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Las partes presentaron a la jueza Laura Taylor Swain una moción conjunta en la que revelaron los términos del acuerdo (horizontal-x3)
Las partes presentaron a la jueza Laura Taylor Swain una moción conjunta en la que revelaron los términos del acuerdo. (GFR Media)

En lugar de continuar reclamando que cada cual tiene la razón, los agentes que representan la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el gobierno de Puerto Rico han decidido, en principio, que lo mejor es compartir la fuente de recaudos más estable que ha tenido el fisco aun en medio de la crisis: los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

Eso en síntesis es lo que establece el acuerdo inicial al que han llegado la agente de Cofina, Bettina M. Whyte, y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y si este se concreta, sería un paso trascendental en el proceso de renegociación de la deuda de la isla.

Anoche, Whyte, por vía de su abogado Matthew A. Feldman, del estudio legal Willkie Farr & Gallagher, y el UCC, por vía de su abogado, Luc A. Despins, de la firma Paul Hastings, presentaron a la jueza Laura Taylor Swain una moción conjunta en la que revelaron los términos del acuerdo que pondría fin a la disputa más importante dentro del proceso de Título III de Puerto Rico. Y ese acuerdo podría comenzar a tomar formar a partir del próximo 1 de julio.

Una propiedad compartida

Según la moción conjunta, en lugar de que se decida por la vía judicial a qué parte pertenece el IVU, la porción ya pignorada del impuesto al consumo, se dividirá entre Cofina y el Gobierno central. Los bonistas de Cofina recibirían el 53.65% de la parte pignorada del IVU, mientras el gobierno central, recibiría el 46.35% de la parte pignorada del IVU. La distribución se hará como funciona en la actualidad, primero se cumplirá con la porción de Cofina y una vez se cumplan con el servicio a la deuda de esa entidad, la porción de la parte comprometida del IVU que correspondería al gobierno central será transferida.

Como parte del acuerdo, los bonistas de Cofina -principales o subordinados- entrarían en proceso de reestructuración de su deuda pero solo contando con la porción distribuida para estos y lo mismo sucedería en el lado del Fondo General y el UCC, que representa a todos los acreedores del gobierno central.

La tasa actual del IVU es 11.5%, pero al presente, solo el 5.5% de ese impuesto está comprometido para pagar la deuda de los bonistas de Cofina. Con el acuerdo, esa porción pignorada es la que se distribuye entre Cofina y el Gobierno central.

La disputa por el IVU

Desde que el gobierno incumplió con el pago de la deuda en el 2016, se desató una controversia entre los bonistas de Cofina y aquellos de Obligaciones Generales, quienes alegaban mutuamente que la otra parte poseía deuda ilegal. Dicha controversia evolucionó cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) invocó el Título III de Promesa, pues determinar si el IVU pertenece a Cofina o al Gobierno central sirve, en gran medida, para determinar cuánto podrían recobrar los distintos grupos de bonistas y otros acreedores. Para atender el dilema, la JSF designó a Whyte y al UCC como agentes negociadores y tras no llegar a acuerdos, pidieron a Swain, cada cual, que emitiera una sentencia declaratoria a su favor.

No obstante, partiendo del expediente del caso, múltiples sesiones de mediación durante marzo pasado, hicieron posible que Whyte y el UCC lograran el acuerdo que ahora ha salido a la luz y que propició que el miércoles pasado, Swain acogiera un pedido de las partes para posponer por un período de 60 días, el que se decidan los recursos de sentencia declaratoria sobre el tema.

El jueves pasado, El Nuevo Día reseñó que durante la audiencia general de los casos de Título III, la jueza Swain describió el acuerdo entre las partes como “un progreso significativo” y agradeció al equipo de mediación que nombró por hacerlo posible.

Asimismo, El Nuevo Día reportó que el abogado de la JSF, Brian Rosen, dijo a Swain que podría ser posible llegar a un acuerdo sobre Cofina en el plazo de 60 días que solicitaron las partes.

“El acuerdo alcanzado refleja la evaluación de que estos términos son en el mejor interés de Cofina y del Estado Libre Asociado (ELA) y sus respectivos representados. La división acordada de los futuros ingresos por los impuestos del IVU representa una recuperación económica significativa tanto para el ELA como para Cofina”, indicó en declaraciones escritas la agente de Cofina, Bettina M. Whyte, tras darse a conocer los términos del acuerdo.

Condiciones

El acuerdo en principio depende de muchos factores como completar los documentos necesarios de la transacción y que la corte apruebe el plan de ajuste de Cofina bajo el Título III.

Sin embargo, el acuerdo entre las partes provee para que este comience a tomar forma casi de manera inmediata.

Según el documento ante la corte, las partes han decidido, que a partir de julio próximo, los recaudos correspondientes al 5.5% comenzarían a distribuirse en la proporción negociada entre Cofina y el gobierno central, pero estos fondos se destinarían a un custodio independiente y no desembolsarían hasta que el plan de ajuste de Cofina sea confirmado.

Los recaudos del IVU a partir del próximo 1 de julio, según el acuerdo, serían depositados en una cuenta plica bajo la custodia de Delaware Trust Company.

Mientras la totalidad de los recaudos del IVU que se encuentran bajo la custodia de BNY Mellon hasta el próximo 30 de junio, se distribuirían a Cofina.

El acuerdo provee además otras provisiones que podrían ser favorables al gobierno y que podrían contribuir al mandato de que Puerto Rico regrese a los mercados, según lo establece Promesa. Esto, porque el acuerdo ofrece la oportunidad de emitir nueva deuda bajo Cofina con condiciones específicas y la posibilidad de acceder a la porción que tocaría al gobierno central, en caso de que el gobierno haya agotado su efectivo.

Los términos del acuerdo sobre la disputa del IVU salen a la luz mientras a nivel local, se discute la aprobación del presupuesto del siguiente año fiscal, un documento que no contempla el servicio de la deuda en su totalidad, aunque reconoce la distribución del IVU que en la actualidad se hace hacia Cofina.


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