Luis M. Collazo Rodríguez, administrador del Sistema de Retiro. (GFR Media) (semisquare-x3)
Luis M. Collazo Rodríguez, administrador del Sistema de Retiro. (GFR Media)

El administrador de los Sistemas de Retiro (ASR), Luis M. Collazo Rodríguez, aseguró hoy que el gobierno cumple con las disposiciones de la Ley 106 de 2017.

“Es un hecho que a pesar de la insolvencia de (la ASR), producto de malas prácticas administrativas del pasado, nuestra administración ha logrado generar ahorros en diferentes renglones para garantizar el pago de las pensiones. Al día de hoy, hemos estado cumpliendo con esa obligación y no le hemos fallado a nuestros pensionados, asegurando así la política pública de nuestro gobernador en proteger a los más vulnerables”, indicó en declaraciones escritas, Collazo Rodríguez.

De esa forma, Collazo rechazó los alegatos presentados por la Federación Americana de Maestros (AFT) y la Federación Americana de Empleados Estatales, Condados y Municipios (AFSCME) en un recurso adversativo radicado ayer en la corte de distrito federal, donde se atienden los casos de Título III de Puerto Rico.

“Al día de hoy, las aportaciones individuales de nuestros servidores públicos se encuentran debidamente separadas y segregadas en una cuenta del (Banco Popular de Puerto Rico) bajo la custodia del Departamento de Hacienda”, explicó Collazo Rodríguez al agregar que “cada centavo que el empleado público ha aportado desde la creación de la Ley 106-2017 está separado y custodiado en esa cuenta”.

Según la AFT y AFCSME, sindicatos que representan a educadores y empleados públicos en Puerto Rico a través de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y Servidores Públicos Unidos, al no crear las cuentas individuales ni depositar las aportaciones de estos en lo que serían cuentas de fideicomiso, los educadores y empleados públicos han sufrido daños, pues tales ahorros debieran generar intereses como fruto de una estrategia de inversión para cuando llegue el momento de la jubilación. En su lugar, dice la demanda de los sindicatos el dinero se ha depositado en el Popular generando intereses mínimos.

Collazo Rodríguez dijo que el pasado 28 de septiembre se abrió un proceso de solicitud de propuestas para identificar una firma que administre el plan de aportaciones definidas de los empleados públicos y que operaría de manera similar a los llamados planes 401(k) de empleados en el sector privado.

La Ley 106 de 2017 establece específicamente en su capítulo tres que a partir del 1 de julio de 2017, se crearían cuentas de fideicomiso “a nombre de cada participante” y que se acreditarán a estas cuentas “individuales”, las aportaciones al nuevo plan de aportaciones definidas de “cada participante”.

La semana pasada en un caso separado incoado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vegabajeña, el gobierno admitió en corte que no había creado tales cuentas.

De otra parte, la Ley 106 de 2017 también establece que agencias, municipiosy corporaciones públicas deben efectuar pagos a Hacienda para que esa agencia, a su vez, envíe las pensiones a los ya jubilados. El informe de pago de pensiones que prepara la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ha demostrado que no todas las dependencias cumplen con tal disposición.


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