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La directora de la Junta de Supervisión Fiscal dijo que llegaron a estos acuerdos con el gobernador Ricardo Rosselló para evitar demandas

Para evitar un litigio con el gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acogió la oferta que le hizo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para derogar la ley por despido injustificado (Ley 80 de 1976), aunque esta acción resulte en aumentos al presupuesto de la Rama Ejecutiva, más recursos a los municipios y no se toque el presupuesto de la Rama Legislativa de Puerto Rico en el próximo año fiscal.

Eso reconoció ayer la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, quien insistió en que para renegociar la deuda bajo el Título III de la ley Promesa, vale más encausar un programa de reformas estructurales para reactivar la economía de la isla que continuar retrasando la implementación del plan fiscal, disputándose en los tribunales con el gobierno.

Ayer, en una rueda de prensa en la sede del organismo federal en Hato Rey, Jaresko explicó que en cualquier momento de esta semana, los integrantes de la JSF enmendarán el plan fiscal certificado para reflejar los acuerdos que el organismo federal pactó con el gobernador en la tarde del pasado domingo y de los cuales, según indicó la ejecutiva, conocía el liderato legislativo.

Ese ejercicio será el telón de fondo al mensaje de presupuesto que el gobernador Rosselló Nevares ofrecerá hoy a la Legislatura y que, por lo pronto, apunta a que tanto el presupuesto con cargo al Fondo General como el presupuesto consolidado para el siguiente año fiscal serán mayores que lo gastado por el gobierno durante el año fiscal 2017.

Sin embargo, Jaresko advirtió ayer que si la Legislatura y el gobernador no aprueban, en o antes del próximo 27 de junio, la ley que cambiará para siempre las relaciones obrero-patronales en Puerto Rico, la JSF dejará sin efecto “el acomodo” que pactó con Rosselló Nevares durante el fin de semana.

“Este acomodo busca fortalecer estas reformas y reducir el riesgo de implementación mientras, lo admito, evitamos un litigio, el tiempo y el costo que significa entrar en el debate”, dijo la ejecutiva al explicar las razones de la JSF para acceder a la propuesta de Rosselló Nevares.

“Estamos esperanzados, entendemos que este es un asunto difícil y doloroso, pero tenemos un acuerdo general con la Legislatura y el gobernador en este entendimiento”, dijo Jaresko.

Ante la posibilidad de que el Senado no dé paso a la derogación de la Ley 80, comodejó entrever ayer su presidente, Thomas Rivera Schatz, Jaresko sostuvo que el gobernador “representó que la Legislatura estaba de acuerdo”.

Jaresko recordó que la reforma laboral establecida en el plan fiscal contenía unos cinco componentes. Con el acuerdo, tres de estos -excepto la reducción de licencias pagadas y el bono de Navidad- se llevarán a término: el establecimiento del empleo a voluntad con la derogación de la Ley 80, el establecimiento del Crédito por Ingreso Devengado (EITC, en inglés) y el requisito de trabajo para los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

El aumento en el salario mínimo que Rosselló Nevares propuso inicialmente y que fue condicionado en el plan fiscal no se implementará, reiteró Jaresko.

“Si todas las reformas se implementan a tiempo, podremos ver un cambio en la economía a mediano y largo plazo, veremos un regreso al crecimiento en lugar de la contracción”, sostuvo Jaresko.

“En el agregado, la junta está contenta, feliz con el hecho de que pudimos alcanzar este acomodo, limitar ese riesgo y movernos hacia adelante”, agregó la ejecutiva.

Lo pactado

En la noche del pasado domingo, y reconociendo que se trata de un acuerdo con “defectos y virtudes”, Rosselló Nevares informó que había logrado convencer a la JSF.

“Con sus defectos y sus virtudes, este entendido facilita que podamos salir adelante”, indicó Rosselló Nevares en la noche del domingo.

Entre otras cosas, el acuerdo entre el mandatario puertorriqueño y la JSF eliminaría la Ley 80 a partir del 1 de enero de 2019, transferirá unos $25 millones al fondo de becas de la Universidad de Puerto Rico, en lugar de crear un fondo independiente como se vislumbró en el plan fiscal, y permitiría que se implemente la reforma contributiva.

En el caso de la reforma contributiva, la JSF dejó sin efecto las cortapisas para revertir los cambios contributivos si estos resultaban en una reducción de los recaudos al fisco.

Con el acuerdo, no se reducirían nuevamente los mínimos requeridos de licencias pagadas por vacaciones y enfermedad y no se eliminaría el bono de Navidad para los empleados del sector privado durante la vigencia del plan fiscal.

En el caso del bono de Navidad en el sector privado, se mantendría un estatuto que cada vez, menos empresas honran. El año pasado, según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, sobre 1,000 empresas no pagaron el beneficio invocando retos financieros.

Para los empleados del sector público, al parecer, el bono de Navidad seguirá vigente, siempre que se cumpla con objetivos de ahorros en el gasto gubernamental.

Las negociaciones

El acuerdo, que Jaresko confirmó ayer, fue fruto de casi una semana de negociaciones -en ocasiones, bastante acaloradas, según supo este diario- entre los funcionarios y asesores de la JSF y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Las conversaciones cobraron forma tras la reunión que Rosselló Nevares sostuvo hace una semana con el presidente de la JSF, José B. Carrión, Rivera Schatz y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Fuentes de El Nuevo Día aseguran que en ese encuentro, que se llevó a cabo en los pabellones de La Fortaleza, Carrión indicó la disponibilidad de la JSF a hacer cambios al plan fiscal y al presupuesto si el gobierno se comprometía a derogar la Ley 80.

Según los modelos económicos que sustentan el plan fiscal, la reforma laboral, junto con otras medidas como agilizar los procesos para establecer y operar un negocio en Puerto Rico, ayudarían a reactivar la economía de la isla que ya marca 12 años en modo recesionario.

Ese encuentro inicial habría sentado las bases para que Rosselló Nevares instruyera a la Aafaf y sus asesores legales a preparar una propuesta para derogar la Ley 80 siempre que se mantuviera el presupuesto de la Legislatura, se otorgaran unos $100 millones a los municipios, se aumentara el presupuesto de la oficina de la comisionada residente y el presupuesto de la Oficina del Gobernador.

El presupuesto del acuerdo

Ayer, a preguntas de El Nuevo Día, Jaresko confirmó que la JSF recibió la oferta revelada por este diario el pasado sábado, antes del encuentro entre Rosselló Nevares y los directivos de la JSF.

“No creo que eso sea relevante en este momento, lo importante es que se llegó a un acuerdo”, dijo Jaresko cuando declinó contestar cómo votaron los directivos de la JSF en torno a la propuesta del gobernador.

Jaresko explicó que estaba enfocada en lograr la certificación de los cambios al plan fiscal para comenzar, tan pronto fuera posible, la evaluación del presupuesto que Rosselló Nevares presentará hoy.

El objetivo de la JSF es evaluar el documento de presupuesto revisado y remitirlo a la Legislatura el próximo viernes, según el calendario de trabajo que se estableció a esos efectos.

De esta manera, y aunque las cifras podrían cambiar hoy, pareciera que en el primer año para ajustar las finanzas públicas de la isla después de un plan fiscal revisado a causa del huracán María, Puerto Rico tendrá un programa de gastos que, aunque menor al presupuesto vigente, continuaría siendo más alto que los gastos del gobierno para el año fiscal 2017.

Según las correcciones al presupuesto revisado que la Aafaf envió el pasado viernes a la JSF, 70 de 107 agencias o programas pagados desde el Fondo General verían aumentos presupuestarios.

Parte de ese aumento corresponde al pago de pensiones, destacó Rosselló Nevares.

“El acuerdo permite que destinemos en nuestro próximo presupuesto el 100% de las pensiones y asegurar su pago completo seguirá siendo nuestra política pública. En poco más de un año, hemos reducido cerca de 22% de los gastos operacionales del gobierno para poder asumir esta y otras responsabilidades”, dijo Rosselló Nevares.

En el siguiente año fiscal, Puerto Rico también dedicaría más recursos a obras permanentes.

Pero en otros casos, como la Oficina del Gobernador, el presupuesto iría de unos $13.7 millones a $41.8 millones, incluyendo unos $14.5 millones para “compromisos programáticos”.

En el lado de los recortes, la Aafaf vería un ajuste presupuestario de sobre 5%, las aportaciones a los municipios menguarán 25% y la asignación por fórmula a la UPR vería una baja de 6.8%.

El plan fiscal que ahora la JSF enmendará contemplaba recortar unos $23.6 millones del presupuesto de la Legislatura a partir de julio próximo. Ese dinero, junto con los recortes en la Aafaf, la Rama Judicial y menos fondos para la JSF irían al programa de reinversión.

De ser el caso, partiendo de los documentos del gobierno, el presupuesto de la Legislatura para el siguiente año fiscal habría sido de unos $111 millones.

Sin embargo, con el acuerdo entre la JSF y Rosselló Nevares, el presupuesto de la Legislatura permanecería intacto.

El golpe a los bonistas

Si bien la JSF y Rosselló Nevares no llegarían a los tribunales por el presupuesto, el acuerdo entre las partes no libraría a Puerto Rico de otro litigio, aceptó Jaresko.

Como parte del acuerdo entre la junta y el gobernador, sin embargo, nunca se discutió la controversia por la reducción en las pensiones que solicita la JSF.

En ese sentido, Jaresko recordó que desde la perspectiva del Título III, los pensionados son considerados un acreedor “no asegurado” y sería en ese foro donde se atendería la controversia.

Pero del otro lado, Jaresko admitió que el acuerdo con Rosselló Nevares implica que el sobrante primario, que es la partida que se utilizará para pagar a los bonistas, será más bajo.

Al cabo de cinco años, el sobrante primario rondaría unos $6,048 millones. La cifra sería unos $650 millonesmenos de lo consignado en el plan fiscal certificado en abril pasado.


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