La jueza Laura Taylor Swain.  (GFR Media) (semisquare-x3)
La jueza Laura Taylor Swain. (GFR Media)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ha presentado a la jueza Laura Taylor Swain una moción para que se enmienden el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) para incluir en este un pago de $7 millones a favor de la organización Bonistas del Patio.

En un recurso radicado en la noche del lunes, la Aafaf indicó a Swain que la millonaria cifra no se incluyó en los costos de consumación asociados al plan de ajuste de Cofina, pero explicó que la organización -que alega representar unos 60,000 bonistas en Puerto Rico- habría participado de las negociaciones que dieron pie al plan de ajuste de Cofina bajo el Título III de Promesa.

En la moción, radicada por la abogada de la Aafaf, Suzzanne Uhland, del bufete O’Melveny & Myers, se incluyó una estipulación entre la organización sin fines de lucro y el gobierno con miras a que la corte avale el pago. A la fecha, según el plan de ajuste avalado por Swain, renegociar la deuda de Cofina le costó a los contribuyentes puertorriqueños unos $472 millones, así como otros $32.4 millones en comisiones al sindicato de bancos que estructura la deuda de Cofina.

La moción informativa de la Aafaf llegó al despacho de Swain a solo horas de que los bancos de inversión Merrill Lynch, Barclays, Jefferies y JP Morgan ejecuten esta tarde la transacción de intercambio entre los bonos todavía existentes Cofina y los nuevos bonos, con los que se alega el gobierno recortará el principal de la deuda pagadero con el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) en aproximadamente $6,000 millones.

El UCC objeta la movida de la Aafaf

En la mañana de este martes, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) acudió con sentido de urgencia ante Swain para frenar el desembolso.

“En la víspera de la fecha de efectividad anticipada del plan de ajuste de Cofina recién confirmado, la Aafaf, sorprendentemente, y no la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha radicado una moción informativa anejando una estipulación a través del cual, el gobierno acuerda pagar $7 millones de sus propios fondos a Bonistas del Patio bajo la cuenta de honorarios profesionales supuestamente incurridos por Bonistas en conexión con el plan de ajuste de Cofina. Esta es la primera vez que la corte y otras partes en interés, incluyendo el comité, han sido advertidos de tal acuerdo”, reza la moción del UCC en la que se señala que ni el gobierno ni Cofina han invertido la millonaria cifra en las negociaciones.

Según el UCC, el gobierno aboga por pagar a Bonistas, a pesar de que la organización “ni siquiera es un acreedor de Cofina”, por lo que pidió a Swain no aprobar el desembolso.

De inmediato, Swain emitió una orden prohibiendo el pago a Bonistas y dio al gobierno hasta mañana, es decir, el 13 de febrero a las cinco de la tarde para que justifique el millonario pedido.

La organización Bonistas del Patio se fundó hace cerca de tres años para abogar por los residentes de Puerto Rico que adquirieron deuda de la isla. El grupo cuenta con el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Jorge Irizarry, como director ejecutivo y el empresario, Rafael Rojo, preside la iniciativa.

Pagos irán a asesores

Según Rojo, por cerca de año y medio, los asesores de Bonistas del Patio -Ducera Partners y Davis Polk & Wardell- han participado activamente de las negociaciones que sentaron las bases para el plan de ajuste de Cofina, el primero bajo el Título III de Promesa.

“El abogado del UCC sabe bien quiénes son las personas que han representado a la organización”, dijo Rojo al señalar que la moción informativa de la Aafaf ante Swain no reviste de ninguna novedad.

Según Rojo, el gobierno no tenía por qué informar a Swain del pago que se emitiría, pero favoreció que la Aafaf así lo hiciera, cumpliendo con estándares de transparencia.

Destacó que él no recibirá compensación alguna, y que el pago estipulado con el gobierno irá exclusivamente a los abogados y asesores financieros, firmas que a diferencia de los demás grupos de acreedores aceptaron prestar sus servicios sujeto a que se lograra algún acuerdo.

A diferencia de otros grupos de acreedores, que se han visto a informar sus intereses al tribunal bajo la regla 2019 del Código de Quiebras, Bonistas del Patio participa de las negociaciones como representante de los bonistas residentes en Puerto Rico, pero no representa a ningún bonista particular.

Por ello y por tratarse de una organización sin fines de lucro, dijo Rojo, la organización no informa al tribunal las acreencias que poseen sus integrantes.

“El panel de jueces mediadores nos admitió a participar, peticionamos que nos dejaran participar”, sostuvo el empresario. “Si Bonistas del Patio no hubiese estado presente, habría sido el único ‘constituent’ que no habría tenido representación cuando a quien más se les ha recortado de sus ahorros ha sido a los bonistas de la isla”.




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