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A la derecha, Fernando Padilla, administrador de la Oficina de Restructuración y Asuntos Fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica. (Suministrada)

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) necesita la aprobación del controvertido acuerdo con un grupo de bonistas para sostener sus operaciones, facilitar la propuesta privatización de sus activos y obtener crédito nuevo, a través de concesionarios, reiteró el administrador de la Oficina de Restructuración y Asuntos Fiscales de la agencia, Fernando Padilla.

El funcionario hizo el reclamo en un foro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados en el que afirmó que si no se hubiese hecho ese acuerdo “esa tarifa (de electricidad) se habría trepado a 28 o 29 centavos (kilovatio hora) o quizás más”.

Argumentó que “previo a los acuerdos de la semana pasada teníamos $9,000 millones en deudas, con ingresos decreciendo, clientes decreciendo y una tarifa que no está cubriendo las necesidades del sistema”.

La referencia al 2014 es por la fecha en que la AEE logró un arreglo con acreedores que le liberó entonces del pago de su deuda.

Reconoció que es debatible si la reducción a $7,000 millones en este acuerdo es suficiente, pero insistió en que “la deuda existente no es sostenible para nuestras operaciones. La AEE no puede ser sostenible con la deuda y el cliente y la economía no pueden absorber $9,000 millones en deuda”.

En este foro sobre el futuro del sector energético en Puerto Rico, participaron además los senadores Larry Seilhamer y Eduardo Bhatia, el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés y el gerente general de la empresa Eco Eléctrica, Carlos Reyes.

Los senadores explicaron la nueva política energética dispuesta en la recién aprobada Ley 17-2019.

En su intervención Bhatia adelantó que movilizará la oposición a que se cobre un impuesto a la generación individual de energía, tal y como contempla el mencionado acuerdo. “No importa el acuerdo que se haya hecho con los bonistas, para pagar la deuda, no se le puede poner un impuesto al sol. Le quieren poner 2.4 centavos a lo que usted produzca, que no lo produjo la Autoridad”, señaló.

Recordó que la Ley 17 prohíbe imponer cargos directos o indirectos a la autogeneración.

Ambos senadores recordaron que nueva política contenida en ese estatuto ordena modernizar el sistema eléctrico, incrementar el uso de energía renovable, descentralizar la generación de energía mediante productores independientes; y eliminar el uso del carbón y el petróleo.

Crea además la figura del “prosumidor”, que es el consumidor que produce su propia energía y vende lo que no utiliza a la AEE, e incluye varias disposiciones para facilitar ese proceso.

Costosa la transformación

Reyes resaltó, por su parte, la complejidad de la transformación propuesta. Estimó que alcanzar el nuevo modelo congeneración distribuida; mayor uso de energía renovable y la creación de microrredes que sirvan distintas regiones, podría tomar 10 años.

Indicó, por otra parte, que la inversión necesaria para todo este proceso está cerca de los $21,000 millones, de los que $16,000 millones se irán en la red de transmisión y distribución.

Esa inversión, según el Plan Integrado de Recursos de la AEE se hará con los fondos federales que se espera reciba la agencia y por las empresas que finalmente asuman las operaciones que hoy desarrolla la entidad.

Avilés informó, por su parte, que están en proceso de aprobación los reglamentos de trasbordo de energía, de inteconexión de micro redes; y el de cooperativas energéticas, entre otros.


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