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Según Alameda, Puerto Rico tendría que invertir unos $100,000 en seis años para que la economía medida por el producto bruto crezca entre 3% y 4% anualmente. (Archivo GFR Media)

New Haven, Connecticut - El programa de austeridad que se implementará para cerrar el déficit presupuestario podría desatar disturbios sociales y aumentará la desigualdad en Puerto Rico, aseguró el economista José Alameda.

De acuerdo con Alameda, partiendo del texto de la ley federal PROMESA y del plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la economía de Puerto Rico tendría que empeorar aún más antes de que pueda verse una recuperación.

Ese supuesto, según el catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) puede ser demasiado perjudicial para una sociedad cuya base productiva y su población va a la baja.

“Ellos podrán cerrar la brecha fiscal, pero se va a cerrar la brecha fiscal causando más dolor en la gente cuando el camino es promover el crecimiento económico”, dijo Alameda.

Alameda hizo sus expresiones en el foro “Puerto Rico bajo Asedio”, evento subvencionado por el Centro MacMillan de Estudios acerca de América Latina e Iberia en la Universidad de Yale.

En el foro, coordinado por los académicos María Jordán y Stuart Schwartz, también participaron el otrora decano de Estudios Generales en la UPR en Río Piedras, Jorge Rodríguez Beruff; el catedrático en Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y otrora profesor visitante en Yale, Efrén Rivera Ramos; la también académica puertorriqueña Danielle Gutarra, quien enseña en la Universidad de Princeton, y Ariadna Godreau-Aubert, coordinadora de Acceso a la Justicia de Espacios Abiertos.

“Puerto Rico tiene que descentralizar su crecimiento económico fuera del área metropolitana”, ejemplificó Alameda al tiempo que sostuvo que las políticas y estrategias que necesita la Isla para salir de su crisis no pueden ser las mismas que se aplican a una contracción producto de un ciclo de negocios.

Alameda explicó que Puerto Rico no encara un período recesionario y tampoco una depresión sino un fenómeno que en la literatura económica se describe como estancamiento secular.

Como resultado, de acuerdo con el economista, los achaques que encara la Isla no pueden atenderse con políticas convencionales dirigidas exclusivamente al aumento de la actividad económica.

“Hay que olvidarse de grandes proyectos o de gran escala, para dar paso a iniciativas que impacten las comunidades. En lugar de enfocarse en acrecer la economía, hay que en enfocarse en políticas para distribuir mejor el ingreso”, agregó Alameda mientras advertía que no será posible atravesar la crisis y el proceso de renegociación sin algún tipo de inyección de capital.

Las expresiones de Alameda coincidieron con aquellas vertidas esta semana por el nobel de Economía Joseph Stiglitz en San Juan, y quien catalogó como “un desastre” el plan fiscal que se implementaría en Puerto Rico en cuestión de semanas. Stiglitz integra la recién creada Comisión de Crecimiento, una iniciativa del Centro para una Nueva Economía.

Se necesitan $100,000 millones

Según Alameda, ante el cuadro actual, Puerto Rico tendría que invertir unos $100,000 en un plazo de seis años para que la economía medida por el producto bruto crezca entre 3% y 4% anualmente.

El Nuevo Día reveló hace poco más de una semana que el plan fiscal empujará la economía de Puerto Rico a la baja por al menos cuatro puntos porcentuales en los próximos dos años.

Alameda se mostró pesimista al indicar que las disputas ya incipientes entre la JSF y la Legislatura, así como aquellas entre bonistas y entre bonistas y el gobierno complicarán aún más las probabilidades de recuperación.

“Vamos de camino al título III (el capítulo de la ley PROMESA que provee un proceso similar de bancarrota) y un juez será el que reparta el bacalao”, dijo Alameda arracando risas de la audiencia que se congregó en uno de los auditorios de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, donde se celebró la jornada.

El fin de una era

A juicio de Rodríguez Beruff, más que una crisis fiscal y económica, Puerto Rico atraviesa una crisis institucional que parece conducir a “un cambio de época” en torno a la manera en que se ha organizado la Isla y la relación entre el territorio y los Estados Unidos.

Según Rodríguez, el arreglo “socio político” entre Estados Unidos y Puerto Rico que comenzó en la década de 1930 y que luego tomó diversos matices con las políticas keynesianas articuladas bajo el exgobernador Rexford Tugwell, y el rol que jugó Puerto Rico como parte de la estrategia militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron para viabilizar una pujanza económica que terminó con el establecimiento de la sección 936 en el Código de Rentas Internas federal y los programas de cupones de alimentos.

Sin embargo, según Rodríguez Beruff, Puerto Rico ya no representa una pieza estratégica para Estados Unidos y ni siquiera la migración -a niveles históricos- de puertorriqueños hacia el continente representa un motivo de preocupación a la clase política en el Congreso.

Al discutir alternativas que permitan la restauración de Puerto Rico, Rodríguez Beruff indicó que la diáspora puertorriqueña podría jugar un papel, pero sostuvo que esa comunidad ha sido descuidada. Explicó que la comunidad puertorriqueña en el exilio debería tener participación en los procesos de política pública en la Isla.

Sin embargo, segúnel académico, mientras países como República Dominicana y Ecuador promueven la representatividad política de sus ciudadanos en el exterior en el quehacer político , ello sería impensable para la clase política en la Isla.

Derechos humanos y coloniaje

Desde la perspectiva de Godreau-Aubert, la JSF es una muestra clara de los efectos del coloniaje en Puerto Rico y su imposición, así como el programa de austeridad que esta impulsa tendrá efectos devastadores en la sociedad puertorriqueña.

La abogada destacó la crisis que se ha suscitado en la Universidad de Puerto Rico (UPR) tras la determinación de recortar en unos $450 millones la asignación que recibe ese centro docente por parte del Fondo General.

De igual forma, Godreau-Aubert subrayó que dado que Puerto Rico no figura en la lista de colonias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a su experto en situaciones de deuda se le ha negado la oportunidad de visitar la Isla.

En ese sentido, la también integrante de la Mesa de Acceso a la Justicia, manifestó que los procesos de negociación de deuda no pueden implementarse desde una perspectiva estrictamente de negocios o financiera, pues los resultados de estos procesos tienen efectos en la vida de la gente, en especial de aquellos en pobreza, y por tanto urge que la toma de decisiones permita la participación ciudadana y se considere el tema como un asunto de derechos humanos.

Mientras, Gutarra explicó que la imposición de la JSF a Puerto Rico es otra manifestación de la postura imperial y discriminatoria que históricamente ha prevalecido hacia la Isla por parte de Estados Unidos.

A juicio de la académica, la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso incoado por los fondos institucionales Franklin Advisers contra de Puerto Rico -que terminó con la invalidación de la llamada ley de quiebra criolla- sirvió para evidenciar el tratamiento ambiguo que ha recibido la Isla y sus ciudadanos a través de los años.

Para Gutarra, las acciones de Estados Unidos hacia la Isla parten del discrimen, pues a los puertorriqueños como a otras minorías se les percibe como incapaces de gestionarse y gobernarse por sí mismos, lo que explica que el Congreso haya creado e impuesto la JSF a los puertorriqueños.

En tanto, Rivera Ramos sostuvo que la decisión de la Corte Suprema en el caso de Franklin Advisers y aquella vinculada con el concpeto de la doble exposición en el procesamiento de casos criminales en el caso de Sánchez Valle dejó a la luz como nunca antes el carácter colonial y territorial de la Isla, la que queda claramente sujeta a los poderes plenarios del Congreso.

Según Rivera Ramos, de esa autoridad absoluta del Congreso sobre Puerto Rico nace la JSF, un tratamiento que el Congreso no podría aplicar a los estados.

Incluso, explicó el catedrático Rivera Ramos, aunque PROMESA aplica a los demás territorios de Estados Unidos, para que en esos casos se active una JSF, el gobierno de ese territorio tendría que solicitarlo al Congreso federal, mientras que a Puerto Rico se le impuso el regente fiscal.


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