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Christian Sobrino, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, subrayó que esta es la primera vez que un cuerdo como el del BGF pasa bajo la bandera americana. ([email protected])

Desde mediados del 2015, cuando el exgobernador Alejandro García Padilla declaró que la deuda de Puerto Rico era “impagable” según fue contraída, economistas y acreedores aseguraban que el territorio estadounidense tardaría probablemente una década en regresar a los mercados de capital.

La semana pasada, sin mucho ruido, ese mantra se quebró cuando Bank of America Merrill Lynch (BoA) y Barclay’s sirvieron de suscriptores a la modificación de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la primera transacción de Puerto Rico de deuda pública en cuatro años.

El regreso de Puerto Rico al mercado municipal estadounidense con el intercambio de deuda del BGF, sin embargo, está matizado por elementos jurídicos y financieros únicos. Entre estos, el hecho de que la transacción es la primera que se completa bajo Promesa, estatuto federal cuya constitucionalidad se dirimirá mañana en el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

Asimismo, desde que la administración de Ricardo Rosselló Nevares y los principales acreedores del BGF anunciaron un acuerdo definitivo a mediados del año pasado, el pacto no ha estado exento de cuestionamientos, tanto de ciudadanos que abogan por una auditoría de la deuda pública como de acreedores participantes en los casos de Título III a cargo de la jueza federal de distrito Laura Taylor Swain.

Negocios conversó con varios de los artífices del acuerdo en el BGF para conocer cómo se llegó al pacto que puso fin definitivo al otrora agente fiscal de Puerto Rico, las justificaciones financieras que dieron pie a la creación de una estructura separada que velará por los intereses de los bonistas, y los efectos que tendrá el acuerdo en el proceso de bancarrota de la isla.

Según los entrevistados, quienes tras haber consumado el pacto quedan libres de hablar del mismo, la renegociación de la deuda del BGF por la vía voluntaria libró a Puerto Rico de lo que pudo ser una batalla legal costosa, alivió en algo las finanzas municipales y ahora allana el camino para lograr otros acuerdos en los diferentes emisores de la isla.

Un acuerdo sin precedente

“Este es un acuerdo histórico por muchas razones”, dijo el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, en entrevista con Negocios.

Según el también representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la modificación cualificada del BGF representa la liquidación de una entidad bancaria gubernamental en Estados Unidos, única en su clase, sin que mediara un asegurador como sería la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés) en el caso de la banca comercial, o sin que el gobierno entrara en un proceso de rescate como sucedió repetidamente durante la gran recesión.

“En realidad, entre las reestructuraciones corporativas, de deuda soberana y municipales no hay una transacción tan compleja como esta, y lasramificaciones del acuerdo van mucho más allá de la mera reestructuración de la obligación”, indicó por su parte Bradley C. Meyer, asesor financiero del grupo organizado de bonistas del BGF (Ad Hoc-BGF). Meyer es ejecutivo de la firma Ducera Partners y luchó por lograr un pacto para sus clientes por casi tres años y medio.

En el plano judicial, se trata de una reestructuración única en la historia de los procesos de bancarrota en Estados Unidos.

En el 2016, cuando la administración García Padilla y el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi solicitaron un remedio de bancarrota para la isla, el Congreso y el Tesoro estadounidense descartaron el capítulo 9 del Código de Quiebras federal. Ello, en parte, porque dicho Código no ofrece el remedio de la bancarrota a un gobierno estatal y porque la solución legal al impago de la isla se vislumbraba al amparo de los poderes plenarios del Congreso sobre el territorio estadounidense. Fue en ese contexto que surgió la ley Promesa.

De acuerdo con Sobrino Vega y tal como reportó antes El Nuevo Día, en Promesa se incorporó por primera vez el mecanismo de la cláusula de acción colectiva (CAC), un remedio que se utiliza en Europa para reorganizar las deudas de quienes encaran problemas financieros. Promesa incorpora en el derecho de bancarrota estadounidense el llamado CAC a través del Título VI.

En síntesis, explicó el abogado, el CAC permite que una vez el deudor y un grupo mayoritario de sus acreedores estén de acuerdo, la obligación en controversia se modifica de manera voluntaria y el saldo del ajuste se aplica a todos los acreedores, estén o no de acuerdo.

“Es la primera vez que un acuerdo de este tipo pasa bajo la bandera americana”, subrayó Sobrino Vega.

Más allá del hito legal, para Sobrino Vega y Meyer, una de las características más importantes del acuerdo del BGF se centra en haber logrado términos financieros similares para acreedores muy distintos al tiempo que se atendieron otros reclamos asociados a otras relaciones contractuales que el BGF mantenía con terceros. Ese fue el caso de los fondos federales que el BGF custodiaba a nombre de corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y las garantías que el banco fallido otorgaba a la construcción de proyectos hoteleros a través del Fondo para el Desarrollo del Turismo.

“Se necesitó una cantidad importante de liderato de todas las partes”, dijo Meyer al señalar que el acuerdo en el BGF fue en buena parte posible por las acciones de Rosselló Nevares y Sobrino Vega.

Un año de pujas y María

El año pasado, una vez la JSF determinó que la única opción para el BGF era liquidarlo, Sobrino Vega decidió hacer suya la renegociación de esa obligación.

De entrada, relató que tocó a la puerta de los acreedores y comenzó a reunirse con alcaldes rojos y azules.

En síntesis, explicó Sobrino Vega, el BGF entró en un proceso de educación o de “reality check” con sus diversos acreedores.

Fueron días y meses de enseñar los estados financieros del banco y también fueron días de negación, coraje y fuertes discusiones con alcaldes, ejecutivos de cooperativas y asesores tanto de fondos de cobertura de riesgo (bautizados como “buitres”) y de fondos institucionales.

A preguntas de Negocios acerca de la oferta monetaria que hizo el gobierno en sus negociaciones y cómo fue la dinámica de negociación, Sobrino Vega indicó que se sentó a la mesa señalando que no tenía mucho que dar.

“Cada cual tiene su estilo. Hubo momentos en que la negociación fue bien agresiva y uno descubre que también puede ser agresivo, pero después de que se acordaron los términos económicos generales, todo fluyó”, relató Sobrino Vega.

“Lo que teníamos era esto (el acuerdo alcanzado) o la liquidación”, recordó Sobrino Vega al plantear que mientras se fue afinando el cuadro financiero del BGF, se trabajó en el plan fiscal de la dependencia que finalmente la JSF aprobó.

Según Sobrino Vega, el pacto en el BGF fue posible porque en parte, el gobierno logró reunir recursos con conocimiento de la institución y de procesos de reestructuración a través de Ankura Consulting. En dicha firma, labora Juan Carlos Batlle, antes presidente del BGF y lo que ha levantado señalamientos de posibles conflictos de interés, y Kevin Lavin, quien antes fungió como oficial de emergencia para la ciudad de Atlantic City en Nueva Jersey.

En tanto, del lado de los acreedores, Ducera trajo a la mesa -aparte de la pericia de la firma en reestructuraciones- casi 18 meses de negociaciones y un acuerdo inconcluso con la administración de García Padilla.

Las negociaciones para modificar la deuda del BGF se daban en la sala de reuniones del banco en el Centro Gubernamental Minillas en Santurce, el mismo sitio donde por casi tres décadas, directivos y oficiales de la institución aprobaron endilgar a Puerto Rico con unos $72,000 millones en deuda pública. Allí también se concibió comprar productos que el gobierno no sabía manejar como los seguros de intereses o “swaps”, se concibió e impulsó el arbitrio del 4% a las foráneas como la tabla de salvación hacia el 2010 y cuatro años después, se creó la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), con la expectativa de frenar la debacle fiscal.

El proceso de negociación fue tal que Meyer relató que solo él, en los pasados tres años, hizo por lo menos 50 visitas a Puerto Rico en aras de consumar el acuerdo.

En la mesa de negociación también se sentaron sobre 50 cooperativas asistidas por la firma local Atlas Asset Management y la organización Bonistas del Patio.

Ahora que el acuerdo del BGF es definitivo, tanto Sobrino Vega como Meyer admitieron que en varias ocasiones pensaron que no lo lograrían.

“Ciertamente, a lo largo del camino, hubo muchos asuntos significativos que tuvimos que encarar incluyendo el huracán María. Huboque pensar en las ramificaciones de eso para toda la isla y hubo que contabilizar todas esas consideraciones para continuar con el acuerdo”, dijo Meyer al destacar en el caso de este acuerdo que el BGF actuó como “un socio” del proceso de negociación y se trabajó de manera “constructiva y colaborativa”.

Los detalles del acuerdo

Según Meyer, uno de los elementos que requirió bastante reflexión fue la estructura que se concibió para el repago de los nuevos bonos.

El acuerdo suscrito el pasado jueves por el gobierno de Puerto Rico se hizo a través de la recién creada Autoridad para la Recuperación de la Deuda del BGF.

Dicha entidad, creada con aval legislativo, hereda del BGF la mayoría de los préstamos municipales todavía vigentes, ciertos préstamos de corporaciones públicas, así como los inmuebles que el otrora agente fiscal no pudo vender de una iniciativa a esos efectos.

La entidad sucesora cuenta con una junta de directores independiente, cuyos integrantes fueron nombrados por los acreedores.

Además, tiene un administrador y un monitor para asegurar que las diversas agencias de gobierno continúen pagando su obligación. El dinero que se levante por el cobro de esa cartera es lo que servirá para pagar a los bonistas, a razón de 55 centavos de dólar.

En lo que atañe a la modificación de la deuda vigente, con el acuerdo se intercambiaron unos $4,200 millones en una decena de series por un solo instrumento que totaliza unos $2, y una tasa de interés de 7.5%. El instrumento vence hacia el 2040.

De acuerdo con Sobrino Vega, el acuerdo pone en las manos de los bonistas unos $400 millones en efectivo, pero en el caso de los municipios alivia sus pagos en préstamos por unos $50 millones al tiempo que les permitió recuperar en iguales términos los depósitos que mantenían en el banco.

Empero, al acuerdo no le faltan detractores. De entrada, la recuperación que se pagará es superior al precio en que traficaron los bonos del BGF en los pasados seis meses. Estos instrumentos se cotizaban hasta la semana pasada entre 44 y 45 centavos de dólar.

De igual forma, un puñado de cooperativas de ahorro y crédito alegan en corte que el BGF les indujo a comprar su deuda bajo falsas representaciones.

Y economistas como Joseph Stiglitz, así como el exconsejero del Tesoro Antonio Weiss, han planteado que Puerto Rico ha llegado a acuerdos muy generosos que no podrá honrar. Esto, porque descansan en proyecciones económicas muy optimistas.

Para Sobrino Vega y Meyer, en cambio, uno de los beneficios más importantes del pacto es que dado que la fuente de repago de la nueva deuda del BGF está separada del resto del gobierno, no se encara el riesgo de que el Fondo General tenga que responder por esta.

En ese sentido, según Sobrino Vega y Meyer, el acuerdo del BGF facilitará que también se logren transacciones en otros emisores de deuda. Ambos, incluso, indicaron que aparte de la deuda de Cofina, Puerto Rico podría llegar a un acuerdo con los bonistas de Obligación General en el 2019.


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