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El ente federal anunció que, al no derogarse la Ley 80, certificará un plan fiscal revisado que elimina el bono de Navidad para empleados públicos y recortará fondos de infraestructura, municipios, Judicatura y Legislatura. Escucha el mensaje.

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, dijo hoy que la entidad recurrirá a los tribunales si es necesario y no se llega a un acuerdo con las autoridades de la isla caribeña.

Carrión, en conferencia de prensa, subrayó que la Ley Promesa es clara en lo que puede o no hacerse y qué papel juega cada entidad, aunque matizó que estaría dispuesto a reconsiderar la certificación de los planes fiscales del Gobierno y sus corporaciones si el Legislativo reconsidera su postura sobre la Ley 80.

Carrión reiteró que los cambios al plan fiscal del Gobierno son el resultado de que la Legislatura no aprobara la reforma laboral, al no derogar la Ley 80 que garantiza la indemnización por despido improcedente.

La JSF acudiría a los tribunales si el Gobierno no implementara lo establecido en el nuevo plan fiscal.

Carrión anunció la rectificación de planes fiscales del Gobierno y ciertas corporaciones.

Carrión insistió en que la JSF realizó cambios al plan fiscal del Ejecutivo en respuesta a que el Legislativo no aprobara una reforma laboral que implica poner fin a la Ley 80.

La derogación de esa norma era un requisito del plan fiscal enmendado de forma unánime por la JSF el 30 de mayo, el cual "contenía un acomodo acordado con el Gobierno de Puerto Rico", según Carrión.

"En la primavera, la Junta delineó los cambios que consideramos necesarios para lograr el crecimiento económico y proveer una ruta clara, factible y alcanzable para reestructurar la deuda", dijo.

Carrión subrayó que el acuerdo hubiera hecho la educación en la Universidad de Puerto Rico más alcanzable para estudiantes de bajos ingresos, hubiera provisto recursos para el bono de Navidad para los trabajadores y provisto para proyectos de infraestructuras.

Aclaró que el Nuevo plan fiscal revierte a algunas de las medidas originales contenidas en el Plan Fiscal certificado el 19 de abril, incluyendo los recortes para adecuar el tamaño del Gobierno que harán al sector público más eficiente y menos costoso.

El plan fiscal mantendrá todas las otras reformas estructurales críticas que son necesarias para mejorar el ambiente de negocios en la isla, atraer nueva inversión y estimular la creación de empleo, según dijo.

Las iniciativas incluyen reformar el sector energético para proporcionar electricidad confiable y a un costo razonable, la implementación de un crédito contributivo por ingreso devengado y programas de beneficencia por trabajo, así como reformas para facilitar la iniciativa empresarial.

Además de las enmiendas al plan fiscal del Gobierno, la Junta también hizo cambios técnicos al plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico y al de la Autoridad de Carreteras y Transportación, alineados con los ajustes del plan del Gobierno.

La JSF revisará el presupuesto para el Gobierno para el año 2019 tan pronto la Legislatura lo someta para aprobación por la Junta.

Si la Junta determina que el presupuesto no cumple con el nuevo plan fiscal, certificará un presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de la Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otras corporaciones, antes del 1 de julio de 2018.


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