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Exploran los beneficios de las leyes 20 y 22 para la arquitectura (horizontal-x3)
Kevin González, analista de la firma Estudios Técnicos. (Alvin J. Báez / Especial para GFR Media)

Río Grande - Las leyes 20 y 22 no son la panacea, pero son herramientas eficaces y de alto potencial para inyectar nuevo dinero a la economía y diversificar las oportunidades de negocio para arquitectos y arquitectos paisajistas que residen aquí o que están en busca de cómo retornar a vivir en Puerto Rico.

Esa fue la principal conclusión de un conversatorio sobre ambos estatutos que formó parte de la Convención del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAPPR), que arrancó ayer bajo el lema “Con las botas puestas: Arquitectura y paisaje como entes de desarrollo económico”.

“En Puerto Rico se ha perdido mucho capital”, contextualizó Silvio López, vicepresidente senior de Popular Mortgage, al comentar sobre el efecto acumulativo de las caídas bursátiles, el desplome de los bonos locales y la extensa contracción económica.

“Y para lograr crecimiento económico, hay que inyectarle capital a la economía”, sintetizó.

A su juicio, la Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios es una vía importante para ofrecer servicios de arquitectura, diseño y consultorías relacionadas a clientes en el exterior que, a la vez, nivela el terreno de juego para los locales respecto a las firmas extranjeras, porque ofrece los mismos beneficios a ambos grupos.

López participó en el conversatorio sobre cómo estos dos estatutos inciden en los profesionales de la arquitectura y el paisajismo junto a representantes de la Compañía de Fomento Industrial (conocida como Pridco) y de la firma Estudios Técnicos.

“Sabemos que ustedes, los arquitectos, son un ejemplo de un mercado altamente competitivo. La Ley 20 les permite viabilizar de forma más fácil la transición a nuevos mercados”, planteó, por su parte, Kevin González, analista de la firma Estudios Técnicos. Esto responde a que muchos han cursado estudios en Puerto Rico y Estados Unidos, y cuentan con licencias o certificaciones que los califican para ejercer en otros mercados. Armados con un decreto de Ley 20, pueden ofrecer calidad a precios más competitivos que firmas en mercados más costosos de Estados Unidos, como la ciudad de Nueva York.

A su vez, Erika Medina, oficial de Desarrollo de Negocios de Pridco, aclaró que para solicitar un decreto al amparo de ese estatuto “no tienen que salir a contratar un bufete e invertir un montón de dinero en la consultoría del proceso”.

“El inicio es sumamente sencillo. Los formularios están en internet y pueden iniciar su solicitud”, subrayó. Medina invitó a los presentes a replantearse sus modelos negocios de tal forma que puedan no solo buscar clientes fuera de Puerto Rico para exportarles sus servicios, sino también llegar a acuerdos con firmas que puedan interesarse en subcontratarlos o en hacer negocios conjuntos.

“De mis amistades, un dato supercurioso es que en la compañía BIG Architecture en Nueva York, tres personas graduadas de universidades de Puerto Rico, entre la Poli (en referencia ala Politécnica) y la Iupi (Universidad de Puerto Rico en Río Piedras) trabajan allí”, compartió como ejemplo de las conexiones que pueden aprovechar los integrantes del gremio.

“Y siendo una compañía escandinava, solo hay un escandinavo y fue graduado de la Poli”, destacó.

“Es encontrar esas oportunidades. De los que estudiaron fuera, ¿dónde están sus compañeros de clase?, ¿dónde trabajan?”, recomendó.

Durante el debate, los panelistas también procuraron aclarar falsas nociones sobre la Ley 22 para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico.

En particular, López sostuvo que es un mito que el grupo de la Ley 22 esté compuesto únicamente de los “súper millonarios” que pagan cero impuestos. Incluso, destacó que siempre ha habido personas de altísimo caudal que cuando ven una oportunidad en Puerto Rico la toman, sin necesidad de incentivos. Como ejemplo reciente, dijo que una residencia en Dorado, “de 16,000 pies cuadrados, que parece más bien un hotel”, fue vendida en $14.1 millones a alguien que la vio y le gustó, sin ser recipiente de la Ley 22.

Aclaró, además, que quienes sí están acogidos aportan al fisco en otros renglones fuera de la exención de 100% que reciben sobre ingresos pasivos como dividendos, ganancias de capital a largo plazo e intereses.

“Aunque es una exención, amplía la base contributiva, porque hay otros impuestos sobre salarios, propiedad y consumo que el Gobierno sí recauda”, afirmó.

Entretanto, González sugirió que la Ley 22 sirve para recuperar profesionales que pierde el País debido a la migración. Aunque solo 10% de los 400,000 habitantes que ha perdido Puerto Rico entre 2010 y 2016 tenían grados profesionales, González planteó que la partida de médicos con especialidades infrecuentes es problemática si, por ejemplo, se van cuatro neurocirujanos y solo había ocho.

“El principal problema que tiene este País es la pérdida de población, ese es el más sustantivo para nuestra economía”, sentenció.

Tanto Colón como González presentaron cifras del estudio hecho por Estudios Técnicos, actualizado con cifras de 2016, de cómo a grandes rasgos estas leyes han impactado la economía desde 2012. En el atribulado sector de bienes raíces, que toca la práctica de la arquitectura y el paisajismo, estos grupos pagan $13.3 millones en renta y han adquirido inmuebles por $330.3 millones, con un valor promedio de $2.3 millones.

Por su parte, la presidenta del CAAPPR, la arquitecta Ivonne M. Marcial Vega, celebró el apoyo a la convención, con más de 280 registrados y una amplia gama de exhibidores.

Destacó la participación del senador José Vargas Vidot, quien ofreció una charla sobre cómo incide la arquitectura en la política pública y las oportunidad de promover legislación por la vía de petición ciudadana.

“Hay que escuchar, no es llegar a los sitios y plantar bandera. Fue una charla tremenda”, expresó Marcial Vega.

Tras la intervención del senador, los asistentes se dividieron en grupos para discutir propuestas para legislación sobre temas que atañen a su gremio y a la comunidad.


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