La orden  OE2017-047 exime del pago del IVU a los negocios que hayan generado $1 millón o menos en ingresos desde agosto de 2016 a julio de 2017, y según algunas voces entrevistadas por Negocios, la misma se presta para evasión. (horizontal-x3)
La orden OE2017-047 exime del pago del IVU a los negocios que hayan generado $1 millón o menos en ingresos desde agosto de 2016 a julio de 2017, y según algunas voces entrevistadas por Negocios, la misma se presta para evasión. (Archivo / GFR Media)

La orden ejecutiva que eximirá del pago del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) a las pymes por un plazo de tiempo durante el periodo navideño podría representar una merma de $30 millones en recaudos al fisco.

Así lo indicó Francisco Parés, secretario auxiliar de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, en entrevista con El Nuevo Día, quien señaló que la cifra es “bastante conservadora” porque parte de la premisa de que se generará el mismo volumen de ventas y nivel de captación que el año pasado.

Sin embargo, reconoció que debido a las fallas en las telecomunicaciones, como consecuencia del paso del huracán María, a los comerciantes se les dificulta cumplir con su responsabilidad, lo que se presta para que aumente la evasión. El año pasado, la captación rondaba entre 67% y 68%; y de ese porcentaje, entre 48% y 50% correspondía al sector de servicios, y 77% al comercio, según Parés.

Hacienda le presentó ese estimado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en días recientes y espera que el organismo no objete la orden del Ejecutivo. “Esta orden tiene el propósito de tratar de mantener contribuyentes en Puerto Rico. Confiamos en que estamos tomando la política contributiva correcta, en un momento en que el país está perdiendo negocios. La intención es inyectarle una ayuda a ese sector de pequeños negocios para que no cierren”, dijo el funcionario.

La orden en cuestión es la OE2017-047 y exime del pago del IVU a los negocios que hayan generado $1 millón o menos en ingresos desde agosto de 2016 a julio de 2017. Hacienda certificará a las empresas que tienen derecho a la exención, de acuerdo a las planillas mensuales del IVU que estas hayan sometido a la agencia en esos meses. Se estima que cualificarán unos 75,000 negocios, incluyendo empresas de servicios. Los negocios que iniciaron operaciones después de julio del presente año y estén registrados en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), estarán exentos también.

A partir de mañana, Hacienda enviará los certificados de exención a través del SURI. El empresario debe imprimirlo al recibirlo y colocarlo en un lugar visible en el negocio. La exención cubrirá desde el 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

Durante ese periodo, los negocios que tengan el certificado no tendrán que cobrar el IVU a sus clientes. De igual forma, estarán exentos de pagar el IVU cuando compren mercancía para revender, siempre y cuando el pago se realice dentro del periodo comprendido en la orden ejecutiva.

Parés explicó que los negocios de servicio (por ejemplo, los contadores), sí tendrán que pagar el IVU por la compra de artículos, pese a tener el certificado de exención, debido a que un negocio de servicio no revende mercancía. “El vendedor tiene que asumir su responsabilidad. Habrá multas para los comercios que vendan mercancía y no le cobren el IVU que corresponde”, advirtió Parés. La multa será hasta $20,000. De igual forma, el comprador se expone a que le revoquen el certificado, agregó el secretario auxiliar de Hacienda.

Cuestionan la efectividad

Algunos economistas opinan que la orden no ayuda lo suficiente a las pymes y además promueve la evasión.

“En la práctica esa orden va a ser difícil de fiscalizar. Definitivamente, es una orden populista que no tiene ningún sentido de política económica”, manifestó el economista Antonio Rosado. Para él, era más efectivo si el gobierno le reembolsa a las pymes por el gasto de diésel que han tenido tras el huracán, o si le dona generadores a los que no han reabierto por no tener planta eléctrica. “Eso hubiese sido mejor porque es ayuda directa”.

Mientras, el economista Vicente Feliciano, presidente de la firma Advantage Business Consulting (ABC), sostuvo que esta orden “es volver al certificado de revendedor, que se tuvo que eliminar por la dificultad en fiscalización”.

Añadió que si el gobierno está preocupado por el cierre de las pymes debió procurar que lugares como Viejo San Juan, Santurce, los centros urbanos, la avenida Esmeralda en Guaynabo y otros, recibieran “la misma prioridad para energizarlos que la que recibieron los centros comerciales y las grandes cadenas. No hacerlo es darle un trato desigual a los pequeños comerciantes” l


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