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En noviembre pasado, a un mes de presentada la medida, medios cibernéticos documentaron que Uber estaba activa reclutando potenciales conductores en ciudades como San Juan, Ponce y Aguadilla.

¿Qué hace Puerto Rico cuando una compañía tecnológica con más de $2,000 millones disponibles para invertir pone los ojos en su mercado? Espantarla, aunque con ello pierda la inyección de capital y los empleos que acarrea la llegada de Uber a cualquier destino.

Así analizó Ramphis Castro, director del Founder Institute NYC, con sede en el epicentro de la innovación Silicon Valley, las reacciones locales ante el interés de la startup más cotizada del mundo.

Uber -que mediante una aplicación móvil conecta a personas que necesitan llegar a algún lugar con otras que tienen vehículo y tiempo disponible para transportarlas- publicó a mediados de 2014 la apertura de una plaza ejecutiva para lanzar el servicio en la Isla. Y en Puerto Rico, ardió Troya. 

Los taxistas hicieron un paro en contra de la mera posibilidad de que operara aquí el servicio.

De inmediato,  Juan De León, presidente de la Federación de Taxistas, y quien no estuvo disponible para Negocios, alegó que sería competencia desleal para la industria que consideran suya.

“Veremos otros intereses buscando oportunidades en esta  frágil economía, pero esta, tu Asociación (de Taxis), velará por nuestros intereses y daremos la lucha”, lee también un boletín publicado por la Asociación de Taxis Turísticos  en su página oficial en Facebook.

  “A los legisladores, que recuerden que no le daremos paso a ninguna legislación que atente contra nuestros intereses, que estamos pendientes”, continúa el boletín.

Esta postura hizo eco en el Capitolio. En octubre de 2014, el senador Antonio Fas Alzamora  sometió el Proyecto del Senado 1209,  con el fin de crear la Ley de Empresas del Transporte Mediante la Red y Aplicaciones Móviles.

El proyecto fue derrotado  por el pleno del Senado en marzo de 2015,  y aunque podría volver a someterse en esta sesión legislativa, todo apunta a que no pasó bajo el radar de Uber.

En noviembre pasado, a un mes de presentada la medida, medios cibernéticos documentaron que Uber estaba activa reclutando potenciales conductores en ciudades como San Juan, Ponce y Aguadilla.

Derrota para la economía. Sin embargo, casi 10 meses después, no se ha asomado por estos lares. Y, para Castro, esa es la más contundente muestra de que, por el momento ha desistido, porque la startup  suele concretar sus lanzamientos en una ventana de seis semanas.

Lorena Villarreal, portavoz de Uber para América Latina, respondió a una solicitud de entrevista de Negocios con una declaración en la que indicó que “en estos momentos no tenemos planes de lanzar Uber en Puerto Rico”.

En la misma línea, la competidora Lyft, que ofrece un servicio similar en 65 ciudades en Estados Unidos, comunicó que “aunque Puerto Rico sería un tremendo sitio para Lyft, al momento no hemos hecho plan alguno para lanzar el servicio allí”. 

Tal desinterés, a juicio de Castro, está lejos de ser  una “victoria” para los transportistas. Por el contrario, lo ve como una indicador nefasto para Puerto Rico, cuyas voces oficiales insisten en la necesidad de revitalizar la economía para poder pagar la voluminosa deuda pública de $72,000 millones. 

“Esto no se trata de taxistas versus Uber. Esto es sobre innovación versus statu quo, sobre si queremos el Puerto Rico que tenemos o el  que podríamos tener”, puntualizó Castro.

“Puerto Rico no se proyecta globalmente como un ambiente para probar ideas nuevas”, sostuvo el también ingeniero de computación.

En gran medida, indicó, esto responde a capas de reglamentación y legislación, creadas para condiciones ya añejas del siglo XX y que hoy sirven como suficiente disuasivo para que compañías ágiles decidan “invertir sus millones en otro lado, en un ambiente que les fomente crecer”.

“Del lado del desarrollo económico, la prioridad más importante que debes tener como país ya no es promover un buen ambiente para hacer negocios. Eso es el pasado. Quieres fomentar un ambiente de innovación, de probar ideas”, planteó Castro, quien hasta hace poco fungió como asesor tecnológico del presidente del Senado. 

Las trabas salen caras

“Tienes que abrir el espacio para, por lo menos, experimentar. Puedes hacer un plan piloto y probar. Y puede que no funcione, porque eso pasa, pero ya ese dinero de inversión se puso a correr en la economía”, prosiguió sobre la visión con la que se han alineado ciudades como Nueva York, Tel Aviv y Londres, para posicionarse como centros de emprendimiento tecnológico.

No es para menos, cuando se toma en cuenta que cerrarle el paso a las startups equivale a dar la espalda a la realidad de que las firmas de capital de riesgo, de abril a mayo de 2015, invirtieron $32,000 millones en este tipo de empresas en todo el mundo,  según el más reciente estudio de CB Insights y KPMG.

Entretanto, en Puerto Rico,  la falta de apertura a ideas nuevas se hizo patente con Uber Technologies, que The Wall Street Journal coloca  como puntero en su lista de startups, con una valoración estimada en $51,000 millones.

Innovar es la mejor defensa.  Por su parte, Giancarlo González,  quien hasta junio pasado laboró como   principal oficial tecnológico (CIO) del gobierno, planteó que la reevaluación de la medida de Fas Alzamora tiene que hacerse desde la perspectiva de lo que la ciudadanía y la economía necesitan,  en vez de limitarse a proteger a sectores interesados.

“El gobierno tiene la siguiente pregunta que responder cuando analice nuevamente este proyecto: ¿Qué tipo de empresas quiere fomentar?  Vamos a fomentar las que agreguen valor y proveen mejor servicio. La respuesta no es ir en reversa evitando la entrada de nuevos servicios”,  lanzó como desafío.

 “¿Por qué los taxis en Puerto Rico no tienen una aplicación móvil? ¿Para cuándo la van a tener? En México, por ejemplo, fueron los propios taxistas quienes lanzaron la aplicación Yaxi.mx, facilitando solicitud de servicio, monitoreo por GPS y estimado de llegada”, comparó el también empresario tecnológico.

“Si la industria revisa el sistema propio de ellos para mejorarlo, no importa si Uber u otro llega a Puerto Rico, porque el buen servicio siempre está en demanda”, aseguró.

Con esto coincidió Castro: “Los taxistas pueden innovar sin esperar a que llegue o no Uber. Tienen que dar el servicio que pide el consumidor. En vez de estar en filas en el aeropuerto, podrían estar moviendo gente de punto A a punto B y generando ingreso”.

Como ejemplo concreto, ofreció la aplicación Hailo en Irlanda, lanzada por los choferes de ese país, que tanto se observa desde Puerto Rico como modelo económico.

“Hailo es hasta más popular que Uber”, destacó.

Hora de repensar

Mientras, el senador Ángel Rosa, presidente de la Comisión de Gobierno, adelantó que el proyecto de su correligionario Fas Alzamora supone una oportunidad para “repensar las ofertas de transporte terrestre como un todo”, en especial fuera del área metro.

Planteó que, aunque ve “razonable” la inquietud de que nuevos métodos de transporte hagan daño a un industria que ya está establecida y genera empleos, “es evidente que el servicio de transporte terrestre en Pueroto Rico es deficiente”.

“Tenemos como la primera reacción el proteccionismo. Y lo que hacemos es limitar las opciones al consumidor. La política pública tampoco puede ampararse en proteger servicios que cada día son menos”, agregó sobre la realidad de que los porteadores públicos están en peligro de extinción; y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) en continua crisis. 

Mientras, Tomás Ramírez, presidente de la Asociación de Paradores, catalogó de imperiosa la necesidad  de diversificar. fuera del área metro y del Yunque, las opciones de transporte para turistas del patio y para los extranjeros, que aportan dinero nuevo a la economía. 

“Pocos taxistas quieren ir de San Juan a Cabo Rojo. Una persona que llega tiene que esperar más de dos horas para que la atienda, además de que es muy costoso, de $175 a $200. Cualquier otro servicio que podamos añadir,  que sea efectivo y seguro, va a ser bienvenido”, indicó el propietario del parador Combate Beach.

Por su parte, González, quien activamente se opuso al proyecto 1209, criticó que las compañías existentes muevan fichas políticas para procurar “protecciones legales que impidan la mejoría a un servicio”.

“Uber, entre otros, ofrece una alternativa. Además, podría ser una manera para que personas sin trabajo generen ingreso”, destacó Rosa, quien ve con buenos ojos la competencia, siempre que sea “justa”.

Qué dicela ley

No obstante, las protestas y la amenaza de legislación adversa no son las únicas trabas para  que las innovaciones del transporte como Uber, SideCar o Lyft se aventuren al terreno boricua.

De hecho, al amparo del estado de derecho actual,  ni siquiera es necesario legislar para supervisarlas de forma particular, afirmó el presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), Omar Negrón.

 Eso responde a que, para Negrón, está clarísimo que estos servicios estarían sujetos a la reglamentación y las leyes ya existentes.

“Es sencillo, si cobra por el servicio, tiene que sacar primero el permiso”, resumió.

“Está fantástico, y ojalá llegara  para cubrir las necesidades.  Ahora bien, Uber como compañía tendría que hacerse concesionario. Es una  compañía de taxi y punto. Adicional a esto, los vehículos que dan el servicio tendrían que venir a la CSP y pasar una inspección. Cada conductor tendría que sacar la licencia de operador”, detalló el funcionario.

Igualmente, si parte del plan es recoger o llevar personas a aeropuertos y zonas turísticas, tendrían que pasar por el proceso similar de la Compañía de Turismo, que regula los taxis turísticos y las guaguas de excursiones.

De lo contrario, “Uber se expondría a multas y  las personas que estén dando el servicio también”.

Estos procesos se explican en pocos minutos, pero completarlos toma un mínimo  de 30 a 60 días y requieren múltiples visitas a las agencias concernidas, porque es muy poco lo que se puede adelantar de forma remota o por internet.

“Creo que el gobierno en general debe buscar la manera de agilizar todo lo que pueda. Es parte esencial de lo que recomienda todo el mundo para fomentar el desarrollo económico”, reconoció Negrón.

Sin embargo, recalcó que mientras tanto su deber es hacer cumplir las leyes, como la de Procedimiento Administativo Uniforme (LPAU).

Ese estatuto requiere que toda solicitud de licencia de la CSP se publique en un edicto. Tras la publicación, hay que esperar 15 días para que partes interesadas indiquen si están opuestas o no.

Si hay oposición -y Negrón da por sentado que la habrá- se pauta una vista pública para dirimir la controversia.

Antes de esta audiencia, el solicitante también tiene que demostrar que dará un servicio necesario y conveniente, presentando endosos de potenciales clientes.

Además, los potenciales operadores tienen que tomar un curso que toma menos de una hora y que hace un mes la CSP comenzó a ofrecer por internet. Luego, debe pedir un turno para ir a tomar la prueba a una de las oficinas de la CSP, entre otros trámites.

Pero, si un conductor tuvo que pasar un examen práctico, cumple con las leyes para no perder su licencia y tiene sus seguros al día, como exige Uber,  ¿por qué tiene que sacar otra licencia especial para poder llevar a pasajeros incidentales ensu propio carro?

“Esto es una agencia que busca la seguridad. Inspeccionamos los frenos, las gomas, el estado del vehículo... Y nos aseguramos que el conductor tenga los conocimientos, que no es un conductor que está a lo loco por ahí”, expuso Negrón.

El caso de Tu Pon

Como ejemplo de cómo los permisos existentes pueden aplicarse  a ideas aún sin probar, Negrón mencionó la reciente propuesta del ingeniero  Carlos Pesquera, Tu Pon.

Pesquera propuso crear un servicio que conectara a los pasajeros del Tren Urbano con su destino final, mediante una aplicación móvil, y que además nutriera con más tráfico al sistema, cuya construcción costó $2,250 millones y sirve a menos de 40,000 usuarios en días laborales.

 Un estudiante que reside en Puerto Nuevo podría solicitar el pon hasta la estación de la Martínez Nadal o de Las Lomas y tomar el tren hasta su universidad, como el Recinto de Río PIedras o la Metropolitana. Más tarde, podría ira a un evento nocturno, sin preocuparse por cómo volver a casa.

“Hay un sinnúmero de personas que usarían el tren si tienen certeza de que tienen cómo llegar a tiempo a su destino”, indicó Pesquera en entrevista separada.

“Cuando hice mi análisis, entendí que estaba dentro de las reglas de la CSP y me sometí de forma transparente a todo el proceso”, aseguró sobre la propuesta que, desde el arranque, habría empleado a unas 40 personas.

El exsecretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP) presentó los endosos y todo lo que se le solicitó para obtener la licencia de concesionario y 32 permisos para operadores.

Luego de pasado todo el proceso, que incluyó la oposición de taxistas que no laboran en los predios del Tren Urbano, “la mayoría de los  comisionados lo archivaron, porque condicionaron la autorización a que la compañía Tu Pon tuviera un endoso de ATI (Autoridad de Transporte Integrado)”, recordó Negrón.

Ese endoso no llegó.

“No estuve de acuerdo con esa decisión, porque entendía que el proyecto cumplió con todos los requisitos y que las  instalaciones que iban a estar usando eran vías públicas”, agregó el jefe de la CSP, también exsecretario del Partido Nuevo Progresista (PNP) que presidió Pesquera.

Esa mayoría de los comisionados a la que hizo referencia fue nombrada por administraciones del Partido Popular Democrático (PPD).

 “Mi idea es buena y se debe revisitar. Pero tiene que haber un ambiente de oportunidad real. Si ATI da el aval, hago todo de nuevo”, subrayó Pesquera sobre el intento que le costó $30,000.

“Perjudicaron a los posibles usuarios. Ahora tienen el problema de qué van a hacer con Uber, si protestaron por una idea creada aquí y que cumplió con todo el proceso. Sabe Dios si los que vienen de afuera tienen cabildeo y entran por la puerta ancha”, manifestó.

La gente lo pide

Al margen de la discusión legislativa  y de las partes interesadas, el interés entre los puertorriqueños  que han usado Uber, Lyft y servicios similares en sus viajes, es innegable.

A pocos minutos de publicar en Facebook una petición de testimonios,  decenas de usuarios puertorriqueños -de aquí y de la diáspora-  compartieron sus opiniones sobre estas opciones tecnológicas en Europa y Estados Unidos.

Frases como “es un éxito” dominaron el sondeo informal.  Destacaron que aunque los precios pueden ser más baratos o caros que un taxi,  prefieren la confiabilidad de tener en el app la foto del conductor, la ruta predeterminada y la hora estimada de llegada.

El propio Ramírez, líder de los dueños de paradores,  compartió su experiencia: “Uber me ha sacado de aprietos grandes, como en una nevada que los trenes se detuvieron. El carro de Uber apareció en cinco o seis minutos”.

Solo el usuario  Rafael Medina, levantó un punto que le inquietó.

“Lo único negativo para mí fue que al chofer le llega tu solicitud junto a tu número de teléfono. De igual forma, te llega el número de teléfono del chofer”, comentó.

En días recientes, una mujer de Gran Bretaña denunció a Uber mediante Twitter  que, tras haber cancelado la petición de servicio, el conductor le dejó un mensaje de voz  en el que le gritó que le “cortaría el cuello”.  Uber  removió al chofer de su app de inmediato y abrió una investigación.

Como este, los medios noticiosos han reseñado incidentes en los que choferes de estos servicios han incluso violado a pasajeras. Sin embargo, una búsqueda rápida confirma que también han sido víctimas del crimen pasajeros de taxis licenciados y los propios taxistas.

Catalíticos

Tanto Uber como Lyft son parte de las empresas tecnológicas conocidas como disruptors, porque irrumpen en los mercados a trastocar cómo se reciben y ofrecen servicios de toda índole, en este caso, de transportación.

Por lo mismo,  su entrada a menudo enfrenta oposición de servicios ya establecidos y entes gubernamentales. En algunas jurisdicciones  de Estados Unidos, como Nevada y Oregon, se ha limitado o proscrito su operación, al igual que en países como Tailandia y España.

Conductores y gerenciales han sido incluso arrestados, acusados y multados en destinos como Francia, China y Alemania. También, en protestas violentas que han sido ampliamente reseñadas, taxistas han destrozado los autos privados de conductores de Uber.

Mientras en otros lugares, como la ciudad de Nueva York y la capital de México, la presión de los usuarios ha obligado a sus funcionarios a ser flexibles y negociar.

Con todo y  reveses, Uber se ha establecido en 311 ciudades en 58 países en cinco años, divulgó en junio su cofundador  Travis Kalanick. Su plantilla está en crecimiento, con cientos de plazas ejecutivas y operacionalesabiertas, según se observa en su portal.

A la par de esta expansión global, un millón de personas desde Singapur y Australia, hasta México y California, se ha beneficiado con la oportunidad de generar ingresos en horarios a su conveniencia. También, bajo otros productos de la compañía, taxistas y choferes profesionales agregan volumen a sus negocios. 


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