La jueza Laura Taylor Swain expresó preocupación por la falta de representación de los pensionados de la AEE en el caso de Título III. (GFR Media) (semisquare-x3)
La jueza Laura Taylor Swain expresó preocupación por la falta de representación de los pensionados de la AEE en el caso de Título III. (GFR Media)

La renegociación de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa, mecanismo que establece un proceso de reestructuración supervisado por el tribunal, comienza a ganar tracción tras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dar a conocer un acuerdo que podría comenzar a mover las negociaciones en 60 días.

La información salió a relucir ayer durante la audiencia general presidida por la jueza Laura Taylor Swain, quien supervisa los casos Título III, donde la JSF indicó que podrían llegar a un acuerdo para viabilizar un plan de ajuste con los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) tan pronto como en dos meses.

Actualmente, Cofina, los bonos de Obligaciones Generales, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Administración de los Sistemas de Retiro se encuentran bajo el Título III de Promesa, el mecanismo que se les otorga a entidades gubernamentales y corporaciones públicas en quiebra para ajustar sus deudas bajo la ley federal.

Mientras, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se encuentra renegociando su deuda bajo el Título VI, que permite la reestructuración mediante un proceso voluntario entre las partes.

Ayer, Swain abrió la audiencia expresando su satisfacción tras conocer que el BGF le presentará en las próximas semanas un pedido para renegociar su acreencia a través del Título VI de Promesa, un avance dado a conocer ayer por El Nuevo Día.

Asimismo, el comentario favorable de la jueza tenía como telón de fondo la moción urgente que el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés), y Bettina M. Whyte, quien representa a Cofina, radicaron en la noche del martes.

En síntesis, las partes que buscan resolver a quién pertenecen los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), pidieron a Swain reservarse por un período de 60 días el fallo en torno al pedido de sentencia declaratoria que antes hicieron UCC y Whyte.

Swain se mostró inclinada a acoger la moción urgente del UCC y Whyte al preguntar al abogado de la JSF, Brian Rosen, si sería factible otorgar a las partes hasta la semana entrante para que estas expresen sus argumentos antes de resolver la moción urgente.

Fue entonces cuando Rosen dijo que la JSF respaldaba la moción urgente del UCC y Whyte y explicó que el plazo de 60 días podría servir para llegar a un acuerdo en torno a la controversia más importante en la resolución de la deuda de Puerto Rico.

“El equipo de mediación y los participantes (del proceso) de mediación se merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento por este progreso significativo”, dejó establecido Swain.

Sin embargo, ni siquiera habían transcurrido 30 minutos de la audiencia cuando quedó claro que llevar las horas de negociación con mediadores a transacciones concretas no será tan fácil.

El principal asesor del UCC, Luc A. Despins, explicó, por ejemplo, que si bien se había llegado a un acuerdo inicial en el caso de Cofina, todavía el proceso de negociación entre las partes requiere atender múltiples asuntos. Entre estos, las diferencias que prevalecen entre los bonistas principales y subordinados de Cofina.

El Título VI de BGF

Lo mismo pasó cuando Suzanne Uhland, abogada de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y socia del bufete O’Melveny & Myers, explicó a Swain el proceso que seguirá la Aafaf para buscar el consentimiento de los bonistas y proceder con el reajuste de la deuda del BGF a través del Título VI de Promesa.

Según Uhland, el acuerdo del BGF cuenta con el respaldo de los dueños de unos $2,600 millones en bonos y notas del otrora agente fiscal, entre ellos varios fondos de inversiones organizados bajo el grupo Ad Hoc del BGF, unas 50 cooperativas de ahorro y crédito y sobre 300 bonistas residentes en Puerto Rico. La deuda vigente del BGF ronda $4,500 millones.

Para consumar el acuerdo que permitiría a los municipios cancelar sus préstamos con los depósitos que mantienen en el BGF y que pagaría 55 centavos de dólar a los bonistas, Uhland aceptó que se necesita que se apruebe legislación para establecer el tratamiento que recibirán los préstamos que el BGF otorgó a agencias y corporaciones públicas y los depósitos que agencias gubernamentales mantienen en el BGF.

Pero, a juicio de Despins, en representación de la UCC, la renegociación de la deuda del BGF bajo Título VI tiene tangencia con el proceso de Título III, por lo que el abogado dijo a Swain que en el caso del BGF, era necesario encender “una luz grande y amarilla”.

“Hay múltiples entidades de gobierno involucradas”, dijo Despins al señalar que no queda claro quién está tomando decisiones cuando se trata de agencias que son depositantes, prestamistas y que, a su vez, se encuentran bajo el Título III.

En términos similares se expresó Andrew J. Soven, del bufete Reed Smith y abogado de Siemens Transportation Partnership, cuyo pago por servicios prestados a la ACT está depositado en las arcas del BGF. Mientras Siemens cree que su acreencia se debe atender bajo el Título III, el BGF busca atender ese reclamo bajo la renegociación en Título VI.

De esta manera, el acuerdo que el BGF ha pactado de manera voluntaria con varios grupos de bonistas podría hacerse sal y agua, considerando que el UCC, inmerso en su proceso de Título III, ahora cuestiona el uso del Título VI de Promesa para ajustar dicha deuda.

Pensionados de la AEE

Durante la vista, también salió a relucir que el gobierno y la JSF llevan prácticamente un año atendiendo la bancarrota de la AEE y en ese período, al parecer, los pensionados de la corporación pública no han estado debidamente representados. Esto a pesar de que los pensionados y participantes del sistema de retiro de la AEE podrían ser los principales acreedores de la corporación pública e incluso tener prioridad antes que los bonistas.

“Podríamos retar el Título VI en este proceso”, dijo Despins a Swain solo minutos después de que la jueza expresara su satisfacción con la moción informativa que presentó la Aafaf en torno al acuerdo de reestructuración de la deuda del BGF.

“Eso es algo que no concedemos”, ripostó, casi de inmediato, Ulhand, abogada de la Aafaf, al indicar que no cree que el UCC tenga méritos para intervenir en los acuerdos del BGF.

El cuadro de complejidades para resolver la deuda de la isla pareció agravarse luego que los síndicos del plan de pensiones de la AEE entraran en el proceso de Título III a través de su abogado, Rolando Emanuelli, para expresar a Swain la necesidad de que estos jubilados tengan representación mediante la creación de un comité que les represente.

En su alocución, Emanuelli explicó que el caso del sistema de pensiones de la AEE es muy particular, pues contrario a otros planes de pensiones del gobierno, los contratos de bonos de la AEE establecen que el pago de la deuda se daría tras cubrir el pago de gastos operacionales, lo que incluye el pago de las pensiones.

A preguntas de la jueza, la síndico auxiliar, Monsita Lecaroz, explicó que cuando el Síndico de Estados Unidos creó el comité de Retirados el año pasado en el caso del Título III del gobierno central, consideró que dicho grupo representaría a todos los jubilados del gobierno, peroese no ha sido el caso, aseguró el abogado del Comité Oficial de Retirados, Robert Gordon.

Ante la situación, la jueza determinó denegar el pedido para crear un nuevo comité para los retirados de la AEE e indicó que continuará monitoreando la situación y decidir si debe tomar alguna decisión posterior.


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