El presidente de esta comisión en el Colegio de Ingenieros explica cuáles daños representan un peligro mayor tras los terremotos en Puerto Rico.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) emplazó ayer al gobierno a aprovechar el peritaje colectivo de sus miembros e integrarlos a las evaluaciones de vías, viviendas, escuelas e infraestructura crítica que se tienen que hacer tras los terremotos registrados esta semana.

“Estamos aquí para ser facilitadores del gobierno. No vamos a usurpar las labores del gobierno”, manifestó el presidente del CIAPR, Juan F. Alicea Flores, quien indicó que ya el gremio se reunió con la gobernadora Wanda Vázquez.

“A corto plazo, todas las viviendas con alguna grieta deben ser inspeccionadas por un perito. Y estamos aportando en eso”, informó Alicea. Pero recalcó que, “a mediano plazo, con las construcciones informales, tenemos que cobrar más juicio de no subvalorar la importancia de esta gestión”.

Mientras cientos de personas en el sur pernoctan al aire libre por temor a que con otro sismo la casa les colapse encima, el ingeniero estructural Félix Rivera advirtió que la presente emergencia es un duro recordatorio de que en Puerto Rico hay más de 200,000 residencias construidas informalmente.

“Veamos la magnitud del daño y, entre todos, busquemos que la ciudadanía tenga un compromiso mayor de construir de forma segura. Hay casas que las podemos mejorar. Hay métodos para ponerlas un poco más segura” , recalcó Rivera. Estas medidas incluyen soluciones de costo bajo a moderado y que pueden efectuarse por etapas, como reforzar con crucetas y agregar paredes de concreto armado, mencionó Alicea. “Muchos de nosotros nos criamos en una casa como esa. Hasta mis hermanos tienen casas como esa y nos corresponde ayudar”.

A su vez, Rivera indicó que el CIAPR propone una solución permanente para elevar el nivel de seguridad y adopción de código: “Estamos proponiendo que se haga un plan de inspección periódica... para que las estructuras sean inspeccionadas por ley a los 20, a los 30 años”. La medida requeriría legislación para ganar acceso también a propiedades privadas como condominios, colegios y otros edificios.

Los expertos recalcaron la necesidad de que las escuelas públicas sean inspeccionadas y reforzadas contra sismos antes de que vuelvan a ser ocupadas, debido a que, según denunciaron, solo 500 se han reparado para resistir sismos.

En el manejo de la red eléctrica y su infraestructura, los ingenieros también se hicieron disponibles a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en especial por la experiencia de Alicea como exdirector de la corporación pública.

Faltó prudencia en la AEE

“La interrupción general no debió haber pasado. Se había concentrado en esa zona sur 50% de la carga”, planteó Alicea en alusión a las plantas afectadas, Costa Sur y Ecoeléctrica, que se suman a Central Aguirre y AES en Salinas y Guayama. Entonces, dado que la región sur llevaba unas semanas registrando actividad sísmica más frecuente y el 28 de diciembre se produjo un sismo de magnitud 4.7, reconoció que “lo prudente hubiese sido bajar la producción allí y repartirla por otras plantas”.

Pero no se hizo y cuando los sensores de vibraciones activaron el sistema de autoprotección, se llevó consigo el resto del sistema. Entonces toma días y mucha cautela ir encendiendo y entrando a un sistema inestable las unidades en el oeste y el norte que no estaban funcionando.

A su vez, Alicea recalcó que los sensores y la autoprotección son medidas de vida o muerte para los empleados y también para la comunidad, por los equipos de 200 toneladas, además de enormes tanques de combustible y gases peligrosos como amoniaco.


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