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Los niveles récord de liquidez en el Departamento deHacienda no dejan de lado las exigencias de recortes por parte de la Junta Fiscal. (horizontal-x3)
Los niveles récord de liquidez en el Departamento deHacienda no dejan de lado las exigencias de recortes por parte de la Junta Fiscal. (Gerald López Cepero)

A pesar de que el huracán María estremeció a Puerto Rico de punta a punta, evento que se interpretó como una amenaza a los recaudos del erario, la liquidez de la cuenta principal (TSA) del gobierno está en su nivel más alto en todo el año fiscal e incluso excede las proyecciones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Al concluir la semana del 27 de abril, la llamada cuenta TSA exhibía un balance $2,598 millones a pesar de que en marzo pasado, con el aval de la jueza Laura Taylor Swain, el Departamento de Hacienda prestó unos $300 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para continuar con la reparación de la red eléctrica tras el paso del ciclón del 20 de septiembre.

Según el informe de la Aafaf, el balance de liquidez de la cuenta TSA rondaba $127.4 millones por encima de las proyecciones semanales. Por ende, y contrario a las representaciones hechas por el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ante el Congreso estadounidense, Puerto Rico no tendría necesidad de recibir el préstamo de emergencia para el programa de Comunidades Afectadas por Desastres (CDL, en inglés) que lleva casi ocho meses negociando con el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con el economista Gustavo Vélez, aún si Puerto Rico acabara de suscribir el préstamo CDL, no tendría oportunidad de girar contra él en este momento.

“Ni siquiera porque han continuado pagando los reintegros llegarían al balance establecido para el desembolso del préstamo”, indicó Vélez en referencia al balance mínimo de $1,100 millones que figura entre los términos ya cononocidos del préstamo CDL.

Tendencia alcista

De acuerdo con la Aafaf, en abril pasado, los recaudos de Hacienda estuvieron unos $223 millones por encima de los recaudos en abril del año pasado.

En ese mismo período, y por el lado de los gastos, el gobierno frenó los desembolsos, particularmente los pagos a suplidores. Al 27 de abril pasado, esa partida acumulaba $575.6 millones por debajo de los desembolsos proyectados.

Al dinero en caja, habría que sumar otros $7,946 millones depositados en cuentas bancarias, según cifras de la Aafaf al 31 de marzo pasado. De esa cifra, unos $2,609 millones están restrictos por los casos de Título III y otros $361 millones corresponden al pago de pensiones.

En el caso de las cuentas bancarias, la cifra más reciente es aproximadamente 14% más alta que el balance de $6,875 millones registrado en diciembre del año pasado.

Según Vélez, la tendencia de liquidez en el fisco continuará al alza en los próximos meses, pues Puerto Rico todavía no ha recibido las cuantías más grandes relacionadas con los fondos federales para la recuperación.

“Esos números llevan a cuestionar si en realidad, invocar que la totalidad de la deuda era impagable fue lo adecuado, porque eso fue lo que llevó a Promesa, a la búsqueda del Título III y lo que resultó en la Junta”, dijo Vélez.

Más recaudos que hace un año

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, el salto en los recaudos del Fondo General para el mes de abril responde a dos estrategias.

“Establecimos una iniciativa para que todas las compañías que están entrando a Puerto Rico, las atendemos el día uno y les estamos imponiendo la retención en el origen. En eso nada más, cobramos $140 millones”, dijo Maldonado.

En la contribución sobre ingresos de individuos, con todo y el disloque causado por el huracán María, Hacienda recaudó $70 millones más que con las planillas del 2017.

De acuerdo con Maldonado, el alza en la contribución de individuos responde a la estrategia de cumplimiento voluntario puesta en vigor y que por lo pronto, ha resultado en que unas 30,000 personas se hayan acogido a planes de pago.

El funcionario aseguró que la gestión asertiva de la agencia contribuyó a que la JSF contabilizara en el plan fiscal revisado unos $300 millones en recaudos por fiscalización contributiva.

La lucha presupuestaria

Los niveles récord de liquidez en Hacienda no dejan de lado las exigencias de recortes por parte de la JSF, lo que ayer quedó evidenciado cuando el organismo federal dio tres días al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para cumplir con sus exigencias.

Esta semana, luego de que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, advirtiera que no contar con un presupuesto afín al plan fiscal certificado pondría en riesgo lograr un acuerdo con los bonistas, el gobierno pareció abandonar su postura de no hacer cambios al presupuesto.

“La Junta ha considerado y aceptado su pedido para una extensión (de tiempo) para someter las revisiones al presupuesto del gobierno para el año fiscal 2019. La nueva fecha límite es el 18 de mayo de 2018 a las cinco de la tarde”, reza la carta que el presidente de la JSF, José B. Carrión, envió ayer al mandatario y a los líderes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.

La carta fue el resultado de la reunión que Carrión, Rosselló Nevares, Rivera Schatz y Méndez sostuvieron en La Fortaleza.

“En vista de la reunión que sostuvo el gobernador, los presidentes de los cuerpos legislativos (el lunes) con el presidente de la JSF, la Aafaf solicitó mediante una misiva a dicho organismo una prórroga”, indicó el director ejecutivo de la Aafaf, Gerardo Portela Franco, cuyo pedido recibió respuesta afirmativa y casi inmediata de parte de la JSF.

Aunque los asesores del gobierno y la JSF se reúnen con frecuencia, fuentes de este diario aseguran que prevalece la tirantez entre quienes asesoran directamente a Rosselló Nevares en el tema fiscal y el equipo de trabajo que encabeza Jaresko.

Postura ante los bonistas

A juicio de Vélez, más que la lucha presupuestaria, el escollo que encararán en corte, tanto el gobierno como la JSF, es cómo explicar a los bonistas, “el choque” entre la crisis de liquidez que se vaticinaba hace unos meses y la situación actual del fisco.

Para Vélez, los niveles de liquidez actuales “debilitan” el alegato de insolvencia que antes invocó la administración de Alejandro García Padilla, que ahora ha acogido Rosselló Nevares y que suscribe la JSF.

El plan fiscal certificado apunta a sobrantes primarios y, desde el 2015, Puerto Rico no ha visto una sola interrupción en los servicios públicos aunque no ha tomado prestado en casi cuatro años.

Empero, el gobierno ni la JSF han aceptado ninguna de las ofertas recibidas antes de los procesos de Título III. Tampoco aceptaron la oferta conjunta develada esta semana por los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y los bonistas de Obligaciones Generales.

De acuerdo con el economista Vicente Feliciano, aunque la caja de Hacienda muestre niveles históricos de liquidez, lo cierto es que lo disponible en el fisco no es suficiente para pagar la deuda pública como fue contraida.

Además, lo propuesto por el binomio Cofina-GO implicaría un servicio a la deuda mayor que lo considerado en el plan fiscal certificado, explicó Feliciano, al elaborar las razones para el rechazo de la oferta, tanto de parte del gobierno como de la JSF.

“Los resultados relativamente positivos que se establecen en el plan fiscal son, en parte, resultado de las transferencias que recibirá Puerto Rico, y no necesariamente serán sostenibles a mediano plazo”, dijo Feliciano. Recordó que en el contexto de Promesa, Puerto Rico está impedido de reanudar los pagos a los acreedores hasta que no llegue a un acuerdo con estos.

Según Feliciano, quien asesora a la Aafaf, aunque Puerto Rico no está haciendo pagos a los bonistas en la mayoría de los créditos, el dinero que debe ir a pagar a esas obligaciones, en su mayoría, está ingresando a los fondos restrictos para el pago de deuda.

“El nivel de liquidez que hay no permite facilitar el pago a los bonistas porque esos ingresos no están basados en transferencias recurrentes”, subrayó Feliciano.


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