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José Carrión, Ana Matosantos y David Skeel. (GFR Media)

La Junta deSupervisión Fiscal (JSF) escribió hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para indicarle que su nueva versión del plan fiscal continúa en violación de la ley federal Promesa.

También emitió cartas de violación asociadas a los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“La JSF reitera que Puerto Rico debe tomar este momento -mientras disfruta un estímulo fiscal de corto plazo por la asistencia federal para desastres- para reformar fundamentalmente una economía que ha estado en una recesión de largo plazo y a hacer las reformas estructurales necesarias para restaurar el acceso del gobierno a los mercados de capital”, reza la carta suscrita por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

De acuerdo con la carta de Jaresko, el gobierno debe regresar nuevamente a la mesa de trabajo para ajustar sus proyecciones macroeconómicas, incluyendo su estimado de daños sobre los efectos del huracán María en la isla.

De igual forma, la JSF pidió a Rosselló Nevares ofrecer más información o ajustar sus proyecciones de recaudos sobre los ingresos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), así como las proyecciones vinculadas al arbitrio de 4% que pagan las corporaciones foráneas en Puerto Rico. Según la JSF, los estimados del gobierno sobre los recaudos por la Ley 154 contemplan unos $5,900 millones adicionales durante un plazo de 40 años sin que se incluya una explicación de las nuevas cifras.

En el lado de los gastos, la JSF pidió a Rosselló Nevares explicar cómo llegó a sus proyecciones en torno al gasto bajo la reforma de salud, así como la asignación para el pago de pensiones que debe salir de los municipios mientras ajusta a la baja los gastos de nómina.

“Estos gastos debe reducirse para reflejar los gastos actuales por agencia según el año fiscal 2018”, indicó la JSF al acentuar que las reducciones deben ser permanentes.

Pide postergar el EITC y el bono de navidad

Mientras, aunque la JSF ya no incluyó la derogación de la Ley 80 entre sus exigencias, el organismo federal solicitó al gobernador que ajuste sus proyecciones acerca de la reforma laboral para reflejar en estos, el impacto adverso que tendrá el alza en el salario mínimo para el sector de la construcción y la compensación por desempleo.

Sobre todo, habida cuenta que no se ha aprobado legislación, la JSF pidió a Rosselló Nevares postergar hasta el año siguiente, la implementación del Crédito por Ingreso Devengado (EITC, en inglés), un mecanismo probado que beneficia a los trabajadores y promueve la inserción en la economíaformal.

“La presentación del gobierno no incluye ahorros asociados con la eliminación del bono de navidad. Si estos ahorros no se alcanzarán, entonces ahorros mediante eficiencias de personal en las agencias deben aumentarse para que los ahorros totales anuales del plan fiscal certificado en junio se mantengan”, explicó Jaresko.

Jaresko pidió además que el gobierno desista de su plan de transferir confinados fuera de Puerto Rico como medida de ahorros hasta que pueda demostrar que la iniciativa dejará los ahorros estimados y criticó que no se dé paso a las reformas de pensiones mientras alegó que se haría más costosa la inserción de empleados públicos en el programa de Seguro Social

Anteriormente, El Nuevo Día había destacado que la revisión que hizo el equipo de Rosselló Nevares al plan fiscal certificado por la JSF se apartaba de los objetivos de ahorros operacionales a cinco años, que el gobierno puertorriqueño pactó con el organismo federal. La diferencia entre los ahorros iniciales contemplados por la vía de consolidación de agencias y reducción de personal, entre otras, y aquellos presentados por Rosselló Nevares este mes rondan $2,000 millones.


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