La Administración de los Sistemas de Retiro. (GFR Media) (semisquare-x3)
La Administración de los Sistemas de Retiro. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno tienen hasta el 26 de febrero para objetar el pedido de un grupo de bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) que busca que se les nombre como síndicos del plan de pensiones de más de 100,000 servidores públicos.

De acuerdo con el expediente de los casos de Título III de Puerto Rico, la moción que busca ceder el control de la ASR a los bonistas acreedores de esa dependencia o a un tercero que estos respalden se discutirá durante la audiencia general del 13 de marzo.

El miércoles, 34 fondos de inversiones que poseen Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) acudieron ante la jueza Laura Taylor Swain para señalar que la JSF no está en posición de procurar sus derechos como acreedores asegurados de la ASR.

Los demandantes alegan que la JSF encara un conflicto de interés al representar simultáneamente a la ASR y al gobierno central -que debe hacer aportaciones al sistema de pensiones- en los casos de Título III.

Entre los demandantes, figuran Andalusian Global Designated Activity Company, Glendon Opportunities Fund, varios fondos de la firma de inversiones Oaktree Capital y la familia de fondos de UBS Financial Services of Puerto Rico.

“El rol que jugó la JSF en promover legislación luego de la petición (del Título III) demuestra su renuencia a tratar la ASR como una entidad independiente, tal y como la ley de Puerto Rico, como (la ley federal) Promesa, así lo reconocen”, reza la moción suscrita por el abogado Bruce Bennett, de Jones Day, en la que se alega que la JSF contribuyó al “desmantelamiento” de la agencia.

Para inicios del 2017, al aprobar el primer plan fiscal certificado, la JSF acordó con el gobierno dar prioridad al pago de las pensiones en relación con otras obligaciones. Ello, al favorecer la Ley 106 de ese año.

Ese estatuto estableció que el pago de las pensiones sería una obligación del Fondo General, lo que se conoce como “Pay as you Go”, y sentó las bases para que, en lo sucesivo, los ahorros de la jubilación de los empleados públicos activos sean manejados por un administrador privado.

Para los bonistas de la ASR, ese estatuto -aprobado luego que se radicó el Título III- sirvió para malgastar los activos que tenía la ASR. Esto, al transferir lo poco que quedaba en la cartera de inversiones de la ASR al Fondo General y frenar la segregación de las aportaciones patronales a cuentas dedicadas al pago de los POBs.

“Cada día que pasa, el fracaso de la JSF para incoar esas acciones actúa en perjuicio de la ASR y sus acreedores y amenaza con cerrar la puerta permanentemente”, alegaron los bonistas. Según el recurso, dado que el estado de derecho concede un plazo de dos años para tomar acción legal en caso de que haya transferido a otra entidad algún activo, apenas quedarían unos meses para entablar alguna reclamación a esos efectos.

El pasado 31 de enero, el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, concluyó que, contrario a lo establecido por la jueza Swain, los dueños de los POBs tienen derecho propietario sobre las aportaciones patronales que el gobierno debe hacer para el pago de las pensiones. Dichas aportaciones se convirtieron en la fuente de pago de los POBs, cuando el gobierno decidió vender unos $3,000 millones en estos instrumentos.

El Nuevo Día solicitó una reacción al gobierno acerca de la decisión e intentó hacer lo propio con la JSF, pero no tuvo éxito.


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