Por datos de la agencia reguladora y de las plantas elaboradoras, se calcula que pudieran haberse afectado casi tres millones de consumidores al pagar un precio superior a lo que valía la leche fresca adulterada. (GFR Media) (semisquare-x3)
Por datos de la agencia reguladora y de las plantas elaboradoras, se calcula que pudieran haberse afectado casi tres millones de consumidores al pagar un precio superior a lo que valía la leche fresca adulterada. (GFR Media)

Mañana martes, 30 de abril, se cumplen dos décadas desde que los ciudadanos Rafael Juarbe de Jesús y José Guzmán Matías demandaron a las elaboradoras de leche fresca por adulterar el producto, añadiéndole agua y sal. Y pese a que se probó la responsabilidad, todavía falta por determinar la cuantía que se les pagará a los consumidores afectados en este pleito de clase.

Juarbe de Jesús, en entrevista con El Nuevo Día, indicó que jamás pensó que el pleito tardaría tanto en resolverse. Narró que para aquellos años, él dirigía la oficina del Ombudsman en Ponce y recibía muchas quejas de que la leche fresca se dañaba con rapidez. Sabía que los consumidores tenían razón, pues a él le pasaba lo mismo cada vez que la compraba; pero no entendía por qué ocurría eso.

En 1998, la Fiscalía federal arrestó a una treintena de ganaderos y transportistas por adulterar el producto. “Cuando me enteré de los arrestos, decidí ir a un abogado para demandar a las plantas porque vendieron la leche a los consumidores sabiendo que estaba adulterada”, dijo Juarbe de Jesús. Guzmán Matías, el otro demandante, falleció hace cinco años.

Aunque la demanda originalmente incluyó a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), al Fondo para el Fomento de la Industria Lechera, Indulac, así como a Tres Monjitas y a Suiza Dairy, al final solo quedaron las últimas dos, pues las otras nunca vendieron producto adulterado, indicó el abogado Héctor Moreno Luna, quien representa a los demandantes, junto con Domingo Donate Pérez y Marangely González. “Quien distribuyó, recibió y procesó la leche fresca adulterada fueron Suiza y Tres Monjitas”, dijo el abogado.

Explicó que para los años 1994 al 1998, según las acusaciones federales, los ganaderos se pusieron de acuerdo con los camioneros para echarle agua y sal a la leche, y así aumentar su volumen, aunque de forma artificial. De esa manera, cumplían con la cuota de producción y les pagaban más. La mayoría de la treintena de acusados se declaró culpable en la esfera federal, aunque muchos no cumplieron cárcel, sino probatoria.

El Nuevo Día pidió unas expresiones a las empresas Tres Monjitas y Suiza Dairy. José Moscoso, gerente general de Suiza Dairy actualmente, indicó que la compañía no tiene ninguna expresión que realizar, pues “este caso les compete a los pasados dueños de la compañía y como el mismo está en un litigio, en estos momentos no hay comentarios que hacer.”

Mientras, Tres Monjitas señaló que los responsables fueron procesados, y ya que el caso continúa en los tribunales, “nos abstenemos de emitir comentarios, excepto negar cualquier responsabilidad o negligencia de parte de Tres Monjitas”.

Un caso normativo

La demanda de Juarbe de Jesús y Guzmán Matías se convirtió en un pleito de clase. De hecho, es el caso normativo en el país en cuanto a la certificación de un pleito de clase de consumidores.

“Para ese tiempo, no había pleitos de clase en Puerto Rico, a pesar de que estaba la Ley 118 de 1971 para facilitar los pleitos de clase de los consumidores”, señaló Moreno Luna.

El caso no fue fácil y llegó hasta el Tribunal Supremo, el cual en el 2006 ordenó que se certificara la clase, casi siete años después de haberse radicado la demanda. El Alto Foro devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se viera en su fondo.

Se calcula, por datos de la agencia reguladora y de las plantas elaboradoras, que pudieran haberse afectado casi tres millones de consumidores al pagar un precio superior a lo que valía el producto adulterado.

La parte de la responsabilidad de que se procesó, distribuyó y vendió leche fresca adulterada se probó, mediante resolución, el 4 de agosto de 2014, según resolvió la jueza Wanda Cruz Ayala. Los demandados no apelaron, pero sí han pedido la descertificación de la clase y que no se utilice al perito económico que presentaron los demandantes, pero el tribunal se los ha denegado.

El litigio y el agotamiento de los remedios por parte de los demandados es lo que ha retrasado el caso”, respondió Moreno Luna, cuando este diario le preguntó por qué ha tardado tanto en resolverse este pleito.

El caso para determinar la cuantía está ahora en manos de la jueza Laureana Pérez Pérez. El economista Carlos Frontera, perito de los demandantes, estimó en $84 millones lo que se les adeuda a los consumidores.

Una de las formas en las que se podría indemnizar a los consumidores, según Moreno Luna, es mediante una rebaja uniforme en el precio de la leche fresca por determinado tiempo. Otra opción puede ser a través de un cupón que se pegue al litro o galón, el cual conceda un crédito en la próxima compra.

La fecha del juicio para determinar la cuantía se pautó para agosto de este año.


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