Vicente Feliciano, presidente de Advantage Business Consulting, coincide con las proyecciones de 0.3% de crecimiento económico que definió la JSF, aunque dicho número podría variar. (GFR Media) (semisquare-x3)
Vicente Feliciano, presidente de Advantage Business Consulting, coincide con las proyecciones de 0.3% de crecimiento económico que definió la JSF, aunque dicho número podría variar. (GFR Media)

No cumplir con la derogación de la Ley por Despido Injustificado (Ley 80-1976) bajo las condiciones acordadas con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ocasionaría la pérdida de entre 18,000 y 44,000 empleos por costos legales relacionados con el proceso de despido, según un estudio realizado por la firma internacional Devtech.

“La mejor garantía es el crecimiento económico, porque se crea una base en la cual trabajadores calificados están en alta demanda y se empieza a competir por el salario”, expresó el presidente de Devtech, Rafael Romeu, consultor de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Romeu estimó un crecimiento anual de hasta 1% en la economía con la aplicación del paquete de medidas que impactarían el mercado laboral, como los créditos contributivos por ingresos devengados (EITC) y el programa de beneficencia social por trabajo.

Aseguró que la Ley 80 no propicia las condiciones atractivas para el establecimiento de nuevas empresas, y que el estatuto -que describió como “absurdo”- es básicamente un “impuesto” que crea un “desequilibrio” en que el gobierno está “obligado” a proteger al empleado “castigando” al empleador.

El análisis de Romeu estimó el impacto en la creación de empleo en 38,000 puestos de trabajo adicionales antes del 2023, lo que se traduciría en 7,600 anuales.

El economista advirtió, además, que la economía perdería más de $1,300 millones en beneficios que el gobernador Ricardo Rosselló logró mantener en el proceso de negociación con el ente federal.

No obstante, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que la permanencia del bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad serían solo por el próximo año fiscal, aunque Rosselló alegó que el pacto garantiza los derechos por cinco años.

Vicente Feliciano, presidente de Advantage Business Consulting, coincide con las proyecciones de 0.3% de crecimiento económico que definió la JSF, aunque dicho número podría variar. “Si vamos a eliminar la Ley 80, este momento es idóneo por lo sucedido con el huracán y la entrada de fondos federales”, argumentó.

El propio memorando explicativo de la JSF que aboga por el fin de la Ley 80 advierte que “hay incertidumbres considerables cuando se plantean reformastan profundas en medio de una recesión”.

Feliciano insistió en que la Ley 80 incrementa el costo de la mano de obra que paga el patrono más allá de la compensación al empleado y limita la productividad “porque legisladores y burócratas están tratando de controlar las decisiones de empresarios sobre qué es un empleado productivo”.

Los resultados de ambos estudios formarán parte del análisis que realizará hoy la Cámara de Representantes sobre el proyecto que elimina la Ley 80.


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