avanzar la propuesta de transición al SNAP han estado en manos de Thompson, pues en el Senado ni siquiera se ha podido presentar un proyecto de ley en esta sesión del Congreso ante la falta de respaldo de al menos un republicano.

Si el Congreso puede reautorizar la ley agrícola –cuyo estatuto temporal expira el 30 de septiembre–, las autoridades de Puerto Rico pueden tener que esperar otros cinco años para volver a encontrar espacio legislativo a favor del debate sobre una potencial transición al SNAP.

La ley agrícola, que suele tener una duración de cinco años e incluye la asistencia alimentaria, no se renueva desde 2018. Desde entonces ha dependido de medidas temporales.