Antonio Weiss es consejero del secretario del Tesoro. (semisquare-x3)
Antonio Weiss es consejero del secretario del Tesoro. (Xavier J. Araújo Berríos)

Uno de los principales artífices de la ley federal Promesa, Antonio Weiss, junto a su otrora colega y actual economista del Consejo en Relación Exteriores, Brad W. Setser, y el académico residente del American Enterprise Institute (AEI), Desmond Lachman, desinflaron este lunes el acuerdo de reestructuración que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha pactado con varios bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante y las aseguradoras municipales que garantizan dicha deuda.

Según Weiss, otrora consejero del secretario del Tesoro, Jacob Lew, bajo la presidencia de Barack Obama, Setser y Lachmond, la historia está manchada de ejemplos de malos ejercicios de reestructuración que resultaron “en grandes costes económicos y humanos” y el acuerdo de Cofina debe estar en esa lista.

“Este (acuerdo) endilga a Puerto Rico con pagos que se intensifican por los próximos 20 años, aun cuando la economía se ha desplomado por una década”, dijeron el banquero de inversiones y los economistas en un artículo de opinión publicado por el servicio especializado Bloomberg.

Según los expertos, el acuerdo de Cofina también sienta “un precedente peligroso” de cara al resto del proceso de reestructuración de la deuda de la isla.

“Si el gobierno de Puerto Rico y la JSF creada por el Congreso acuerdan términos similares con los acreedores que poseen bonos de Obligaciones Generales, solo será cuestión de tiempo antes de que el gobierno esté forzado a entrar en impago nuevamente o cortar los pagos de pensiones públicas de los cuales dependen más de 325,000 trabajadores”, dijeron Weiss, Setser, Lachmond.

No es la primera vez que los tres expertos en procesos de reestructuración se expresan acerca de la reestructuración de la deuda.

En abril pasado, el trío publicó una columna en Bloomberg en la que advirtieron que las proyecciones optimistas acerca de la actividad económica de la isla como resultado del proceso de recuperación luego del huracán María, solo opacaban el impacto del programa de austeridad que ha establecido la JSF y el hecho de que los fondos para la recuperación se agotarán.

En principio, el plan fiscal certificado por la JSF el año pasado, de acuerdo con Weiss, Setser y Lachmond, contemplaba que el servicio a la deuda representaría unos 25 centavos de dólar. Luego del huracán María, considerando la inyección de fondos federales que se asignaría a la isla, el organismo federal y el gobierno ajustaron el servicio a la deuda a unos 40 centavos de dólar.

“Cualquiera que dude de las consecuencias adversas de las evaluaciones irrealistas de la capacidad de pago podrían pagar a la lamentable experiencia de Grecia”, reza la opinión de Weiss, Setser y Lachmond, al indicar que una década después, el país heleno está peor y que necesitará otra reestructuración.

Según los economistas, el acuerdo de Cofina parece traer igual calamidades para Puerto Rico. Esto, porque durante los primeros años del servicio a la deuda de ese emisor una vez estructurada, los pagos a los bonistas son más bajos, pero luego casi se duplican, pues la negociación contempla emitir bonos de apreciación de capital, descritos por los autores como “traicioneros”, habida cuenta que estos acumulan valor y pago de intereses antes de ser pagados.

El acuerdo es tan negativo que, según Weiss, Setser y Lachmond, al cabo de 20 años, los contribuyentes puertorriqueños pagarán en el servicio a la deuda de Cofina un pago que al analizarse considerando el peso de la deuda en relación a los ingresos al fisco, esta relación incluso sería más alta que el estado promedio.

Hace poco más de un mes, El Nuevo Día reseñó que la JSF avanzaba en sus negociaciones con los bonistas y la información provista en ese momento, dejaba a la luz que -aunque se trata de planes fiscales diferentes- los acuerdos pactados en Cofina, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) casi igualaban el servicio a la deuda contemplado en el plan fiscal para el gobierno central.

“Con la capacidad limitada de pago de Puerto Rico, mostrar generosidad a un grupo de acreedores necesariamente reduce lo que el gobierno central podrá ofrecer razonablemente a otros bonistas y reclamantes. La sostenibilidad de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico necesita analizarse de manera abarcadora, no mirando estrechamente a cada pieza de un rompecabezas más grande”, dijeron Weiss, Setser y Lachmond, al subrayar que esperaban que los miembros de la JSF no hubieran cambiado de estrategia ante el vencimiento de sus términos en junio del 2019.


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