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El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión. (Gerald López Cepero)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó este martes un plan fiscal para el gobierno central que, a largo plazo, no elimina el déficit presupuestario ni establece claramente cómo se pagará a los bonistas, una vez se renegocie la deuda pública.

En votación unánime, pero claramente insatisfechos, los directivos del organismo federal creado a través de la ley federal Promesa, aprobaron el documento durante una reunión pública celebrada este martes en el Centro de Convenciones. Allí, los directivos de la JSF dejaron establecido que aprobaban un plan fiscal que no alivia la situación de Puerto Rico porque el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y su liderato político carecen de la voluntad necesaria para aprobar cambios estructurales que permitan que la economía del territorio estadounidense crezca de manera sostenida.

Partiendo de las cifras del plan fiscal, el documento no cumpliría con el mandato de disciplina presupuestaria que establece Promesa.

Entre otras cosas, el plan fiscal aprobado estima que, en los próximos cinco años, como resultado de la inyección de unos $80,000 millones en fondos federales asociados al huracán María, el gobierno tendría un sobrante acumulado de unos $17,000 millones. La cifra es más del doble del sobrante que Rosselló Nevares estimó en septiembre pasado, cuando el mandatario dijo que los recortes en el gasto público que se pactaron en marzo de 2017 ya no eran necesarios. Ello, porque a raíz del huracán María, el gobierno puertorriqueño recibiría una cantidad récord de fondos federales para su reconstrucción.

En términos generales, el sobrante primario es la diferencia entre los ingresos que recibe el erario y el pago de las obligaciones. Para efectos del plan fiscal y habida cuenta que el gobierno no paga a los bonistas desde hace unos tres años, se entiende que el sobrante sería la cantidad de dinero que podría estar disponible para el pago de la deuda pública, una vez negociada.

Sin embargo, el sobrante que se alega habría entre este año fiscal y el fiscal 2023, descansa en que las medidas de recortes y recaudos en el plan fiscal se adopten al 100%, algo que Rosselló Nevares ya ha planteado no ejecutará como un recorte a las pensiones, aumentos en ciertas tarifas y derechos que se pagan al gobierno.

A preguntas de la prensa acerca del saldo del plan fiscal certificado y de la renuencia del gobierno a adoptar los cambios estructurales, el presidente de la JSF, José B. Carrión, pareció resignarse a que continuarán en conversaciones con el gobierno. Esto, con la expectativa de que reconsideren la reforma a los planes de pensiones, se dé paso a una reforma contributiva abarcadora y se adopte nueva reglamentación para mejorar el clima de hacer negocios y Puerto Rico se convierta en una jurisdicción de empleo a voluntad.

“Todavía estamos a tiempo”, dijo Carrión al señalar que, a corto plazo, Puerto Rico ve una mejora por la inyección de fondos asociados a la recuperación post-María, pero una vez se agoten tales fondos, la isla podría volver a la precaria situación presupuestaria que experimentaba antes del huracán del 20 de septiembre de 2017.

Entre los cambios más notables, las nuevas proyecciones macroeconómicas, contemplan que, en el año fiscal 2018, la economía medida por el producto bruto se habría achicado 8% para crecer este año fiscal en el 7.8%.

De igual forma, en el plazo de cinco años, el plan establece que el gobierno debe incrementar sus recaudos por $554 millones hacia el año fiscal 2023 y haber recortado el gasto público en otros $2,848 millones en el mismo lustro.

Para el gobierno, sin embargo, los números de la JSF no se justifican.

De acuerdo con el representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino Vega, la JSF incorpora en sus estimados que, durante esos cinco años, se gastarían unos $69,000 del total de fondos que se asigne el gobierno federal. Ese nivel de inversión, a juicio del gobierno, es poco probable porque apuntaría a que el gobierno invertiría en los próximos cinco años, el equivalente a casi el 20% del tamaño de la economía de la isla.


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