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El togado no dijo por qué se optará por este procedimiento. (Archivo / GFR Media)

El abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Martin Bienenstock, adelantó esta mañana que el organismo que representa pedirá una reestructuración de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) bajo el Titulo III de la Ley Promesa.

Actualmente, bajo este estatuto, que provee un proceso de reestructuración similar a los que establece el Código de Quiebras federal, está la deuda de los bonos de Obligación General y los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante  (GO’s).

“ACT va a ser pronto un caso de Título III”, dijo el abogado ante la jueza Laura Taylor Swain durante el primer día de audiencias sobre los procedimientos de quiebra territorial que se celebran en el Tribunal Federal en Hato Rey.

El togado no dijo por qué se optará por este procedimiento, que contempla litigaciones contenciosas supervisadas por el Tribunal Federal, en lugar del procedimiento alterno que provee la Ley Promesa con negociaciones extrajudiciales (Título VI).

No obstante, Bienenstock indicó que el procedimiento de Título VI, que buscan acuerdos entre el gobierno y los bonistas sin la intervención judicial, será usado para las reestructuraciones asociadas a la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Universidad de Puerto Rico (UPR) y las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Hasta el momento solo hay acuerdos preliminares con grupos de acreedores de la AEE y el BGF.

Las expresiones del abogado se dieron al inicio de la audiencia mientras los representantes legales de la JSF discutían los obstáculos legales que se tenían en el proceso de crear un plan de ajuste de deudas. 

En esencia, este plan se supone que se elabore como parte del proceso de quiebra territorial para determinar cuánto se le pagará a cada uno de los bonistas en el proceso de reestructuración.

Entre las múltiples razones que dificultan el proceso están los reclamos de los bonistas de GO y de Cofina, cada uno con su versión sobre a quién le pertenece el dinero que se recauda del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). 

Los bonistas de Cofina, por su lado, entienden que esos recaudos le pertenecen mientras que los de GO dicen que estos ingresos forman parte de los recaudos del gobierno por lo que deben ser usados para repagarle la deuda a los bonistas de Obligación General.


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