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Assured y FGIC aseguran que la JSF no cumple con sus deberes y que un plan de ajuste que sea cónsono con el documento recién certificado no podría ser confirmado a la luz del estado de derecho vigente. (GFR Media)

Al alegar que el impago de Puerto Rico les ha costado unos $778 millones de manera directa, Assured Guaranty y Financial Guaranty Insurance Company (FGIC) acudieron nuevamente a la corte para plantear a la jueza Laura Taylor Swain que el proceso de renegociación de la deuda que impulsan el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) descansa en un plan fiscal que no cumple con la ley federal Promesa.

Esta semana, luego que el año pasado retirara una demanda similar por el paso del huracán María, Assured envió al despacho de la jueza que preside los casos de Título III un nuevo proceso adversativo en el que pide que se declare inconstitucional el nuevo plan fiscal certificado, al tiempo que destaca que el propio organismo federal concluyó que el presupuesto sugerido por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares es contrario al plan certificado.

Asimismo, Assured y FGIC aseguran que la JSF no cumple con sus deberes y que un plan de ajuste que sea cónsono con el documento recién certificado no podría ser confirmado a la luz del estado de derecho vigente.

“Los demandantes buscan una sentencia declaratoria del plan fiscal revisado como ilegal e inconstitucional y que declare que la JSF no puede usar el plan fiscal revisado como base para proponer un plan de ajuste en el caso de Título III del gobierno”, reza el recurso incoado por Assured y FGIC.

Lluvia de demandas

Este es el primer proceso adversativo que encara Puerto Rico desde que la JSF certificó en abril un plan fiscal revisado como secuela de los estragos del huracán María en Puerto Rico. El recurso sería aproximadamente el número 47 entre los procesos adversativos radicados contra el gobierno desde que se invocaron las protecciones del Título III hace un año.

Aun con la suspensión de litigios que provee Promesa y según el inventario de demandas en contra del organismo federal que no están relacionadas con Título III, el reclamo se uniría a sobre 75 disputas que la JSF y por ende, Puerto Rico, encara en los tribunales.

El recurso incoado por Assured en el foro judicial federal se produce mientras el gobierno y la JSF prefirieron evitar un litigio, al acordar la asignación de más fondos a la Oficina del Gobernador y no tocar el presupuesto de la Legislatura a cambio de derogar la Ley 80 de 1976 que provee protecciones a los trabajadores en caso de un despido injustificado.

Plagado de violaciones

“Por meses, hemos pedido al gobierno y la JSF negociaciones abiertas y constructivas con los acreedores y partes interesadas, pero en su lugar han producido un plan fiscal contrario a la ley, sin comentarios de los acreedores, indicando que ellos prefieren litigar a involucrarse en negociaciones significativas para desarrollar una solución realista”, indicó en declaraciones escritas el principal oficial ejecutivo de Assured, Dominic J. Frederico.

Según la aseguradora, que a la fecha del recurso había pagado unos $616 millones en reclamaciones por bonos en impago, el plan fiscal revisado reserva unos $1,500 millones para el pago de litigios sin proveer servicio a la deuda. Aparte de asegurar deuda de Puerto Rico, la aseguradora posee bonos de la isla, particularmente bonos de Obligación General y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

FGIC, por su parte, habría pagado en reclamaciones unos $162 millones.

Para Assured, el plan fiscal revisado está plagado de ilegalidades, desde permitir que el gobierno haya consolidado y utilizado activos que pertenecerían a emisores distintos de deuda –lo que estaría impedido por Promesa– hasta no definir lo que son servicios esenciales, un ejercicio que no es requerido, según ha dicho la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

El gobierno objeta investigar la deuda

Mientras Assured y FGIC reviven los cuestionamientos en torno al plan fiscal, estas aseguradoras, así como otros grupos de bonistas, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y los comités de acreedores (UCC, en inglés) y retirados (COR) que intervienen en los casos de Título III mantienen todavía una batalla legal por acceder a los documentos, estudios y modelos que dieron pie al plan fiscal certificado en marzo de 2017.

En esencia, los acreedores alegan desde hace un año que el gobierno y la JSF han hecho todo lo posible para impedir que los bonistas conozcan cómo el organismo federal concluyó que Puerto Rico no tiene dinero para pagarles. La JSF y el gobierno alegan, en términos generales, que los bonistas solo buscan información para utilizarla en contra de Puerto Rico en los litigios.

Ahora, la controversia por obtener información también incluye la petición renovada que ha hecho el UCC para investigar las razones que produjeron el colapso financiero del gobierno. En noviembre del año pasado, la jueza Swain denegó el pedido del UCC, señalando que la JSF ya conducía una pesquisa en el tema y que lo adecuado era aunar esfuerzos y que la JSF debía compartir su trabajo investigativo con los comités de acreedores.

Pero, según el UCC y el COR, urge que ambos organismos conduzcan tal investigación, pues a la fecha el trabajo realizado por la JSF ha sido tardío e insuficiente. Como prueba, los comités exponen que a la fecha, la única parte que no se ha puesto de acuerdo con el investigador de la JSF para suministrar información y documentos a la pesquisa ha sido precisamente el gobierno.

En una moción radicada este miércoles, la Aafaf negó los señalamientos e insistió en que el pedido de investigación de los comités de acreedores continúa a destiempo. La agencia explicó que no ha provisto información a los investigadores de la JSF porque todavía requiere que las diversas agencias del gobierno así lo permitan mediante acuerdos de confidencialidad.


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