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El año pasado, John Couriel, de Kobre & Kim, dijo a la JSF -que le contrató para investigar la crisis fiscal-, que su informe estaría listo para los meses de marzo y abril pasados, pero no sucedió. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cumplió ayer con una directriz de la magistrada Judith Dein al presentar un informe acerca del trabajo que ha realizado el investigador contratado por el organismo federal para indagar sobre los factores que provocaron el colapso fiscal de Puerto Rico.

Aunque se trata de un informe parcialmente sellado, la JSF se vio obligada a rendirle cuentas a Dein, luego que el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) lograra con éxito que la magistrada examine un nuevo pedido para que ese grupo investigue por su lado el asunto, invocando la regla 2004 del Código de Quiebras.

Ayer, Dein accedió a una moción urgente radicada por la JSF, en la que el organismo federal le solicitó presentar el informe que detalla el curso de la pesquisa parcialmente sellado y limitar el acceso de las partes a los documentos recopilados. Dein colabora con la jueza Laura Taylor Swain en los casos de Título III.

“La información en los anejos está sujeta a numerosos acuerdos de confidencialidad y no divulgación, y abarcan materias que podrían impactar la integridad del proceso investigativo”, indicó la JSF al solicitar con éxito presentar el informe con partes de su contenido restringido.

El informe de la JSF no estaría disponible al público en su totalidad, e incluso, tampoco lo estaría para la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y para Popular Inc. y Grupo Santander, las primeras entidades que han sido llamadas a colaborar con la pesquisa.

Sin embargo, la decisión de Dein ha abierto la puerta, por segunda ocasión, a la posibilidad de que los acreedores que forman parte de la renegociación de las obligaciones de Puerto Rico puedan investigar si las emisiones de deuda por parte del gobierno se hicieron en cumplimiento de la ley o no.

El pasado 15 de mayo, el UCC volvió a la carga, y pidió a Dein comenzar la pesquisa a mediados de agosto si recibe su aval. El pedido del UCC se produjo luego de que en noviembre pasado, Dein denegara sin perjuicio una primera moción sobre el tema.

El primer intento

El año pasado, la JSF convenció a Dein de que su investigador independiente progresaba en la pesquisa. Alegó entonces que se trabajaba en conjunto con la Aafaf (lo que ahora, según el expediente del caso, no parece ser del todo cierto) y con el Comité Oficial de Retirados, el segundo grupo de acreedores en los casos de Título III.

Sin embargo, para el UCC, lo hecho por la firma que contrató la JSF -Kobre & Kim- dista de lo que se necesita.

El investigador contratado por la JSF, John Couriel, planteó en una audiencia pública del organismo federal el año pasado que su informe estaría listo para marzo o abril pasado, lo que no sucedió. Se indicó que el reporte estaría listo este verano y que la investigación “no era un ejercicio de señalar con el dedo” a las figuras o entidades que pudieron contribuir a la bancarrota de la isla.

“El (UCC) ha estado forzado a sentarse pacientemente en los lados por los pasados ocho meses con una visión limitada de los esfuerzos del investigador, y ahora podría estar forzado a permanecer sentado por más tiempo mientras el investigador continúa su trabajo”, reza la moción del UCC, suscrita por Luc A. Despins, principal asesor legal del UCC y socio de la firma Paul Hastings.

Enfoque distinto

Según Despins, urge que el grupo realice su propia pesquisa porque el rol del UCC en la renegociación es crítico para el proceso y distinto a lo que pretende la JSF.

En síntesis, se alega que mientras la pesquisa de la JSF se centra en identificar en qué se erró para que la situación de endeudamiento no se repita, el UCC necesita identificar “los malos actores” en la crisis de Puerto Rico y perseguir posibles acciones contra estos para que contribuyan a que los acreedores recuperen algo de lo que prestaron al gobierno o parte de la compensación que no han recibido por hacer negocios con el gobierno.

Y, según Despins, no sería la primera vez que en un proceso de bancarrota hay investigaciones paralelas. De acuerdo con la moción del UCC, en los sonados casos de Enron, Lehman Brothers, Ceasars y Refco coexistieron pesquisas dirigidas a investigar las razones del colapso y las indagaciones de los comités de acreedores, enfocadas a identificar faltas o violaciones contractuales y buscar que los señalados respondan por lo que hicieron.

Dein decidiría el nuevo pedido del UCC el próximo lunes en una vista sobre el tema.


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