Nydia Chéverez y Norma Rodríguez, profesoras retiradas de la UPR.  (GFR Media) (semisquare-x3)
Nydia Chéverez y Norma Rodríguez, profesoras retiradas de la UPR. (GFR Media)

Una decena de profesores jubilados de la Universidad de Puerto Rico (UPR), algunos ataviados con el atuendo que les reconoce como doctores en sus respectivas disciplinas, se dieron cita en las afueras del Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se propone aprobar el plan fiscal de ese centro docente y que de llevarse a cabo, resultaría en el cierre de ese plan de pensiones.

“Nosotros sí hicimos ajustes… Nos aumentamos la aportación individual a 12%”, ejemplificó a El Nuevo Día, la catedrática jubilada de la Escuela de Trabajo Social de la UPR en Río Piedras, Norma Rodríguez.

Rodríguez, quien junto a su homóloga en el Recinto de Ciencias Médicas, Nydia Chéverez, portaba un cartel asegurando que cero pensiones es sinónimo de pobreza, explicó que en los pasados años, los participantes del Sistema de Retiro de la UPR, voluntariamente accedieron a varios ajustes a la compensación que reciben como extender la edad de jubilación y aumentar las aportaciones individuales, por lo que las medidas que impulsa la JSF solo empobrecerán más a una clase profesional que ha contribuido a la formación de miles de estudiantes.

Los profesores miembros de la Asociación Puertorriqueña de ProfesoresUniversitarios (APPU) expresaron que el presidente de la junta de síndicos del Sistema de Retiro UPR, Eduardo Berríos, no recibió el aval de la JSF para expresarse durante la reunión pública que celebra ese organismo, pero se mostraron confiados en que el presidente de la organización de la que son parte, Javier Córdova, pueda presentar al organismo federal evidencia del efecto nocivo que los cambios a ese plan de pensiones tendría en miles de jubilados y sus familias.

Este martes, la JSF lleva a cabo su décimoquinta reunión pública con el objetivo de certificar las nuevas proyecciones financieras y macroeconómicas que sirven de base al plan fiscal del gobierno central. De igual forma, la JSF aprobaría el plan fiscal de la UPR, que contempla continuar con un alza en el coste de matrícula, la consolidación de operaciones administrativas y la conversión del plan de pensiones de la UPR de un sistema que otorga una pensión en función de una fórmula de salario, años de servicio y edad a un plan donde la pensión se calcula en función de lo que ahorran los participantes del sistema.

De la misma manera en que el gobierno central como patrono de miles de empleados públicos no hizo las aportaciones requeridas a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), la UPR tampoco asignó recursos suficientes para asegurar la solvencia de ese plan de pensiones.

Al presente, Retiro UPR cuenta con una relación de solvencia que ronda el 40%. Para la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el sistema no está sólido financieramente y por ende, no tendrá capacidad para honrar sus obligaciones, lo que requiere la reforma que impulsa el organismo y que en términos generales podría resultar en un recorte de 25% a las pensiones de ese grupo de jubilados.


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