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El documento fue enviado a la Legislatura junto a la resolución de la JSF y que demuestra que el presupuesto recibió el apoyo unánime de los integrantes del organismo federal.(GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió este miércoles a la Legislatura el presupuesto que negoció con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares a cambio de que se derogue la Ley 80, incorporando en este el aumento que había solicitado para sí el organismo federal, estableciendo la retención de 5% del presupuesto de todas las agencias y de paso, asignar unos $279.8 millones de los ingresos de la llamada crudita y que en principio deberían estar destinados al pago del servicio de la deuda, para pagar los aumentos de salario a maestros y policías.

El documento fue enviado a la Legislatura junto a la resolución de la JSF y que demuestra que el presupuesto recibió el apoyo unánime de los integrantes del organismo federal.

Según los documentos remitidos a la Legislatura, el presupuesto operacional del gobierno central totalizará unos $8,748 millones y esa cifra, provendrá de dos fuentes: la resolución que autorizaría unos $6,918 millones del fondo general y aquella que asignaría otros $1,830 millones de las llamadas asignaciones especiales.

Partiendo de las cifras en el documento, el gobernador Rosselló Nevares habría logrado que su propuesta de presupuesto permaneciera prácticamente intacta, aunque inicialmente, el plan fiscal contemplaba reducciones unos $356 millones en recortes.

La semana pasada, luego de que Rosselló Nevares y la JSF acordaran que el presupuesto de la Legislatura no vería cambios y que agencias como la oficina propia del Gobernador y la Oficina de la Comisionada Residente a través de la Administración de Asuntos Federales de Puerto RicoRico recibirán más dinero que en el presente año fiscal, la JSF modificó el calendario de trabajo para aprobar el presupuesto.

En lugar de que el gobierno presentara el presupuesto revisado el pasado 25 de mayo, la JSF dio a Rosselló Nevares hasta el pasado 1 de junio para presentar la nueva versión del presupuesto.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) indicó a El Nuevo Día que en efecto presentó el presupuesto revisado a la JSF, el pasado 1 de junio, pero no divulgó el documento.

De acuerdo con el documento revisado, y tal como anticipó El Nuevo Día, el gobierno buscará pagar el aumento de $125 al mes que dará a policías y maestros con una fuente de recaudos que al presente es objeto de una controversia en los casos de Título III. Esto, porque parte de los recaudos de la crudita están dirigidos a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), contribuyendo así a pagar esas operaciones y la deuda de la corporación pública.

Sin embargo, bajo la administración de Alejandro García Padilla, se activó la cláusula de “clawback” para retener esos ingresos en el Fondo General, cosa que a juicio de los bonistas no procede. Esto, porque la activación de la cláusula de “clawback” solo debe suceder para pagar la deuda pública y no para cubrir gastos operacionales.

Condicionados los aumentos de salario

Aparte de que los aumentos salariales se pagarían con dinero de la crudita, de acuerdo con el documento, el aumento a los policías estará condicionado a que el Departamento de Seguridad Pública implemente los ahorros establecidos en el plan fiscal.

Igual razonamiento aplica en el caso de los maestros, pues según el documento remitido por la JSF a la Legislatura, el gobierno no podrá otorgar el aumento a los educadores hasta que el Departamento de Educación no de paso a su plan de ajuste y destine los ahorros operacionales establecidos a crear programas para mejorar el desempeño de los educadores y complete la tarea de comprar nuevos textos escolares.

El presupuesto remitido por la JSF a la Legislatura debe ser aprobado por esa rama de gobierno y luego remitirse al organismo federal para su certificación, pero este en última instancia depende de que el gobierno derogue la Ley 80, una exigencia que ha establecido la JSF por entender que reformar las reglas laborales en la isla es indispensable para obtener desarrollo económico.


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