José Carrión, Ana Matosantos y David Skeel, miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (horizontal-x3)
José Carrión, Ana Matosantos y David Skeel, miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.

Washington - Al divulgar, tan pronto como mañana martes, los planes fiscales que prevé certificar esta semana, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mantendrá su exigencia de proponer al tribunal de bancarrota territorial reducir las pensiones públicas de los puertorriqueños un promedio de 10%.

Hasta el fin de semana, la JSF mantenía bajo revisión los reclamos que hizo al gobernador Ricardo Rosselló para que incluyera en el plan fiscal revisado del gobierno central las bases de una reforma laboral que, entre otras cosas, reduzca de forma inmediata de 15 a 7  días el mandato por ley para las licencias de vacaciones y enfermedad de los trabajadores de la empresa privada, según dos fuentes cercanas al organismo que controla las finanzas gubernamentales.

“En términos de la reforma de pensiones, la posición de la JSF no ha cambiado desde el año pasado”, indicó una de las fuentes de la JSF, al subrayar que no variarán la intención de llevar ante la jueza Laura Taylor Swain, más tarde en el año,  el plan de ajuste para reducir las pensiones públicas.

Bajo el plan fiscal propuesto por el gobernador, los recortes alcanzarían $1,450 millones en cinco años. La JSF ha pedido que totalicen $1,580 millones para junio de 2023. 

Aunque la ley federal Promesa autoriza la reestructuración de los sistemas de retiro, hay dudas de si tiene autoridad  para imponerle al gobierno de Puerto Rico una reforma de los estatutos laborales, como la reducción de las licencias de vacaciones y días de enfermedad, la eliminación del mandato por ley del bono de Navidad o las protecciones contra el despido injustificado.

El gobernador Rosselló estuvo de acuerdo en 2017 con una reducción de las pensiones de los retirados del gobierno, pero entonces su idea era presentar recortes del 6%. En estos momentos, está en contra. 

Hace unas semanas, después de negociaciones con la JSF,  el gobernador Rosselló propuso una reforma laboral parecida a la que negociaba con los miembros de la Junta, con diferencias en torno a cómo equilibrarla con un aumento en el salario mínimo y en qué momento ponerla en vigor. 

El gobernador Rosselló retiró la propuesta cuando la JSF requirió que la reforma laboral esté en pleno vigor en enero de 2019, en vez de aplicarla de manera paulatina por los próximos tres años, y condicionó el aumento de $7.25 a $8.25 por hora en el salario mínimo a que se registraran incrementos en la tasa de participación laboral.

Previo a la decisión del gobernador de retirar la reforma laboral, sin embargo, la propuesta iba destinada a fracasar por lo menos en la Cámara de Representantes, donde los propios legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) se rebelaron, y  el exgobernador Carlos Romero Barceló le había advertido a Rosselló que esa propuesta sería su ‘Ley 7’, en referencia a los miles de despidos  ordenados por el entonces gobernador Luis Fortuño, quien luegofracasó en su intento de reelección.

“La JSF continúa pensando que la reforma (laboral) es esencial para que Puerto Rico tenga crecimiento económico una vez los fondos federales (asignados para mitigar el desastre causado por el huracán María) empiecen a agotarse (quizá en un plazo de cinco años). En la medida en que las reformas estructurales importantes no se hagan, corre el peligro de que la economía no crezca”, dijo una de las fuentes de la  JSF.

La teoría de la JSF es que, junto a las decenas de miles de millones de dólares que llegarán en asistencia federal para mitigar desastres, la reforma laboral ayudará a que la economía crezca, y se facilite la contratación de empleados y la inversión.

Pero la JSF considera que, sin la reforma laboral, la economía volverá a caer una vez que se extinga la asistencia federal de emergencia y que se le hará más difícil al gobierno de Puerto Rico tomar prestado a una tasa razonable. Sin acceso razonable al mercado financiero, la autoridad fiscal, que se proyecta que estaría vigente por lo menos hasta 2026, tendría que prolongar su presencia.

Entre otros, el economista José Alameda, profesor del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM),  ha cuestionado, no obstante, que la reforma laboral pueda verse como un mecanismo de crecimiento económico. “Por eso”, apuntó recientemente Alameda en El Nuevo Día, “ningún funcionario del gobierno puede con certeza razonable y por medio de un ejercicio matemático o econométrico, aseverar cuántos empleos crearía una estrategia como ésta”.

Bajo la ley Promesa, que también creó el sistema judicial territorial para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, la JSF será una capa de poder sobre el gobierno local hasta que se logren cuatro presupuestos balanceados consecutivos y acceso a mediano y largo plazo a los mercados financieros.

“Si bien la falta de cooperación con la JSF puede ser buena en términos políticos a corto plazo, simplemente retrasa el retorno de la confianza y extiende el tiempo que le tomará a la Junta de Supervisión dejar la isla”, sostuvo Gregory Makoff, experto del grupo de estudio  Centre for International Governance Innovation (CIGI) que trabajó un año como asesor del Departamento del Tesoro en el caso de Puerto Rico y antes fue director gerente de Citi Group.

Makoff ha recomendado a la JSF y a Rosselló que propongan  a la jueza Swain un recorte, de $45,000 millones, a $6,000 millones de la deuda pública respaldada por impuestos, con pagos de solo 13.6 centavos de cada dólar adeudado, con la idea de equipararla al promedio que tienen los estados. 

 La idea de equilibrar la deuda de la isla con la realidad a que se enfrentan los estados tiene acogida dentro de la JSF, según una de las fuentes.

Sesiones de la Junta

La intención de la JSF es  divulgar tan pronto como mañana –quizá en horas de la noche- los planes fiscales que prevé certificar en sus reuniones del jueves y viernes, que convocó el sábado para el Centro de Convenciones de San Juan.

En primer lugar, la JSF quiere certificar el jueves los planes fiscales del gobierno central y el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

 Al día siguiente, votaría sobre los planes de las demás corporaciones públicas: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Banco Gubernamental de Fomento, la Universidad de Puerto Rico  y la Corporación para Supervisión y Seguro de Cooperativas.

A diferencia de otras ocasiones, la JSF divulgaría los planes fiscales que se propone certificar por lo menos 24 horas antes de las sesiones. Y el del gobierno central quieren divulgarlo el martes, indicó una de las fuentes.

Pese a las diferencias puntuales en los temas de la reforma de las pensiones y de los beneficios laborales, fuentes del gobierno y de la JSF sostienen que el diálogo entre las partes ha sido constante, directamente o a través de los asesores de ambas partes. 

Las coincidencias superan el 90% del contenido del plan fiscal, dijeron.

El camino al tribunal

El debate sobre las pensiones, aunque requiere legislación, es una controversia que la JSF puede llevar al tribunal de bancarrota cuando se consideren los planes de ajustes a la deuda, quizá a finales de año, coincidieron las dos fuentes cercanas a la junta consultadas por El Nuevo Día. 

“Ese asunto está claro que lo va a resolver en su momento el tribunal”, dijo una de las fuentes, al indicar que es claro el poder de la JSF para proponer una reforma en los sistemas de retiro.

La JSF no tiene mecanismos administrativos o legislativos para implementar una reforma laboral.

La ley Promesa le otorga a la JSF el poder de imponer un plan fiscal y proponer al tribunal de bancarrota territorial, que preside la jueza Swain, “el plan de ajuste fiscal con respecto a cualquier deudor del Título III”,  dijo el abogado Richard Cooper, del bufete Cleary Gottllieb, empresa que -en nombre del gobierno de Alejandro García Padilla- participó de la negociación sobre la redacción de los apartados de Promesa relacionados con la reestructuración de la deuda.

Cooper sostuvo que “la capacidad de la Junta de Supervisión de impulsar políticas públicas específicas surge esencialmente” de los poderes de imponer planes fiscales y de llevar ante el tribunal un plan de ajuste de la deuda pública de la isla.

Pero, al mismo tiempo, agregó que “el Congreso no otorgó a la JSF el poder de promulgar leyes o designar o reemplazar a funcionarios del gobierno y dejó al gobierno de Puerto Rico la capacidad y la responsabilidad de hacer la ley (siempre que sea coherente con el plan fiscal y el plan de ajuste fiscal una vez adoptado) y manejar el gobierno, con todo lo que eso conlleva”.

Cooper subrayó que “los primeros borradores de lo que se convirtió en PROMESA incluyeron un lenguaje que habría otorgado a la JSF poderes más amplios sobre estos asuntos -siguiendo el estatuto aprobado por el Congreso para resolver la crisis fiscal que involucraba a Washington D.C.-, pero eso fue rechazado por el gobierno de Puerto Rico y el Congreso”.

La misma disyuntiva existe en torno a las exigencias que ha hecho la JSF a favor de la independencia de la Comisión de Energía de Puerto Rico y el Instituto de Estadísticas.

La JSF, según las fuentes, ha explorado con el gobierno la posibilidad de que las decisiones de la Comisión de Energía, aunque pase a formar parte de una  Junta Reguladora de Servicio Público, no puedan ser revertidas por la dirección de la nueva entidad.

Promesa

En el Congreso, mientras, no hay ambiente para enmendar la ley Promesa, y tratar de  armonizar el poder de la Junta para aprobar un presupuesto y planes fiscales, con su posible falta de autoridad para ejecutar reformas, como los cambios a las normas federales que impulsa.

Las diferentes visiones de los principales líderes del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de EE.UU. son un ejemplo de la falta de consenso.

Por un lado, el presidente del comité, el republicano Rob Bishop (Utah) –quien tuvo a su cargo guiar el proceso de aprobación de la ley Promesa- ha reconocido a la JSF poderes para ordenar reformas estructurales del gobierno. 

Mientras, el portavoz de la minoría demócrata, Raúl Grijalva, ha exhortado a la junta federal a desistir de “ignorar el sufrimiento del pueblo puertorriqueño”, y echar a un lado los recortes en las pensiones públicas y en los beneficios laborales. 

¿Si el gobernador no somete un proyecto para legislar la reforma laboral, la junta iría al tribunal a demandar que se implemente?, cuestionó El Nuevo Día a una de las fuentes de la JSF. “La probabilidad de que eso ocurra es baja”, respondió.

Un asesor de Bishop dijo recientemente que, si la administración de Rosselló no implementa la reforma laboral que propone la Junta, la opción para la JSF sería entonces reducir más los gastos del gobierno de Puerto Rico . Y, dentro de la JSF, dijo una de las fuentes, se entiende que reducir más  el presupuesto gubernamental sería una alternativa. 

Carlos Ramos González, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, piensa que, pese al tranque,  “de una manera u otra la junta va a terminar imponiendo su criterio. Lo que está por verse es cómo lo hace”.


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