Mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se disputan la implementación del presupuesto para el año fiscal en curso, el organismo federal trabaja con premura en un plan de ajuste para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), supo El Nuevo Día.
Tres fuentes separadas indicaron a este diario que los asesores de la JSF trabajan en el plan de ajuste de Cofina a la luz del acuerdo inicial que han suscrito los agentes que tenían a cargo resolver a quién pertenecen los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
El progreso de ese acuerdo inicial, según el expediente de los casos de Título III de Promesa, ya ha sido incluido en la agenda de la audiencia general que celebrará la jueza Laura Taylor Swain el 25 de julio.
Según las fuentes, el plan de ajuste que trabaja la JSF depende, en primer lugar, de que el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y la agente que representa a Cofina materialicen el acuerdo inicial. También dependerá de que, en una etapa posterior, bonistas y aseguradores municipales den su aprobación, y que este reciba la autorización de Swain, según lo establecido en el Título III.
Pero, según las fuentes, quienes pidieron no se les citara por no estar autorizados a hablar del tema, el ritmo de las conversaciones entre el UCC y la agente de Cofina, Bettina M. Whyte -animadas por el proceso de mediación ordenado por Swain- ha sentado las bases para que la JSF trabaje en el plan de ajuste de deudas de Cofina, y este podría estar listo a finales de año.
Según el expediente de Título III, la JSF, al igual que varios grupos de acreedores y las aseguradoras municipales que respaldan la deuda de la isla, han avalado que se adopte un proceso para separar los recaudos del IVU, según se dispuso en el pacto inicial entre el UCC y Whyte.
Un plan de ajuste de deudas es un documento que avala la corte y que establece el tratamiento que recibirán los distintos acreedores del deudor, en este caso, el gobierno o entidades como Cofina. El plan dispone el recorte de principal que recibirían los acreedores y la prioridad de pago que estos recibirán,así como los mecanismos que se utilizarán para pagar la obligación, una vez sea modificada.
Según la Ley Promesa, aunque es el gobierno de Puerto Rico quien debe a bonistas, pensionados y contratistas, entre otras figuras, la JSF es la entidad autorizada a presentar en corte el plan de ajuste que entienda es razonable para el deudor y los acreedores.
Paso de avance
El Nuevo Día no pudo conocer detalles de qué tipo de oferta haría la JSF a los bonistas de Cofina, pero si en efecto el organismo federal trabaja en un plan de ajuste para la corporación pública, la movida de la JSF podría considerarse como el primer paso concreto en el proceso para reestructurar la deuda de la isla bajo el Título III de Promesa.
Además, ese plan de ajuste podría ser el más significativo, pues los bonos de Cofina representan la mayor cuantía en el total de $69,000 millones que adeuda Puerto Rico. Según el informe operacional del gobierno de finales de 2016, el más reciente publicado a la fecha, hasta ese momento, la deuda vigente de Cofina rondaba los $17,322 millones y, de esa cifra, unos $7,590 millones son bonos principales, y la diferencia son bonos subordinados.
“Todavía se están negociando los detalles (del acuerdo entre los agentes), y hay un proceso de mediación en curso”, dijo el director ejecutivo de la organización Bonistas del Patio, Jorge Irizarry, al indicar que no podía conversar del proceso que encabeza la jueza Barbara Houser y los demás jueces que integran el equipo de mediación de los casos de Título III.
Martha Kopacz y su firma -Phoenix Management- actúa como asesora financiera del equipo de mediación. Mientras, el UCC actúa como agente en representación del gobierno central, y Whyte representa a Cofina.
Según las fuentes, si bien el gobierno y la JSF andan encontrados por el presupuesto, ello no parece haber desviado los trabajos en torno a Cofina. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) está al tanto del proceso que sigue la JSF y participa de las reuniones que se han llevado a cabo en el tema.
Este diario solicitó a la JSF y a la Aafaf información acerca del plan de ajuste en ciernes, pero ninguna de las dos entidades emitió comentarios.
De acuerdo con Irizarry, aunque Bonistas del Patio ha participado de las conversaciones que ha convocado el equipo de mediación, el grupo no ha tomado una postura específica en las conversaciones al interior de Cofina, mientras ve como un paso de avance el acuerdo inicial entre los agentes.
Irizarry subrayó que, una vez la JSF presente el plan de ajuste al tribunal, los bonistas -tanto aquellos que poseen bonos principales, o de mayor prioridad que los subordinados- tienen que votar a favor o en contra del documento.
Para que eso ocurra, explicó Irizarry, será necesario que ambas clases de bonistas puedan llegar a un acuerdo definitivo en torno a cómo se distribuirían la porción del IVU que pactaron los agentes.
“Dentro de las circunstancias, (el acuerdo) parece factible, el detalle es cuánto tocará los séniors (bonistas principales) y cuánto a los subordinados, y si ambos grupos estarán de acuerdo”, dijo Irizarry.
El 29 de junio, en conferencia de prensa, la JSF informó que recertificaría su plan fiscal y su propio presupuesto ante el fracaso del acuerdo con Rosselló Nevares para derogar la Ley 80 sobre Despido Injustificado, lo que dio paso a la demanda que el gobernador radicó contra el organismo federal la semana pasada.
Pero, en el mismo evento, la directora ejecutiva del organismo federal, Natalie Jaresko, indicó que ambos documentos serían enmendados para asignar recursos para el pago a los bonistas si se producía algún acuerdo de renegociación de la deuda. El presupuesto vigente no contempla el pago de esa obligación.
Ese mismo día en la mañana, la Coalición de Bonistas Cofina indicó que el proceso de mediación entre los distintos acreedores de la corporación pública continuaba su curso, y divulgó los detalles de una oferta y dos contraofertas orales entre los acreedores principales y subordinados de Cofina.
Aunque esas propuestas no prosperaron, las ofertas que intercambiaron la Coalición de Bonistas Cofina con varios bonistas subordinados descansaban en el acuerdo inicial entre el UCC y Whyte.
Según Irizarry, resulta “favorable” que mientras el gobierno y la JSF se disputan por el presupuesto, ahora, grupos de acreedores intenten llegar a un acuerdo.
Antes del diálogo al interior de Cofina, los bonistas principales de la corporación pública llegaron a un acuerdo inicial con ciertos bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) que tampoco se concretó.
“Hasta la fecha, el gobierno ni la Junta han objetado el acuerdo de los agentes, y eso es positivo. Cuando los bonistas de Cofina y GOs anunciaron su acuerdo, ni siquiera había pasado una hora, y la Aafaf y la JSF ya lo habían rechazado”, sostuvo Irizarry.
Golpe a la economía
De acuerdo con Irizarry, el ánimo de los bonistas por llegar a acuerdos, al igual que las expresiones de la JSF en el plan fiscal de que parte del sobrante primario en el presupuesto del gobierno puede dirigirse al pago de la deuda, y las expresiones recientes de Jaresko sobre el tema han contribuido a un rebote en los precios de los bonos de la isla. Mencionó que ciertos bonos de Cofina que llegaron a traficarse hasta en 20 centavos de dólar, se traficaron la semana pasada en unos 84 centavos de dólar.
Sin embargo, Irizarry admitió que la mejora en precios no pone dinero en lamesa de miles de inversionistas locales.
Los bonos de Cofina y tantos otros del gobierno pagaban intereses a los bonistas varias veces al año, y en el caso de miles de ahorristas locales de clase media, según Irizarry, se trataba de un ingreso para complementar el Seguro Social que, en ocasiones, apenas ronda $1,000 al mes. Desde el impago de 2016, los bonistas no han visto un centavo.
“Solo los intereses pagados a los locales representaban unos $1,200 millones al año. Ese es dinero que entraba a la economía y eso representaba aproximadamente el 2% del producto bruto”, dijo Irizarry al indicar que, partiendo de la fecha del impago, los ahorristas locales han dejado de recibir unos $3,000 millones por concepto de intereses.
Progresa acuerdo entre los agentes
La tasa vigente del IVU en Puerto Rico es de 11.5%. De esa tasa, el 5.5% está comprometido para el pago de Cofina. Según Irizarry, esa porción pignorada del IVU y que ahora se dividiría con el Fondo General, si prospera el acuerdo de los agentes, supone cada año unos $730 millones en recaudos.
Entre otras cosas, el pacto inicial entre el UCC y Whyte provee para que el 53.65% de la porción pignorada del IVU vaya a Cofina y la diferencia vaya al Fondo General. El acuerdo también permitiría que los bonistas de Cofina reciban el efectivo que a la fecha se ha depositado en Bank of New York Mellon (BNY Mellon), el banco custodio de la deuda de Cofina, y que a partir de este mes, los recaudos del IVU que llegan a Cofina se coloquen en una cuenta separada con miras a consumar la transacción.
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