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Junta de Supervisión Fiscal (horizontal-x3)
El sábado pasado Carlos González, integrante de la Junta de Supervisión Fiscal, tildó de “irresponsable” y de falta de “conocimiento técnico y de hechos”, a la organización Hedge Clippers. (Vanessa Serra Diaz)

La organización ciudadana de vigilancia a Wall Street, Hedge Clippers defendió este miércoles las conclusiones de un informe en torno a la existencia de conflictos de interés por parte de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José R. González y Carlos M. García, quienes antes trabajaron en diversas instancias para las filiales de Grupo Santander en Puerto Rico, una de las instituciones bancarias que ayudó a la venta de cientos de millones en bonos del territorio estadounidense.

“Los lazos de González y García a Banco Santander, una de las instituciones a las que Puerto Rico tiene que pagarle de vuelta, es un conflicto de interés en sí mismo y eso es un hecho”, indicó Julio López Varona, integrante y portavoz de Hedge Clippers, al reiterar que ambos ejecutivos deben renunciar a sus puestos en la JSF.

“La puerta giratoria dio acceso por años hasta la administración de Luis Fortuño que benefició a Santander grandemente a medida que el banco ordeñaba un gobierno desesperado por evitar la ruina financiera a través de miles de millones de dólares en cargos de suscripción, beneficiándose en última instancia de la crisis fiscal que ayudaron a crear”, agregó López Varona.

De acuerdo con el reporte de Hedge Clippers, de un total de $61,200 millones en bonos emitidos por Puerto Rico y que el Santander ayudó a suscribir, el Gobierno pagó unos $1,100 millones en comisiones.

Según Hedge Clippers, una tercera parte de los bonos suscritos por Santander incluyeron unos $1,500 millones en intereses capitalizados. En términos simples, ello significa, que en cada emisión de bonos se financiaban los intereses que el Gobierno pagaría durante los primeros años a los bonistas.

Además, la organización de vigilancia, que analizó varias decenas de las emisiones de bonos de la Isla junto al Comité para Mejores Bancos, concluyó que de las emisiones de bonos en que Santander participó como suscriptor “principal”, unos $735 millones se utilizaron para cancelar seguros de intercambio de intereses.

El sábado pasado, González tildó de “irresponsable” y de falta de “conocimiento técnico y de hechos”, a la organización y rechazó tener interés alguno en los bonos de Puerto Rico o el Santander.

Sostuvo que los bonos que pudieron emitirse mientras trabajó para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en la década de 1980 deben haber vencido o fueron refinanciados y que trabajó hasta en Santander hasta el 2008, año que antecedió varias de las emisiones de bonos de Puerto Rico que han sido son objeto de controversia.

Mientras el presidente de la JSF, José Carrión, catalogó como “insultantes” los comentarios que se han hecho contra González y García, y describió a ambos ejecutivos como “patriotas” al dedicar de su tiempo, sin recibir paga, para encontrar una solución a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico.

García, en tanto, no participó de la conferencia de prensa donde Carrión y González contestaron todo tipo de preguntas, desde el costo de las reuniones hasta las razones para imponer un ajuste fiscal a Puerto Rico en dos años.

Hedge Clippers cuenta con el respaldo de casi una veintena de sindicatos y organizaciones de activistas ciudadanos que buscan denunciar las actividades opacas de los fondos de cobertura de riesgo en Wall Street y como estos influencian la política económica estadounidense.

“Si fueran patriotas reales y serios acerca de lo que es mejor para Puerto Rico ya habrían renunciado”, dijo López Varona al agregar que continuarán con sus gestiones para que los miembros de la JSF rindan cuentas por sus acciones.

La JSF publicará un estado financiero de sus primeros meses de gestión, los informes de bienes personales de sus miembros y los contratos que ha suscrito con diversas firmas de asesores y consultores en o antes de que termine el mes de febrero.


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