Del total de querellas, 129 ya han sido resueltas en procesos de mediación. (GFR Media) (horizontal-x3)
Del total de querellas, 129 ya han sido resueltas en procesos de mediación. (GFR Media)

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)  ha recibido más de 350 querellas relacionadas al consumo de generadores eléctricos en los pasados siete meses, después del paso del huracán María.

Así lo indicó hoy el licenciado Edan Rivera Rodríguez, ayudante especial del secretario del DACO, Michael Pierluisi, durante una vista pública que celebró una comisión de la Cámara de Representantes, para evaluar un proyecto de ley que propone protecciones para los consumidores de generadores eléctricos.

“El aumento en la demanda de este tipo de productos, como era de esperarse, provocó, a su vez, un aumento dramático en las querellas presentadas ante el departamento por transacciones relacionadas a la compra y venta de generadores eléctricos. Al presente se han presentado más de 350 querellas por este concepto”, sostuvo Rivera Rodríguez.

En un aparte con la prensa, el funcionario dijo que de ese total, 129 ya han sido resueltas en procesos de mediación, que incluye opciones desde la devolución del dinero hasta el cambio del generador por uno nuevo.

Sin embargo, Rivera Rodríguez no pudo precisar el estado en que se encuentran las demás querellas ni la cantidad específica de multas que el DACO ha emitido a los vendedores de generadores eléctricos.

Durante la vista, dijo que el DACO respalda la medida en discusión por entender que provee las herramientas que necesita la agencia para atender problemáticas que han proliferado por el aumento en el volumen de venta de generadores tras el huracán María.

La versión de la “ley limón” para generadores eléctricos busca una mayor protección de los consumidores.

El Proyecto de la Cámara 1297, radicado en octubre pasado, propone establecer garantías mínimas de los generadores eléctricos que se vendan en Puerto Rico y obligaciones de reparación para los vendedores.

También establece una “causa de acción a los consumidores” cuando entiendan que el vendedor tuvo la oportunidad de reparar los defectos del generador.

Además, provee “varias salvaguardas” para los consumidores cuando una planta vaya a ser reparada bajo la garantía, pues el vendedor tendrá que proveer un documento que especifique la fecha de ingreso al taller y los supuestos defectos. Mientras, dispone que el consumidor tendrá que aprobar por escrito arreglos que no estén en garantía, de manera que no se produzcan cargos sin autorización.

“Si el vendedor entiende que la reparación de generadores eléctricos no está cubierta por la garantía, debe justificar y entregar al consumidor por escrito las razones específicas”, sostuvo Rivera Rodríguez. “El vendedor tiene el peso de la prueba para demostrar que la reparación no está cubierta por la garantía”.

No obstante, el funcionario resaltó que la principal protección surgirá del reglamento que hará la agencia y, más aún, del “Registro de Fabricantes, Distribuidores, Agentes de Servicios Autorizados y Vendedores de Generadores Eléctricos” que el DACO tendrá que crear si se convierte en ley.

“Como parte de los requisitos para ser inscritos en el registro, los vendedores de plantas eléctricas tienen que presentar una fianza anual de $50,000”, explicó Rivera Rodríguez.

Señaló que entre las ventajas del registro se encuentra que el DACO podrá responder mejor a las querellas, velar que cumplan con los requisitos y en caso de que el comerciante no responda, usar la fianza para atender las quejas de los consumidores en caso de que proceda el reclamo.

Dos compañías vendedoras de generadores, Bella Group y Power Sports Warehouse, no contestaron a la citación para la vista, según dijo el representante Jorge Navarro, quien presidió la vista.

Mientras, el Departamento de Justicia fue excusado y quedó en enviar una ponencia por escrito.

Navarro dijo que esta medida sería el equivalente a la “Ley de Garantías de Vehículos de Motor”, conocida popularmente como la “ley limón”.

“Es un tipo de ley limón, porque aquí lo que hacemos es ordenar la industria de las plantas eléctricas, porque no hay los parámetros. Actualmente se dejan lleva por la ley de contratos y no profundiza en lo que son los tipos de reparación, cuántas veces se puede reparar por el mismo defecto”, dijo Navarro.

“Aquí se clarifica, se establecen garantías y se evita que cualquiera se vaya a vender a la calle a venderte plantas y cuando no te funcione, nadie te responda”, afirmó el legislador, quien espera que baje a votación a finales de este mes o principios de mayo y que espera contar con el apoyo del Senado para que luego se convierta en ley.


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