José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (semisquare-x3)
José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Sabiendo que tiene el tiempo en su contra y a pesar de que no tendría el respaldo de los acreedores, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se propone presentar el mes entrante el plan de ajuste del gobierno central al tiempo que recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos para que ese foro revise la decisión de Primer Circuito de Apelaciones que reconoció que los bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) tienen una acreencia asegurada contra el gobierno.

La renovada intención de la JSF en torno al proceso de renegociación de la deuda salió a relucir este miércoles cuando el principal abogado del organismo federal, Martin Bienenstock, reconoció a la jueza Laura Taylor Swain que será un reto obtener el respaldo de los acreedores al plan que se proponga, pero no actuar de manera definitiva resultaría en un perjuicio mayor a la economía de Puerto Rico.

“Simplemente, no es saludable que continúe esta nube (de la deuda) sobre Puerto Rico”, dijo Bienenstock durante la audiencia general de los casos de Título III del mes de marzo y que se celebró este miércoles en la corte del Distrito Sur de Nueva York.

En el caso de la ASR, la JSF busca que ese foro revoque un fallo del Primer Circuito de Apelaciones que concluyó que los bonistas de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) sí tienen derecho propietario sobre las aportaciones patronales que el gobierno hace para la jubilación de los trabajadores y que son el colateral de unos $3,000 millones en POBs.

Según el abogado, mientras más pronto se renegocie la deuda pública de la isla, Puerto Rico podrá enfocarse en reactivar la inversión y la economía.

De acuerdo con Bienenstock, el plan sería radicado para fines de abril próximo al tiempo que indicó que cumplir con esa fecha no sería necesariamente posible porque ello dependería del respaldo que consigan por parte de los acreedores los acreedores del gobierno.

El año pasado, también en una audiencia general, Bienenstock había revelado la intención de la JSF de presentar el plan de ajuste del gobierno central en algún momento de la primera mitad del 2019, pero dijo entonces que, de no contar con el respaldo de los acreedores, se buscaría imponer el plan de ajuste.

El principal asesor legal de la JSF explicó a Swain en qué posición se encuentra el organismo federal luego de que el pasado 15 de febrero, el Primer Circuito de Apelaciones le diera 90 días de vida. Ello, tras concluir que los actuales integrantes de la JSF son oficiales principales del gobierno estadounidense y debieron ser nombrados con el consejo y consentimiento del Senado federal, lo que no ocurrió.

Bienenstock reconoció que es posible que para la fecha en que el plan de ajuste del gobierno central sea confirmable, los actuales integrantes de la JSF hayan sido reemplazados. Si es el caso, agregó Bienenstock, el nuevo ente fiscal podría continuar con los trabajos realizados o en el lado opuesto, tomar otras decisiones.

Sin embargo, el abogado dejó entrever que no obra en el interés de los puertorriqueños y de la economía local detener lo hecho a la fecha.

En ese sentido, Bienenstock aseguró que la JSF trabaja “a toda velocidad” para lograr la aprobación de un nuevo plan fiscal y el presupuesto del gobierno para el año fiscal entrante, y sobre todo, monitoreando las reformas que son necesarias para restaurar el balance fiscal, incluyendo la derogación de la Ley 80.

Sin embargo, las representaciones de Bienenstock a Swain se pusieron en duda cuando Mark T. Stancil, del bufete Robins Russell y abogado principal de ciertos bonistas de Obligaciones Generales (GOs en inglés), dijo a Swain que el camino que había escogido la JSF no resultaría en acuerdos sino en más disputas legales, donde los únicos ganadores serían los abogados.

La JSF tiene herramientas, pero ha abdicado (en su rol)”, dijo Stancil al agregar que la JSF ha sido incapaz de asegurar el cumplimiento de las reformas contenidas en el plan fiscal, lo que incluye la derogación de la Ley 80. El estatuto -que ofrece protecciones a trabajadores despedidos injustamente- fue objeto de una negociación el año pasado entre la JSF y el gobierno que no se concretó.

Stancil instó a Swain a que considere el impacto que tendría en el proceso de renegociación de la deuda de la isla la postura asumida por la JSF. Esto, una vez el organismo federal junto al Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, en inglés) cuestionó la legalidad de unos $6,000 millones en bonos GOs, emitidos entre los años 2012 y 2014. Stancil sostuvo que el ataque “selectivo” por parte de la JSF a ciertos acreedores -entre ellos, sus clientes- mientras al ente federal le falta “voluntad política” para utilizar las herramientas a su disposición en Promesa, solo contribuirá a más controversias legales que costarán entre $100 millones y $200 millones adicionales.

Stancil no fue el único en levantar bandera con los planes de la JSF.

El asesor legal del UCC, Luc A. Despins, del bufete Paul Hastings y asesor principal del UCC, planteó a Swain que la JSF continúa excluyéndole de procesos cruciales para la renegociación de la deuda.

Despins sostuvo a pesar de lo establecido en la regla 1103 del Código de Quiebras, la JSF ha llegado a acuerdos con acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin hacer partícipe al UCC y a pesar de más de un año de reclamos para participar de esa discusión. Agregó que lo mismo sucede con el proceso de elaboración del plan fiscal del gobierno central.

Bienenstock intentó hacer contrapeso a los señalamientos de Despins, señalando que en el caso de la deuda de la AEE, se trata de una deuda aseguradora y el Equipo de Mediación nombrado por Swain determinó no dar participación al UCC.

Empero, Despins insistió en su planteamiento y se mostró sorprendido al conocer la fecha prevista por la JSF para presentar el plan de ajuste. Ello, porque según el abogado, si la JSF prevé presentar el plan de ajuste del gobierno central el mes entrante, entonces existe un borrador en el cual el UCC no ha participado.

“Necesitamos estar involucrados en el proceso de formulación del plan”, dijo Despins.


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