La aseguradora instó a la Junta a que aproveche esta coyuntura para “reiniciar” su relación con los acreedores. (horizontal-x3)
La aseguradora instó a la Junta a que aproveche esta coyuntura para “reiniciar” su relación con los acreedores.

La aseguradora municipal Assured Guaranty, que garantiza la mayor parte de la deuda asegurada emitida por el Gobierno, determinó retirar la demanda que presentó en mayo pasado, luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidiera el Título III de la ley federal PROMESA para el gobierno central.

Assured, que respalda poco más de $5,000 millones de la deuda emitida por varias entidades públicas de Puerto Rico, se proponía desbancar el plan fiscal por entender que se trata un programa contrario a PROMESA y al estado de derecho en la isla. No obstante, cerca de la medianoche del viernes pasado, el asegurador desistió de la acción legal, invocando su derecho a regresar al foro judicial si lo cree necesario.

“Aunque continuamos creyendo que el plan fiscal es ilegal, hemos determinado voluntariamente retirar nuestra querella sin perjuicio en este momento debido a la crisis que ha surgido como secuela del huracán María y la alta probabilidad de que el plan fiscal tenga que ser revisado”, indicó Dominic Frederico, presidente y principal oficial ejecutivo de Assured.

“Este no es el momento para estar discutiendo estas controversias, cuando los residentes de la isla están sufriendo”, sostuvo Frederico, al tiempo que señaló que el enfoque actual debe permanecer en proveer alivio y ayudar a la restauración de Puerto Rico.

Frederico reconoció, además, que si el plan fiscal sufrirá cambios, continuar con el litigio sería un malgasto de tiempo, dinero y recursos judiciales.

La semana pasada, El Nuevo Día reportó que los estragos causados por el huracán María hacía poco probable cuando no imposible cumplir con los objetivos de recaudos y gastos proyectos en el plan fiscal. Como resultado, aunque en principio y en promedio, el plan dedicaba al servicio de la deuda una quinta parte de los pagos a los que está obligado el gobierno, el desastre causado por el huracán impediría al gobierno cumplir siquiera con esa cantidad para el pago a los bonistas.

La aseguradora instó a la JSF, el organismo que controla las finanzas públicas de la isla, a que aproveche esta coyuntura para “reiniciar” su relación con los acreedores, “corrija” los defectos del plan fiscal actual y trabaje en conjunto con los acreedores en un nuevo plan que cumpla con las disposiciones de PROMESA y el estado de derecho.

El pasado 29 de septiembre, la jueza Laura Taylor Swain que atiende los casos de Título III de Puerto Rico suspendió la audiencia general que debió llevarse a cabo el pasado 4 de octubre. No obstante, hasta la fecha, el proceso judicial incoado por la JSF y que busca modificar sustancialmente todas las obligaciones contractuales del gobierno continúa su curso, así como el proceso de mediación que lleva a cabo el equipo de mediación nombrado por Taylor y encabezado por la jueza presidenta de la corte de quiebras del Distrito Norte de Texas, Barbara Houser.


💬Ver 0 comentarios