(semisquare-x3)
Luego de meses de insistencia por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobierno publicó ayer el documento que debió presentarse a los inversionistas hace dos años. (GFR Media)

Al concluir el año fiscal 2016, el gobierno de Puerto Rico encaraba un déficit acumulado de $70,300 millones, cifra que supone un alza de 4% en relación al déficit acumulado del año fiscal 2015.

De igual forma, habida cuenta que los dos principales planes de pensiones del gobierno, es decir, la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) ya no tienen recursos para cumplir sus obligaciones, hasta el año fiscal 2016, la obligación del gobierno hacia los jubilados del gobierno central ascendía a unos $21,848 millones y aquella hacia los educadores, rondaba otros $16,307 millones.

Sin embargo, el cuadro de insolvencia del estado y la magnitud de dicha situación en las agencias y fondos públicos no necesariamente es fidedigno, pues para el año fiscal 2016, diversas instrumentalidades del gobierno no cumplieron con aplicar los pronunciamientos de contabilidad de gobierno vigentes, según concluyó la firma de contabilidad y auditoría, KPMG, al examinar parcialmente, los números provistos.

“No pudimos obtener evidencia de auditoría apropiada y suficiente acerca de las cantidades de pensiones incluidas en los estados financieros”, reza la opinión de la firma KPMG con fecha del pasado 3 de mayo y que es la carta de presentación de los estados financieros auditados del gobierno para el año fiscal 2016.

Luego de meses de insistencia por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobierno publicó ayer el documento que debió presentarse a los inversionistas hace dos años para cumplir, de esa forma, con los requisitos de divulgación de la Ley de Valores de Estados Unidos. Con la radicación, empero, el gobierno continúa atrasado dos años en la presentación de estados financieros. Esto, porque al presente, no se han publicado los estados financieros del año fiscal 2017 y el pasado 1 de mayo, venció el término para presentar los estados financieros del año fiscal 2018.

El resumen explicativo de KPMG advierte que la firma no pasó juicio directamente sobre decenas de fondos o entidades del gobierno porque estas fueron auditadas por otras firmas y en aquellas que sí hizo análisis, encontró que el gobierno se apartó de los pronunciamientos de contabilidad que requieren documentar la responsabilidad en el pago de pensiones (GASB-68) y aquel que requiere que una entidad ajuste sus libros cuando es un hecho que no recuperará parte de sus activos.

Así las cosas, KPMG emitió una opinión mixta. En el caso de las actividades de gobierno y de negocio gubernamental, lo que refleja la salud de agencias, corporaciones públicas que devengan ingresos propios y entidades similares y el Fondo de Seguro de Salud (de donde se financia el plan de salud del gobierno, KPMG emitió una opinión cualificada o adversa y una opinión no modificada (es decir, que las representaciones financieras son razonables a la luz de los métodos requeridos) a ocho fondos bajo la custodia del gobierno como la Lotería, el seguro por desempleo y aquel de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), entre otros.

KPMG destacó en su opinión que la firma no puede ofrecer análisis alguno del impacto que tendría en la continuidad del gobierno, el proceso de reestructuración de la deuda, pero señaló que el gobierno ha incurrido repetidamente en déficit, tiene una posición financiera negativa, “ha experimentado un mayor deterioro de su condición económica y no ha podido acceder a los mercados de capital”.

De acuerdo con el informe, para el año fiscal 2016, cuando era sabido que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ya no honraría los depósitos que custodiaba de agencias y corporaciones públicas, estas instrumentalidades estaban llamadas a reflejar en sus libros dicho impacto negativo. Empero, según KPMG, ello no ocurrió.

Lo mismo habría pasado, pero en el tema de pensiones, con unas 30 agencias o fondos como la Compañía de Turismo, el propio BGF, la Autoridad de Carreteras y Transportación y aquella de Acueductos y Alcantarillados. Según KPMG, estas entidades estaban obligadas “a registrar su parte proporcional” de la totalidad del pago de pensiones, incluyendo su obligación neta, egresos e ingresos por dicho concepto, pero no lo hicieron.

Este martes, la JSF dio la bienvenida a la publicación del informe, indicando que este documento es “un importante paso para resolver la crisis fiscal de Puerto Rico” y para mantener responsabilidad fiscal, pero acto seguido, el organismo federal señalaba que aguarda por la radiografía financiera de los pasados dos ejercicios fiscales.


💬Ver 0 comentarios