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La Junta dijo que se tomará más tiempo para hacer los cambios  técnicos y macroeconómicos requeridos en el plan fiscal. (GFR MEDIA) (horizontal-x3)
La Junta dijo que se tomará más tiempo para hacer los cambios técnicos y macroeconómicos requeridos en el plan fiscal. (GFR MEDIA)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció hoy que canceló la reunión que tenía pautada para mañana, viernes, en San Juan para evaluar y certificar el presupuesto 2018-2019 antes de que terminara el trámite de la Legislatura.

“Los miembros de la Junta de Supervisión extendieron voluntariamente las fechas límites para permitirnos continuar trabajando con el Gobierno de Puerto Rico en busca de un mayor alineamiento en el plan fiscal certificado y el presupuesto del año fiscal 2019”, indicó el presidente de la Junta, José Carrión en un comunicado de prensa.

Asimismo, Carrión añadió que “dado el apretado calendario requerido por esos esfuerzos adicionales con la Administración, y la incapacidad de la Legislatura de aprobar el importante componente del paquete de Reforma Laboral incluido en el plan fiscal certificado, es decir la derogación de la Ley 80, estamos cancelando la reunión pública para permitir que el trabajo necesario se complete y para poder cumplir con la fecha límite del fin del año fiscal este sábado 30 de junio”, dijo Carrión.

La decisión de cancelar la reunión se debió tomar pasada la noche porque una fuente de El Nuevo Día certificó que los trabajos estaban pautados para realizarse mañana, viernes.

La cancelación de la reunión se da a conocer a 72 horas para que venza el plazo dispuesto constitucionalmente para aprobar el presupuesto del próximo año fiscal.

Se supo que la Legislatura tendrá una sesión hoy, a puerta cerrada, para tomar las decisiones que anunciaría mañana, viernes. Ahora se desconoce si esto continúa en pie.

La semana pasada, la Cámara de Representantes y el Senado avalaron, con enmiendas, su versión del presupuesto para el año fiscal 2018-2019, que asciende a $8,782 millones, monto que sobrepasa por $33 millones el recomendado por la Junta.

Una de las mayores diferencias entre la Rama Legislativa y la Junta radica en la exigencia del organismo federal en la eliminación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976), como parte del acuerdo que alcanzó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para preservar el bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos durante la vida del plan fiscal a cinco años.


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