Alrededor de 600,000 individuos o personas jurídicas recibirán una carta en la que les notificarán que el gobierno central o la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) les debe dinero, por lo que son parte del pleito de Título III de la Ley PROMESA que establece un proceso similar a una quiebra para los territorios como Puerto Rico.