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Carlos García. (GFR Media/Archivo)

El integrante de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Carlos M. García, vendió durante el tercer trimestre de este año ciertas acciones que todavía poseía de su otrora patrono, Banco Santander, y que alega desconocía, según un reporte de la oficial de Ética del organismo federal, Andrea Bonime Blanc.

Este viernes, la JSF ha publicado los informes trimestrales de las transacciones financieras que efectuaron, si alguna, los integrantes del organismo que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

Los informes de transacciones financieras corresponden al tercer trimestre del 2017 y solo cuatro de los 11 oficiales de la JSF obligados a rendir estos reportes, cumplieron con su responsabilidad a tiempo. Estos fueron los directivos David Skeel, Arthur González, Carlos M. García y el representante de Puerto Rico ante la JSF, Christian Sobrino.

Mientras los directivos José Ramón González, Andrew Biggs, Ana Matosantos y José B. Carrión radicaron sus informes con 13, 18, 27 y 32 días de retraso, respectivamente. El asesor legal Jaime El Khoury presentó su informe tres días después de la fecha establecida, mientras el coordinador de Revitalización, Noel Zamot y la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko hicieron lo propio con 27 y 29 de retraso, respectivamente.

Según el reglamento de la JSF, los informes de transacciones financieras de los oficiales requeridos a divulgar información deben presentarse 14 días después del cierre del trimestre.

De acuerdo con el informe de Bonime Blanc, el pasado 8 de agosto, García -quien ha sido señalado por organizaciones de activistas como Hedge Clippers por encarar conflictos de interés- se enteró que todavía poseía acciones de Banco Santander que pertenecían a un programa de compensación vinculado a su anterior empleo en el banco. Esto, al recibir un dividendo anual por estas participaciones remitido por BNY Mellon.

Según la anotación de Bonime Blanc, aunque no le fue requerido por los abogados de ética del Departamento del Tesoro, que evaluó a los candidatos a la JSF, García vendió sus acciones en Banco Santander antes de ser nombrado como director del ente federal a mediados del 2016.

Tras conocer del remanente de acciones en su poder, reza la narrativa, García ordenó la venta de tales acciones y enmendó el informe que radicó en el año 2016, para actualizar el valor de tales acciones. La modificación indica que el valor tales acciones rondaba entre $15,001 y $50,000.

Activistas, líderes sindicales y políticos han exigido la salida de García del organismo federal, señalando que Santander ha sido parte del colapso financiero del gobierno al estructurar millones de dólares en bonos. García fue parte de Santander antes y después de fungir como presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para enero de 2009.

Informes incompletos

Según los informes, durante el tercer trimestre del 2017, Sobrino y tampoco Biggs, González, el juez González, Skeel, así como El Khoury, Jaresko y Zamot no vendieron o compraron activos.

Aparte de García, los directivos Carrión y Matosantos reportaron tanto venta como compra de activos, particularmente, transacciones de valores en fondos de inversiones, productos de inversiones sujetos a índices accionarios y compañías públicas.

Carrión divulgó las transacciones efectuadas, pero no sus cuantías. Matosantos registró sobre una veintena de transacciones que fluctuaron entre $1,001 y $15,000 cada una.

Cuestionan la labor de Bonime Blanc

El pasado 1 de diciembre, la organización Espacios Abiertos que sigue el tracto del deber de divulgación de la JSF escribió a Jaresko, señalando que el desempeño de Bonime Blanc al evaluar los informes de los oficiales del organismo federal “contradicen” las guías establecidas bajo la ley federal de Ética en el Gobierno, el estatuto que se incorporó como referencia en Promesa, cuando se exigió a los directivos y oficiales de la JSF divulgar si situación financiera personal.

La organización sostuvo que la revisión efectuada por la oficial de ética de la JSF es “suave y complaciente”, al aceptar informes consistentemente incompletos.

Según Espacios Abiertos, la JSF no cumple con la ley federal y tampoco con su propio reglamento y código de conducta.

“Cumplir con la sección 109 (de la ley de Ética en el Gobierno) no es un asunto de elección para la Junta, pero un imperativo legal de adherencia estricta para todos los miembros y el personal (de la junta) presente y pasado”, reza la carta que Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, envió a su homóloga en la JSF.

En la carta, Blondet ejemplifica la deficiencia en el proceso de divulgación financiera en la JSF, al señalar que el representante del gobierno ante la JSF, Elías Sanchez, tenía una relación de negocios con Puma Energy, empresa que obtuvo un contrato por $300 millones con el gobierno para el mismo momento en que Sánchez dejó su cargo.

“El señor Sánchez renunció a la junta y sus intereses financieros mientras fue miembro de la junta continúan siendo un misterio”, indicó Blondet en la misiva al agregar que la JSF también ha incumplido al no obligar a sus pasados directivos u oficiales presentar un informe de intereses financieros a su salida del cargo.


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