La medida dispone que el inventario deberá ser completado en 30 días. (semisquare-x3)
La medida dispone que el inventario deberá ser completado en 30 días. (Ramón “Tonito” Zayas)

Ninguna agencia gubernamental sabe exactamente cuántas obras de arte albergan las sobre 1,000 escuelas públicas que hay en el país, a pesar de que varias de ellas están pasando a manos de entidades privadas que realizan remodelaciones que pueden afectarlas. 

El proyecto 311 de la Cámara de Representantes asigna al Departamento de Educación (DE) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) la responsabilidad de enumerar murales, pinturas, esculturas y otras piezas con el propósito de protegerlas. Así, se busca evitar que vuelvan a ocurrir incidentes como el reportado en la escuela Julia de Burgos en Carolina.

Tras el cierre de escuelas puesto en marcha por Educación en 2017, este plantel fue rentado por un dólar a la Iglesia Fuente de Agua Viva para establecer la Fountain Christian Bilingual School. Bajo esta administración se cubrió con pintura blanca un mural del artista puertorriqueño José Antonio Torres Martinó. La obra titulada “Río Grande de Loíza” data de 1966 y está considerada parte del patrimonio cultural de Puerto Rico. 

A raíz de este incidente, la sucesión del artista radicó una demanda en el Tribunal Federal para establecer los términos de la restauración de la obra. Mientras, mañana a las 10:00 a.m. la Comisión de Educación, Arte y Cultura llevará a cabo una vista ocular en la escuela para ver los avances en el proceso. El pasado 10 de abril dicho cuerpo había intentado realizar una visita al plantel pero se le negó el acceso.

A la vista pública celebrada ayer por la comisión no acudió el ICP sino que envió un listado con las obras de arte que están en las escuelas públicas de acuerdo al trabajo de tesis doctoral de  Amir Señeriz Longo que data de 2007.  La agencia  informó al presidente de la comisión, Guillermo Miranda Rivera, que  está en proceso de actualizar dicho documento. 

“El ICP me notificó que está en proceso de actualizar”, indicó el representante.

La medida, presentada el representante independentista Denis Márquez Lebrón, también busca que en las cláusulas de los contratos de alquiler para las estructuras que son propiedad del gobierno se incluya una que específicamente haga responsables a los inquilinos del mantenimiento y protección de cualquier obra de arte que allí se encuentre. En caso de que la misma pueda removerse, el ICP y Educación (DE) deben acordar custodiarlas y conservarlas.  

Educación estuvo de acuerdo con colaborar con el ICP en la elaboración del inventario en los planteles. Mientras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, agencia a cargo de tramitar los contratos de edificios en desuso (incluyendo las escuelas) propuso que se les envíe copia del inventario y también al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y el Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso. Estas dependencias pasan juicio sobre las solicitudes para ocupar  las escuelas cerradas por Educación.

Molesta la inacción

Tanto Miranda como Márquez se expresaron inconformes con la respuesta de las agencias a la preocupación sobre el patrimonio cultural. 

“Que nadie haya hecho nada para ir a una escuela y levantar un inventario  para cotejarlas es alarmante, indignante y cuestionable", dijo Márquez, quien había alertado acerca de la situación del mural de Torres Martinó. 

De acuerdo al listado prelimimar de obras en poder del representante hay sobre 60 escuelas con murales realizados por artistas puertorriqueños, de los cuales algunos han desaparecido y otros están deteriorados.  



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