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La Junta de Supervisión Fiscal recomendó al gobierno anular el aumento de salario en el sector de la construcción que se estipuló en una orden ejecutiva.

El 30 de julio el gobernador firmó la orden que subía a $15 el salario mínimo a los empleados de este sector para contrataciones del sector público.

Recomendación de la Junta sobre el salario mínimo en la construcción by El Nuevo Día on Scribd

En el comunicado emitido por el ente federal esta tarde, su presidente, José Carrión, sostuvo que "la Junta de Supervisión considera que las políticas para aumentar la tasa de empleo deberían tener prioridad en la mente del gobierno cuando elabora políticas económicas para Puerto Rico".

Añadió que "el curso más prudente sería dejar que el mercado dicte los salarios de los proyectos de construcción financiados con fondos federales y, en la medida que aumente la demanda de trabajadores, esperaríamos que los salarios aumenten acorde con esa demanda".

“Hacemos esta recomendación para asegurar el cumplimiento con el plan fiscal certificado del gobierno central y para promover el crecimiento económico para Puerto Rico”, reza la carta que Carrión envió a Rosselló este viernes.

Para justificar la posición del organismo federal, la JSF citó las conclusiones de diversos estudios, entre ellos, el análisis de la Junta de Planificación (JP) sobre un posible aumento en el salario mínimo en Puerto Rico y que fue revelado esta semana por El Nuevo Día. El estudio de la JP, en esencia, recomienda que no se aumente el salario mínimo en la isla y de hacerse, que se haga de manera escalonada y en cantidades mínimas.

La orden ejecutiva de Rosselló también establece el requerimiento del uso de cemento local en proyectos de construcción del gobierno.

Los trabajadores de ese sector recibían hasta ahora $7.25 la hora a nivel privado y $8.25 en contrataciones públicas.

El gobernador reaccionó a la recomendación de la Junta a través de expresiones escritas difundidas por la oficina de prensa de La Fortaleza.

“El aumento al salario mínimo en el sector de la construcción a $15 es una determinación de política pública de mi Administración en beneficio de los trabajadores. La Junta de Supervisión Fiscal ha reconocido nuestra facultad y ha realizado una recomendación.

Aunque estimamos su sugerencia, nuestro objetivo es garantizar que, en la reconstrucción de Puerto Rico, se remunere adecuadamentea nuestra clase trabajadora. Es necesario asegurar que los fondos de recuperación circulen en nuestra economía y hagan la debida justicia social.

Seguiremos buscando alternativas para ayudar al sector privado y para incentivar nuestra economía sin afectar este beneficio otorgado a los trabajadores. Aunque falta mucho por hacer, ya vemos signos positivos en los indicadores económicos y en las estadísticas federales de empleo”.

La recomendación de la JSF se produjo unos dos días después de que el gobierno hiciera efectiva la orden ejecutiva.

Esto porque el pasado 22 de agosto, el secretario del Trabajo (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, emitió la carta circular 2018-01, documento que establece las guías para implementar el aumento salarial de manera “inmediata” y que incluso, ofrece el modelo del acuerdo laboral que tendrá que aplicarse.

Aparte de aumentar el salario mínimo en el sector de la construcción, la OE2018-33 trae a Puerto Rico el concepto de “acuerdo laboral de proyecto”, un modelo de contratación que podría describirse como un convenio colectivo y que aplicará entre la compañía que realice el proyecto de construcción y los empleados que laboren en el mismo. Estos empleados, se entiende, estarían representados por un sindicato como podría ser el caso de Liuna, que abogó por la determinación.

Según la carta circular, el salario mínimo de $15 por hora aplicará en todo proyecto de $2 millones o más, de nueva construcción o de “reparaciones mayores” que sea financiando total o parcialmente con fondos públicos. Los proyectos municipales están excluidos.

El ajuste de política pública por parte de Rosselló se produjo a instancias de la Laborers’ International Union of North America (Liuna). El sindicato plantea que los trabajadores puertorriqueños están en desventaja, pues al presente, cientos de trabajadores con domicilio en los estados, están en Puerto Rico realizando tareas de recuperación post-María, pues laboran para empresas estadounidenses que han llegado a la isla y por ende, su paga corresponde a la que se otorga a nivel continental.

La disposición aplicará para el contratista y el subcontratista y entre las actividades de construcción se incluyen pintura, techado, instalación de pisos, paisajismo, así como las demás actividades atadas con la alteración y reparación de obras. En el lado opuesto, la OE2018-33 no aplica “a contratos gubernamentales otorgados exclusivamente para la manufactura de materiales, suministros, artículos o equipos”.

El trabajador no diestro que interese recibir una paga de $15 por hora tendrá que certificarse, siguiendo los cursos de capacitación que determine la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe).

En tanto, el nuevo salario mínimo no aplicará profesionales, ejecutivos y administradores de proyectos de construcción y todos aquellos que “no ejercen funciones manuales o físicas directamente dentro del proyecto de desarrollo”. Como resultado, tampoco recibirían la nueva paga mínima quienes prestan servicios de vigilancia en los proyectos, carteros, cronometradores y personal administrativo. Los suplidores de materiales de construcción a estos proyectos tampoco pagarán el nuevo mínimo.


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