El presidente de la Junta, José B. Carrión, le envió la carta al gobernador Ricardo Rosselló y a los presidentes legislativos. (Archivo / GFR Media) (horizontal-x3)
El presidente de la Junta, José B. Carrión, le envió la carta al gobernador Ricardo Rosselló y a los presidentes legislativos. (Archivo / GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal amenazó con ordenar que no se ponga en vigor una ley aprobada a finales del año pasado que pretende reestablecer el programa de Escuelas Libre de Drogas y Armas al encontrar que el estatuto es inconsistente con el Plan Fiscal que rige los destinos financieros de Puerto Rico.

En una carta firmada por el presidente de la Junta, José B. Carrión, se le solicita al gobernador Ricardo Rosselló y a los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos J. Méndez Núñez que eliminen la inconsistencia o que provean una explicación apropiada para su implantación a pesar de que no se cumple con el Plan Fiscal.

“Si fallan al eliminar la inconsistencia en la Ley 119 o en proveer una explicación para la inconsistencia que la junta encuentre razonable y apropiada dentro de la Sección 204 (de la Ley Promesa), la Junta puede tomar las acciones que considere necesarias, incluyendo prevenir la puesta en vigor de la Ley 119”, sostiene la misiva.

Este estatuto no contó con el endoso de La Fortaleza. De hecho, el 15 de noviembre, la entonces gobernadora interina y secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, impartió un veto a la medida por entender que el proyecto de ley obstaculiza la obtención de fondos federales.

La Junta de Supervisión Fiscal amenaza con detener una ley by El Nuevo Día on Scribd

“Según redactada y aprobada la medida, esta pudiera incidir negativamente en la obtención de fondos federales en temas relacionados, por parte del Departamento de Educación. No obstante, si la propuesta legislativa se armoniza con los estatutos y/o reglamentos federales aplicables, estaríamos en posición de poder considerar favorablemente la medida”, dice una carta enviada por Vázquez que explica el veto impartido a la medida.

La ley fue aprobada al ser reevaluada por las cámaras legislativas y conseguir los votos suficientes para ir sobre el veto del Ejecutivo, convirtiéndose así en la Ley 119. No obstante, La Fortaleza posteriormente no certificó el cumplimiento el nuevo estatuto con el Plan Fiscal, asunto con el que concurrió el organismo creado por el Congreso estadounidense que rige las finanzas de Puerto Rico.


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