Jornada crucial para la deuda pública (horizontal-x3)
La jueza tendrá que dirimir los planteamientos de bonistas y aseguradores, mientras recibe información conflictiva en torno a la salud del fisco puertorriqueño y todavía en ausencia de estados financieros. (Gerald López Cepero)

La jueza Laura Taylor Swain avalaría hoy el mecanismo para que los bonistas de Obligaciones Generales (GOs) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) se sienten a la mesa de negociación.

De ser el caso, Swain sentaría las bases para que comience la renegociación activa de la mayor parte de la deuda de la isla.

Luego de meses de objeciones, y de un revés en el tema a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los bonistas de GOs y Cofina han aceptado recurrir a un proceso de mediación. Ello, según una estipulación enmendada y adoptada entre ambos grupos.

Si bien la aseguradora Ambac Assurance Corporation ha expresado reservas con el proceso y los bonistas de Cofina han reclamado designar a su representante en la mesa de negociación, a partir de hoy Puerto Rico podría dar un paso decisivo si Swain avala la estipulación entre las partes.

El asunto es el primer tópico en una agenda de 29 páginas que Swain se propone atender entre hoy y mañana, cuando la magistrada continúe dirimiendo los casos de Título III de Puerto Rico.

Al presente, Swain dirime los argumentos de cinco peticiones de Título III (parecidas al proceso de bancarrota), radicadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a nombre del gobierno central, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), así como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y aquella de Energía Eléctrica (AEE).

A esa lista de casos, se agregan, al menos, 18 procesos adversativos que incluyen desde la demanda por información del Centro de Periodismo Investigativo hasta los recursos incoados por aseguradoras municipales, suplidores del gobierno y reclamos de los fiduciarios de la deuda de la isla, quienes han pedido auxilio a la corte para saber si deben desembolsar, o no, el dinero que debiera pagarse a los bonistas.

Sigue las incidencias:

En lados encontrados

En esta ocasión, sin embargo, Swain resolverá las controversias ante su consideración, mientras la JSF -que representa al gobierno ante la corte según PROMESA- y la administración de Ricardo Rosselló Nevares libran una lucha de poder por la reducción de la jornada laboral.

Asimismo, la jueza tendrá que dirimir los planteamientos de bonistas y aseguradores, mientras recibe información conflictiva en torno a la salud del fisco puertorriqueño y todavía en ausencia de estados financieros.

Por un lado, el gobierno dice tener liquidez por encima de lo requerido por la JSF para no reducir la jornada laboral aunque no para pagar a los bonistas.

Del otro lado, la JSF ha pedido a Swain que no pierda tiempo, pues el gobierno tendría una crisis de efectivo tan pronto como en noviembre y diciembre próximo.

Además, Swain toma decisiones teniendo como telón de fondo dos demandas que alegan que las acciones de la JSF son inconstitucionales y ciertos bonistas de la ASR demandaron al gobierno de Estados Unidos, alegando que la JSF les ha perjudicado y toca a ese gobierno pagarles.

Buscan sitio y voz

Mientras, Swain debe decidir si modificará los comités de acreedores que designó el Síndico de Quiebras de Estados Unidos o creará nuevos.

“Al presente, en el mejor de los casos, no está claro si el comité de Retirados pretende representar solo los intereses de los retirados    o si también pretende representar los   intereses de los empleados de gobierno activos y los participantes de los planes de pensiones”, reza la moción de Fideicomiso del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (Retiro-UPR).

Según la moción de Retiro-UPR, urge decidir si se remueve a un integrante del actual comité de Retirados para acomodar a su representante o se crea un comité para representar a los empleados del gobierno. Esto último también fue planteado por el sindicato United Auto Workers International, al señalar la posibilidad de un conflicto de interés en el comité de Retirados porque la situación de los empleados activos que cotizan a planes de retiro es distinta de los ya jubilados.

“Los municipios son parte con interés y reclamantes en las peticiones radicadas ante este tribunal”, reza por su parte una moción del grupo Ad Hoc Municipios, organización que pide se cree un comité para representar estas entidades o sus ciudadanos.

De entrada, la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la ACT se oponen al pedido de los municipios. Los ayuntamientos alegan quedarán sin respaldo por parte del gobierno central, una vez se eliminen los subsidios que reciben y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) les “confiscó” parte de sus recaudos.

Aunque el grupo Ad Hoc GOs se sentaría a negociar su disputa con Cofina, estos alegan que el comité de acreedores no asegurados debe reconstituirse o nombrarse un nuevo comité, pues el actual no les representa.

“Más aún, el comité está integrado por varios tipos de acreedores a quienes el gobierno ha continuado pagando o promete pagarle en su totalidad o casi en su totalidad y a dos uniones que podrían no tener reclamación alguna”, alegaron los bonistas que poseen deuda constitucional y quienes no cobran un centavo desde hace un año a pesar del orden de pago establecido en la carta magna.

Un insulto, la pesquisa

La lucha por lograr un espacio en la mesa de negociación surge al tiempo en que Swain tendrá que decidir si da paso a la investigación de la deuda de la isla, según solicitó el comité de Acreedores no Asegurados.

Al objetar la moción, Popular objetó el tono “inflamatorio”, los insultos e insinuaciones hechas por el comité, negando haber incurrido en cualquier práctica ilícita.

Asimismo, aunque el conglomerado dijo estará dispuesto a cooperar, advirtió que el requerimiento de documentos hecho por el comité comprende unos 11 años, lo que no sería cónsono con las reglas de la corte. En ese sentido, Popular dejó entrever que si la corte da paso al pedido, atenderá cada solicitud de documentos, uno por uno, lo que podría implicar objetar cada solicitud.

En tanto, al objetar la pesquisa, Santander, la segunda firma señalada para proveer documentos al proceso investigativo de la deuda pública, aseguró que el comité de Acreedores No Asegurados carece de poder para encausar una pesquisa de la deuda de la isla.

Entre otras cosas, Santander alega que a quien compete examinar la deuda de la isla es a la JSF, según establece PROMESA.

Según Santander, firma que reconoce en su moción que tramitó millones de dólares en emisiones de bonos del gobierno, lo que debió producirle de igual forma beneficios millonarios, el pedido del comité resultaría -en términos financieros- en “un peso” mayor que el beneficio que dicha documentos aportaría al proceso investigativo.

Incluso, la Aafaf y la JSF se oponen a que se indague el endeudamiento de la Isla. En el caso de la Aafaf, la entidad aseguró que el poder investigativo en el tema está en manos de la JSF, cosa que también reclamó el ente federal.


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