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Boyantes las finanzas de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (horizontal-x3)
Según los informes, ninguno de los siete miembros de la JSF solicitó reembolsos por viajes o recibió regalos como resultado de sus trabajos en el organismo federal. (Archivo / GFR Media)

Salarios, ingresos por intereses y dividendos vinculados al mercado de valores, compensaciones por consultoría, arbitraje y mediación, revisiones de tesis y regalías por la publicación de libros constituyeron las principales fuentes de ingresos de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) durante el año natural 2016.

De acuerdo con los informes de intereses financieros actualizados y publicados en la noche del jueves, los siete integrantes de la JSF, quienes no reciben paga por sus servicios en el organismo federal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, son personas que podrían considerarse inversionistas sofisticados, que cobran por ofrecer discursos en público y mantienen vínculos con todo tipo de entidades, desde universidades, casas editoras, centros de investigación académica, empresas privadas hasta organizaciones sindicales y de activismo ciudadano.

Al concluir el 2016, mientras cientos de ahorristas locales perdieron su retiro al invertir en los bonos de la Isla y los pensionados del sector público verán un recorte en sus beneficios, al parecer, los siete miembros con derecho al voto en la JSF parece que ya tienen el dinero de su jubilación asegurado. Esto porque los integrantes de la JSF poseen cuentas de retiro individual, participaciones en planes de pensiones privados o públicos, certificados de depósitos en bancos del exterior y carteras de inversiones.

Sobre todo, al cierre del 2016, prácticamente, ninguno de los miembros de la JSF tenía obligaciones que pagar como sería un préstamo de automóvil o una hipoteca.

De otra parte, según los informes, ninguno de los siete miembros de la JSF -nombrados a sus cargos en agosto de 2016- solicitó reembolsos por viajes o recibió regalos como resultado de sus trabajos en el organismo federal.

“Esta actualización de informes se está llevando a cabo no porque sea requerido por ley o porque sea requerido por el reglamento de la Junta, sino porque la Junta cree firmemente en la transparencia y en la ética y quiere proveerles información clara y pertinente a todos los interesados”, dijo el presidente del ente federal, Jose B. Carrión III, al informar la publicación actualizada de los informes.

De acuerdo con Carrión, la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) no especifica cuándo o cuánta frecuencia deben publicarse los informes financieros de sus miembros, por lo que, al aprobar su reglamento interno, la JSF determinó publicar anualmente un informe de interés financiero e informes trimestrales de transacciones financieros, para reflejar en estos la compra o venta de activos.

Aunque PROMESA exige divulgar información financiera, la JSF no se reporta a ningún ente federal o local de alcance ético.

Información insuficiente

Según la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, lo hecho por la JSF es insuficiente.

De acuerdo con Blondet, los directivos Arthur J. González, José R. González, Ana Matosantos y Andrew Biggs, completaron la información requerida. En contraste, Carrión, David Skeel y Carlos M. García, continúan sin divulgar sus salarios o ingresos de sus cónyuges o la cuantía de sus respectivos patrimonios.

“A estas alturas, eso no es aceptable porque todas esas personas tuvieron que rendir su planilla de contribución sobre ingresos. Esas cifras tienen que estas disponibles”, dijo Blondet, al señalar que en ciertos casos, las actualizaciones divulgadas el jueves, proveen menos información que lo divulgado en febrero pasado. “No están cumpliendo con lo mismo que ellos aprobaron”.

El exjuez es mediador

Partiendo de los informes radicados, durante el 2016, el directivo que detalló casi la totalidad de los ingresos recibidos fue el exjuez González.

Durante el año pasado, González, quien es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y también empleado de la empresa que lleva por nombre sus iniciales, recibió ingresos por salarios ascendentes a $245,000.

Según el informe, además de la cátedra, el exjuez ejerce como mediador -el proceso que ha impulsado la jueza Laura Taylor Swain para los casos de Título III de Puerto Rico- y también ofrece consultoría legal.

Por servir como mediador y consultor, el exjuez devengó ingresos por unos $185,700. Según su informe, prestó servicios a empresas o entidades como AT&T y el Departamento Agua y Acueductos de la ciudad de Detroit. Además, prestó sus servicios a firmas que poseen relaciones contractuales con Puerto Rico como Wilmington Trust y US Bank. Estas entidades actúan como fiduciarios de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), respectivamente.

Millonario asalariado

Dado que no todos los directivos divulgan específicamente cuánto se ganan, el directivo que sí cumplió con lo requerido en los informes y que podría devengar el salario anual más alto, es el presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York, José R. González.

En el 2016, el banquero puertorriqueño devengó un salario de $1.2 millones por dirigir la unidad más importante del sistema de bancos federales dirigidos a promover la tenencia de hogares en Estados Unidos.

Junto a su esposa, González habría recibido ingresos de dividendos e intereses por inversiones en unos 11 instrumentos de inversión que incluyen fondos mutuos y anualidades. Los ingresos recibidos fluctúan por cada una de las inversiones. Los beneficios más modestos por instrumento o activo fluctuaron entre $201 y $1,000 y los más altos fluctuaron entre $5,001 y $15,000.

González llegó a indicar que su esposa posee participación en la Corporación Guayamesa Hacienda Santa Elena y Sucesores Cine Campoamor, lo que parece ser una propiedad que le deja ingresosde renta. Según el reporte, tales inversiones valoradas entre $1,000 y $250,000, le produjeron ingresos entre $201 y $2,500.

Para septiembre del año pasado, González vendió todas sus acciones, y las de su esposa, en las matrices de Banco Popular y Oriental Bank, así como sus acciones en varios fondos mutuos locales.

Asesora de sindicatos

En el 2016, la mayor parte de los ingresos que recibió Ana Matosantos, entre $100,000 y $1 millón provino de su propia firma de consultoría con sede en Sacramento, California y de Glecoma Realty, vinculada a la empresa puertorriqueña de manufactura y distribución, Matosantos Commercial, donde funge como directivo.

Entre otros clientes, en el 2016, Matosantos asesoró a la Asociación de Maestros de California y la Unión Internacional de Empleados de Servicio en ese estado, el condado de Los Angeles y la organización activista NextGen Climate Action y la Asociación de Planes Médicos de California.

Mientras trabajó como empleada pública del estado de California, cotizó al plan de pensiones de ese estado y a la fecha, no ha retirado sus aportaciones a dicho sistema. Según el informe, si Matosantos solicitara su retiro a la edad de 55, recibiría una pensión mensual aproximada de $4,000.

En octubre del año pasado, la también directivo del Centro de Presupuesto y Política de California pareció construir una cartera de inversiones comprando acciones en empresas como AT&T, AztraZeneca, Apple, Sonnoco y participaciones en ciertos fondos gestionados por Barclays y Vanguard.

Debe su casa

El académico del Instituto Americano de Empresa (AEI, en inglés), Andrew Biggs, fue el único directivo de la JSF que dijo tener una hipoteca a 30 años y que ronda entre $500,000 y $1 millón.

El año pasado, Biggs devengó $172,000 como salario y otros $29,000 por estudios de consultoría. Su esposa ganó unos $30,000 por sus labores en una fundación y recibió unos $8,400 en ingresos de renta de una propiedad residencial en Oregon.

Biggs posee inversiones en unos 22 instrumentos de inversiones, de los cuales unos 14 le dejan dividendos que fluctúan entre $201 y $1,000 y $15,001 a $50,000.

Ingresos como escritor y orador

La cátedra, sus libros y presentaciones en público fueron fuente principal de ingresos para el directivo David Skeel en el 2016.

El abogado, experto en derecho de Bancarrota, no dijo a cuánto ascendió su salario anual y bonificación como profesor de derecho en la Universidad de Pensilvania.

Empero, el también miembro del comité asesor de la Conferencia Judicial de Estados Unidos en reglas de Bancarrota, reportó ingresos por $22,346 por servir como orador en foros como la Fundación George Mason y Veritas. Además, recibió ingresos como escritor y regalías por algunos de sus textos vinculados al tema de la bancarrota e incluso, por grabar en vídeo una serie de cursos de repaso para exámenes de reválida en Derecho. Por ello, recibió entre $200 y $15,000.

Su esposa también es escritora y por la divulgación en el informe parece laborar o ser parte de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania.

Partiendo de los informes radicados, los directivos con mayor caudal en la JSF podrían ser Carrión y Carlos M. García, pero también los que no ofrecen información específica.

Inversionista sofisticado

En su informe, Carrión dijo que devenga un salario como presidente de la agencia de seguros Hub-CLC, pero no reportó a cuánto asciende. Además, el empresario de seguros es directivo de la firma de inversiones Advent Morro, GM Security y JBCT-MACPR Trust.

Junto a su esposa, Carrión posee tres apartamentos por los que recibe ingresos de renta en San Juan y a través de diversas cuentas de inversiones poseen activos en buena parte del mundo.

Aunque no ofrece valoración, el informe detalla inversiones en aproximadamente 180 instrumentos. El empresario posee participaciones en farmacéuticas, tecnológicas y en empresas como la gigante Berkshire Hathaway, cuyo precio por acción es el más alto en Estados Unidos.El viernes, la acción de la empresa del billonario Warren Buffet cerró la jornada en $256,020.

Además, el portafolio de inversiones del matrimonio Carrión incluye fondos de intercambio (ETFs, en inglés) con exposiciones en Suiza, Suecia, Japón y la Eurozona, mientras también ha apoyado proyectos empresariales incipientes en la Isla como Parliament Capital.

Invierte en bienes raíces

Por su parte, García, quien preside su propia firma de inversiones en Boston, también preside la compañía de préstamos Caribbean Financial Group con sede en Puerto Rico y que ofrece servicios en el Caribe y Panamá.

La firma de inversión privada Bay Boston, en la que García funge como presidente y principal oficial ejecutivo y Richard Toomey funge como principal, ha puesto énfasis en el nicho de banca comunitaria y de servicios financieros proveyendo capital a esas instituciones.

García ocupa cargos directivos en Professional Bank, en Florida y en Radius Bank, en Boston, dos instituciones que recibieron capital de BayBoston.

Además, García ha incursionado en el financiamiento de proyectos de construcción en Massachussetts, Nueva Hampshire, Connecticut, Rhode Island y Nueva York, invierte en el desarrollo de un hotel y posee un lote de terreno en Punta Cana, República Dominicana.

El año pasado, para el tiempo en que fue designado a la JSF, García cedió de manera irrevocable sus inversiones en fondos mutuos de Puerto Rico a sus hermanas. Además, prestó su garantía personal para dos iniciativas de negocios en las que tomó prestado y mantiene cuentas de ahorro educativo para sus hijos.

El representante del gobierno

En el caso del directivo exofficio, según la JSF, el representante del gobierno, Elías Sánchez, ya cumplió con divulgar su informe, pues en febrero pasado, reportó su situación financiera hasta el final del año 2016.

Sin embargo, para la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, de todos los directivos, el informe de Sánchez genera un alto grado de preocupación desde el ámbito de la transparencia.

En el informe de Sánchez, fundador de la firma Veritas Inc., no hay referencia específica a ingresos suyos o de su esposa, salvo acreencias en tarjetas de crédito y la tenencia de cuentas bancarias.

“Esta es una persona que ahora mismo está en las dos esferas de poder más altas en Puerto Rico y no divulga cuáles son sus ingresos, no se sabe qué hace su firma, una persona que habla a nombre del gobierno, pero no es funcionario y a quien parece no aplicarle ninguna ley”, dijo Blondet en referencia a Sánchez.


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