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Entre el 18.7% y el 28% de las empresas que se cobijaban de la Sección 936 desaparecieron como consecuencia de la ley de 1995 que derogó de forma paulatina los incentivos asociados a esa sección del Código de Rentas Internas. (horizontal-x3)
Entre el 18.7% y el 28% de las empresas que se cobijaban de la Sección 936 desaparecieron como consecuencia de la ley de 1995 que derogó de forma paulatina los incentivos asociados a esa sección del Código de Rentas Internas. (Archivo / GFR Media)

Washington - Un análisis publicado por el “National Bureau of Economic Research” determinó que la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal redujo en Puerto Rico el promedio de salarios en la manufactura en 16.7% y,  hasta en 28%, el número de empresas manufactureras.

El estudio, de la autoría de los profesores Zadia Feliciano y Andrew Green, utiliza datos recientes del Servicio de Rentas Internas, el Censo Económico federal y un informe de 1993 de la Junta de Planificación de Puerto Rico en busca de entender los efectos de la eliminación de la sección 936, que por cuatro décadas otorgó beneficios tributarios a empresas estadounidenses en la isla.

En el caso del total de empresas, el estimado de Feliciano y Green es que, entre el 18.7% y el 28% de las empresas 936 -que alcanzaron las 2,328 en 1987-, desaparecieron como consecuencia de la ley de 1995 que derogó de forma paulatina los incentivos asociados a esa sección del Código de Rentas Internas.

Feliciano y Green, profesores de economía en el Queens College del Sistema Universitario de la Ciudad de Nueva York (CUNY), reconocen que los orígenes de la crisis fiscal en Puerto Rico “han sido atribuidos en parte a la eliminación gradual de la sección 936”.

El informe se divulga en momentos en que la Casa Blanca y el Congreso quieren legislar antes de que acabe 2017 una reforma tributaria  que puede impactar la capacidad de Puerto Rico para atraer nueva inversión.

Para hacer su análisis, los investigadores compararon a Puerto Rico con Estados Unidos, pero  también con los estados de Indiana, Carolina del Norte, Oregón y Nueva Jersey.

En términos de empleo, de cerca de 160,000 puestos de trabajo en empresas manufactureras de Puerto Rico que había a mediados de la década de 1990, el total cayó a poco más 100,000 en 2005, Pero, para 2012, ya había descendido aún más, a alrededor de 80,000.

Cuando el Congreso decidió derogar la 936, las empresas que se beneficiaban de ese estatuto –que en su abrumadora mayoría tenían sus operaciones en Puerto Rico-, reclamaban créditos contributivos federales por cerca de $4,500 millones.

Para 2005, cuando dejaron de existir todos los beneficios de las 936, el total de créditos tributarios federales había bajado a unos $900 millones anuales y el 98.8% eran empresas con base en la isla.

Al final, el Congreso, con el visto bueno del gobierno de Pedro Rosselló, decidió que los beneficios que recibían las 936, que comenzaron a ser significativos en términos de las patentes y activos intangibles, eran demasiado altos en comparación con los empleos que el estatuto generaba.

En una entrevista telefónica, la profesora Feliciano sostuvo, sin embargo, que la dependencia de la economía de Puerto Rico de las empresas 936 fue notable. “En el 1987, el 82.8% de la producción manufacturera en Puerto Rico era de empresas 936”.

Aunque aún hay sectores en Puerto Rico que aspiran a conseguir un incentivo tributario parecido a la sección 936, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, planifica someter legislación que intentará aprovechar la posible reforma federal para proponer  nuevos incentivos a la inversión en la isla a través de programas existentes.

Entre los programas que González quiere enmendar para beneficiar a la isla como una zona económica afligida, se incluyen los que se conocen  como “Empowerment Zone, Enterprise Community y Renewal Community”.

Los incentivos incluirían pagar el 20% del salario de las personas de nueva contratación que vivan en una de las áreas económicamente deprimidas, una definición que, sobre todo bajo la crisis actual, puede abarcar a gran parte de la isla, pero también a otras jurisdicciones en Estados Unidos.

El economista Gustavo Vélez considera que el Congreso ha apuntado a que no va a hacer nada que tenga un impacto negativo en el fisco federal u otorgue beneficios a la isla que no están disponibles para los estados.

“Este es un tema que siempre se ha visto desde el matiz político, pero la evidencia empírica es clara de que la eliminación de la 936 tuvo un efecto directo en el comportamiento económico de Puerto Rico en lo que era la atracción de nuevo capital industrial y retención de empresas de manufactura en el sector intenso en mano de obra, como los textiles”, subrayó Vélez.


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