Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media) (semisquare-x3)
Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Ante la falta de voluntad de la clase política para adoptar varias de las reformas estructurales que se requieren, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se propone certificar esta semana un nuevo plan fiscal para el gobierno central que pinta un cuadro económico más favorable para los puertorriqueños en los próximos cinco años, pero a la larga, se trata de una receta de impuestos, recortes y reformas estructurales que dejaría a Puerto Rico nuevamente en un cuadro deficitario en poco menos de dos décadas.

Ese cuadro favorable que presenta el plan fiscal en el corto plazo, sin embargo, depende de que se lleven a cabo múltiples cambios en la forma en que opera el gobierno y funciona la economía, un enfoque y nivel de compromiso que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, admitió este lunes no existe plenamente.

“Mientras este plan incluye varias reformas estructurales, hay otras que permanecen y que no se incluyeron porque la voluntad política para adoptarlas simplemente no existe”, dijo Jaresko en una conferencia de prensa en la que ofreció una sinopsis de los cambios que se reflejarán en el plan fiscal del gobierno central.

Más fondos federales

De acuerdo con el borrador divulgado hoy por el organismo creado a través de la ley federal Promesa, el gobierno recibirá en los próximos 10 años, unos $82,086 millones en fondos federales vinculados a la recuperación tras el paso del huracán María.

Esa cifra es prácticamente unos $20,000 millones más en fondos asociados a la recuperación que las proyecciones iniciales. Según la JSF, eso se traducirá en niveles de crecimiento económico mejores, pues se trata de una inyección de capital no vista en décadas. A corto plazo, la inyección federal será el equivalente de un 19.7% a 13.9% del producto bruto de Puerto Rico.

La inyección de capital hará que el fisco reciba más ingresos, lo que permitiría pagar a los bonistas a corto plazo.

Pero a largo plazo, o sea, hacia el año 2033, una vez se acabe el capital asociado a la recuperación y habida cuenta que el gobierno no impulsará reformas abarcadoras que incidirían en el entramado económico de Puerto Rico (entre ellas, los impuestos y el mercado de trabajo), el territorio estadounidense no tendrá para pagar a sus bonistas. Esto, aún considerando que los nuevos números del gobierno central dan por sentado que el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), presentado el pasado viernes a la jueza de distrito federal LauraTaylor Swain, será aprobado en el tribunal.

Sobrantes presupuestarios en un hilo

El problema con las proyecciones favorables de los próximos cinco años divulgadas este lunes es que la JSF parte de la premisa de que el gobierno implementará cambios que se sabe de antemano, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares no implementará.

El borrador de la versión actualizada del plan fiscal, por ejemplo, considera que el presupuesto del gobierno central, estará cuadrado en los próximos porque los números contemplan que las pensiones se reducirán, en promedio, un 10%.

Además, aunque el plan considera un cierto riesgo de implementación, Jaresko admitió que el plan fiscal descansa en que el gobierno logrará, en esencia, la totalidad de los ahorros que se han estimado por la vía de consolidación de agencias.

Asimismo, el plan fiscal considera que no habrá cambios en los recaudos asociados a la ley 154, que estableció el arbitrio a las compañías foráneas controladas. Empero, en círculos contributivos a nivel federal, comienzan a surgir dudas acerca de si las empresas manufactureras que pagan ese impuesto a Puerto Rico continuarán acreditando dicha obligación contra sus impuestos a nivel federal, luego de la reforma tributaria aprobada por el gobierno estadounidense el año pasado.

“La implementación será la clave”, dijo Jaresko.

La JSF discutirá el plan fiscal del gobierno central este martes en una reunión pública en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde también certificaría el plan de la Universidad de Puerto Rico.

El gobierno analiza los cambios

Por su parte, el representante del gobernador en la JSF, Christian Sobrino, indicó mediante comunicación escrita que se encuentran en el proceso de analizar los detalles del borrador del plan fiscal.

"Estaremos ofreciendo la postura del Gobierno en cuanto al plan fiscal durante la vista pública de la Junta pautada para mañana, martes. De entrada reconocemos que la Junta acogió varias de nuestros proyecciones económicas reflejando un panorama económico más alentador. Por tal razón recomendamos en septiembre una reducción en las medidas de austeridad promulgadas por la Junta, a la vez que se permitía una solución equitativa con nuestros acreedores y pensionados", sostuvo Sobrino.

"Es este acercamiento balanceado el que verdaderamente promete solvencia fiscal a largo plazo y viabiliza acuerdos sostenibles con nuestros acreedores. Esta administración se ha tenido que enfrentar a una crisis fiscal y dos huracanes sin precedentes. Las acciones de nuestro gobierno han reflejado una abundancia de voluntad para hacer lo necesario por el progreso y la transformación de Puerto Rico. Señalamientos generalizados acerca voluntad política en respuesta a diferencias de criterio son inoportunos y minan los fundamentos del proceso de mediación del Título III al cual el Gobierno de Puerto Rico se mantiene comprometido", añadió el funcionario.


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