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La movida de los bonistas principales de Cofina se produjo el mismo día en que la JSF aprobó un plan fiscal para Puerto Rico. (Archivo/GFR Media)

El inversionista individual José F. Rodríguez y varias firmas de inversiones como Decagon Holdings, GoldenTree Asset Management y Whitebox Advisors, bonistas principales de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina) apelarán la decisión del juez federal Francisco A. Besosa, de dar paso a la demanda de varios bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés), encabezados por los fondos Lex Claims y Jacana Holdings.

La intención de Rodríguez y de varios fondos de inversión de apelar el fallo de Besosa ante el Primer Circuito de Apelaciones se dio a conocer el pasado 13 de marzo, anotándose en el expediente de la única demanda que se mantiene activa contra el Gobierno, luego de que se aprobara PROMESA el año pasado y en medio de la suspensión automática de litigios que proveyó el estatuto federal. Los demandantes poseen unos $2,000 millones en bonos principales de Cofina.

Según la notificación, Rodríguez y los fondos encabezados por Decagon buscarán que el foro federal intermedio revoque el fallo de Besosa, quien dio paso al caso de Lex. Ello, a pesar de que los bonistas principales de Cofina, el Gobierno y la Junta de Supervisión de Fiscal (JSF) solicitaron al juez federal que aplicara la suspensión automática de litigios, tal y como lo hizo con otra decena de demandas.

El pasado 17 de febrero, Besosa -quien antes había instruido al Gobierno a no perder el tiempo y sentarse a negociar con los acreedores- concluyó que la demanda de Lex debía verse en sus méritos. En síntesis, los bonistas de GOs piden a Besosa que declare inconstitucional la Ley de Moratoria de Emergencia, el estatuto que resultó en el impago de los GOs y otras obligaciones de deuda de Puerto Rico. Además, los bonistas de GOs piden a Besosa que prohíba al Gobierno pagar a los bonistas de Cofina, los únicos que, en esencian, continúan cobrando su acreencia, y declare dicha estructura nula porque con esta se desviaron fondos que le pertenecen al Gobierno central.

En su fallo, Besosa negó el pedido del Gobierno de frenar el caso, autorizó a la JSF a intervenir en el litigio, pero negó a los bonistas principales de Cofina ser parte de la disputa para efectos de determinar si aplica o no la suspensión de litigios.

Luego de la decisión, la JSF se movió prontamente a apelar el fallo de Besosa, pero a la fecha el Gobierno no ha intervenido, aun cuando la demanda de Lex Claims podría resultar en la congelación de ciertos activos del Estado. Ello, en caso de que Besosa determine que la Ley de Moratoria es inconstitucional y Lex Claims solicite a la corte la protección de los activos del Gobierno hasta que renegocie la deuda.

De acuerdo con el expediente del caso ante el Circuito de Apelaciones, la JSF tiene hasta el próximo 24 de marzo para presentar varios formularios del proceso apelativo o se expone a que el caso sea desestimado.

La movida de los bonistas principales de Cofina se produjo el mismo día en que la JSF aprobó un plan fiscal para Puerto Rico, en el que apenas se separan, en promedio, unos $800 millones por año para el servicio de la deuda entre los años 2018 y 2026.

Cofina bajo ataque

De igual forma, la apelación del grupo de bonistas principales de Cofina en el caso de Lex Claims surge en momentos en que los bonistas de GOs, han levantado una campaña mediática en la que solicita desarticular la corporación pública que emite deuda pagadera con el Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

La semana pasada, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez respaldaron a Cofina, señalando que la estructura fue creada por ley con aval de ambos partidos.

Sin embargo, en el plan fiscal certificado por la JSF el lunes y preparado por la administración de Ricardo Rosselló Nevares, los fondos del IVU que cada año se envían a Cofina, aparecen como parte de los ingresos que el Gobierno utilizaría para pagar por los servicios públicos. En ese sentido, el plan de Rosselló Nevares repite lo hecho por el exgobernador Alejandro García Padilla, al combinar en un solo pote, ingresos que según los contratos de bonos, deberían estar reservados para el pago de la deuda.

Según el plan Rosselló Nevares, como parte de los ingresos se anota la porción que toca al Fondo General correspondiente al 10.5% del IVU, pero también se agrega una partida identificada como “IVU Adicional”. En dicha partida, que se refiere a Cofina, la asignación del IVU para el fomento de la industria del Cine y aquella de la Corporación de Financiamiento de Municipios (Cofim), se anotan unos $850 millones en este año fiscal. La cifra aumenta a $906 millones en el fiscal 2019 y continúa en ascenso hasta totalizar $9,936 millones al cabo de 10 años.

La estructura de Cofina

Durante la pasada administración y tras la llegada de Rosselló Nevares a La Fortaleza, el grupo de bonistas principales de Cofina se hizo disponible para reestructurar dicha deuda que supera unos $17,880 millones y allegar liquidez al Gobierno.

La semana pasada, Matt Rodrigue, ejecutivo de Miller Buckfire, firma que junto al bufete Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, asesora al grupo de bonistas principales Cofina dijo a El Nuevo Día que el grupo había presentado a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, al igual que la JSF, la propuesta que se hizo antes durante la incumbencia de García Padilla.

Anteriormente, la oferta concedía una moratoria en los pagos de Cofina y permitía que los ingresos del IVU se distribuyeran entre Cofina y el Gobierno desde el inicio de cada año fiscal, pero la propuesta procuraba dejar en pérdida y posponer los pagos a bonistas subordinados de Cofina, la mayoría de estos, residentes de Puerto Rico.

En esta ocasión, sin embargo, Rodrigue explicó que la nueva propuesta procura que los bonistas subordinados no resulten perjudicados.

Por otra parte, el ejecutivo sostuvo que la estructura de Cofina no debe alterarse porque a futuro, en un proceso de renegociación de la deuda, es probable que se recurra a un mecanismo similar al de Cofina (el de la titulización), como sería el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese sentido, Rodrigue señaló que si se altera o elimina la estructrura de Cofina, Puerto Rico afectaría sus probabilidades de llegar a acuerdos con otros acreedores.


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