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La jueza no le dio paso a este empréstito por entender que el gobierno no había justificado la necesidad de ese dinero. (GFR Media)

Mientras decenas de abogados discuten en  Nueva York los argumentos a favor y en contra del otorgamiento de un préstamo a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tan solo la amenaza de apagones selectivos y el cierre parcial de la corporación pública desata una enorme inestabilidad en diversos sectores industriales.

Esta situación  podría verse reflejada en la economía con la pérdida de oportunidades de negocio y hasta el traslado de líneas de producción fuera de Puerto Rico. 

Del mismo modo, las avenidas hacia una reestructuración de la corporación pública, incluyendo la idea de privatización ya acogida por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, podrían verse trastocadas por la disfunción de la utilidad eléctrica que ayer reiteró su necesidad de un préstamo, esta vez de $300 millones, para supuestamente no tener que activar un plan de contingencia que dejaría decenas de miles de residencias, comercios e industrias con un servicio eléctrico racionado. 

Ayer, al tiempo que la jueza Laura Taylor Swain, que atiende los casos de quiebra territorial en el Tribunal Federal, ordenaba la celebración de una nueva audiencia el próximo martes para dilucidar el nuevo pedido de préstamo que, en conjunto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Fiscal y Agencia Fiscal (Aafaf) solicitó para la AEE, se informó sobre la puesta en marcha del plan de contingencia que implica apagar varias plantas generadoras de electricidad y cuyos efectos comenzarán a manifestarse con un aumento en la inestabilidad del sistema eléctrico que de por sí ya funciona con dificultades por la lenta recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María. 

Originalmente, el préstamo solicitado por la AEE era de $1,300 millones, monto que fue modificado a $1,000 millones posteriormente. 

Sin embargo, la jueza no le dio paso a este empréstito por entender que el gobierno no había justificado la necesidad de ese dinero y que los términos que se establecieron no cumplían con el estado de derecho y podía ir en perjuicio de los acreedores de la corporación pública. El prestamista en la transacción era el gobierno central de Puerto Rico. 

La jueza, al anunciar su determinación el pasado jueves, se expresó inclinada a aprobar un préstamo por una suma menor, de alrededor de $300 millones con condiciones similares a las que tendría una transacciónde este tipo en el mercado ordinario de valores.

Préstamo modificado

La nueva petición ante la jueza para que apruebe el préstamo y que contiene muchos de los ajustes solicitados por Swain, se acordó luego de una serie de conversaciones que se extendieron entre la noche del jueves a la madrugada del viernes.  

El documento sometido ante el tribunal hacía nuevamente hincapié en la advertencia sobre los bajos niveles de efectivo y el riesgo de interrupción de las operaciones ordinarias de la AEE, que todavía repara la infraestructura de transmisión y distribución devastada por el huracán María. 

 “Luego de la audiencia, la AEE comenzó a implementar sus planes para reducir su producción de energía y apagar ciertas unidades generatrices a fin de conservar sus limitadas fuentes de efectivo”, reza la moción de la JSF y la Aafaf en la que no se ofrecen detalles de dicho plan. 

En la moción, se reitera además que ese curso de acción dejará la red eléctrica “vulnerable a apagones” en diversos sectores de la isla, según una nueva declaración del asesor financiero de la AEE, Todd Filsinger.

El jueves, los representantes del gobierno afirmaron que el plan de apagones para conservar dinero consistía en reducir la generación a razón de 500 MW por días o semanas, hasta llegar eventualmente al punto que solo la infraestructura crítica como hospitales, servicios de emergencia y seguridad serían las únicas que permanecerían iluminadas. 

Básicamente, con las plantas apagadas se reduce el principal gasto de la corporación pública: el combustible. El problema es que esa es la principal materia prima que utilizan para generar la energía que le trae ingresos a la empresa pública.

La AEE ayer no quiso contestar ninguna pregunta sobre el tema. El oficial de prensa, Carlos Monroig, sin siquiera escuchar la petición de información refirió cualquier interrogante a la Aafaf.

 Domingo inestable

Anoche, sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Sgroi Hernández, anunció la puesta en marcha del plan de contingencia. El funcionario aseguró, no obstante, que los esfuerzos iniciales no deben interrumpir el servicio que reciben actualmente los clientes, más allá de que el sistema estará inestable. 

“Aunque esperamos proceder a conservar nuestras reservas en una forma planificada y ordenada, nos preocupa que este retraso resulte en la exacerbación de la adversidad humana que se causará cuando servicios esenciales, tales como el agua potable, energía para procedimientos médicos, comunicaciones y escuelas que se abrieron, estén en riesgo de desaparecer nuevamente.  Esto también podría acelerar la emigración de nuestros residentes”, dijo el también el extesorero de la campaña del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Adelantaron contingencia

Originalmente, se había dicho que esta contingencia se activaría cuando el efectivo en la AEE se reduzca a cerca de $100 millones. De acuerdo con las proyecciones actualizadas de efectivo que la JSF y la Aafaf presentó ante Swain, la AEE rondaría ese nivel de efectivo para inicios de abril. No se explicó por qué la AEE decidió adelantar el proceso y comenzar la contingencia este domingo. 

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, adujo que se trata de un mecanismo para presionar por el préstamo y, a la vez, intensificar la crisis que provea apoyo del pueblo  a una privatización de la corporación pública. 

Figueroa Jaramillo cuestionó por qué antes de solicitar un préstamo el gobierno no procedió a pagar la deuda que tienen las agencias centrales y las instrumentalidades con la AEE. Se trata de un argumento repetido en varias ocasiones por representantes legales de los acreedores de la corporación pública y del que se hizo eco también el director ejecutivo del Instituto de Competitividad y Estabilidad Económica (ICSE) Tomás Torres. 

Estimados de la propia AEE apuntan a que las agencias del gobierno central y las instrumentalidades públicas le deben más de $200 millones a la AEE. 

“Si quieren empezar el problema de liquidez deben empezar pagando la luz. Todos deben ser responsables pagando la energía eléctrica. Toda agencia y foro gubernamental que no esté al día en sus pagos (debe) hacer el desembolso”, dijo Torres.

 Amenaza económica

Tanto Torres como Rodrigo Mases, presidente de la Asociación de Industriales, alertaron que toda esta inestabilidad en el sistema eléctrico, mucha de la cual podría evitarse, tiene un efecto devastador en el clima de inversiones, el proceso de planificación de las empresas con operaciones en Puerto Rico y la economía en general. 

“Puede que la plataforma de manufactura esté preparada para atender una emergencia, pero toda esta inestabilidad tiene un efecto en la alta gerencia industrial. Lo único que hacemos es llevar incertidumbre a esa jefatura industrial. Una cosa es no poder tener la capacidad de tener un sistema adecuado, o tener dificultades manejando efectivamente una emergencia, pero estamos hablando de que la inestabilidad viene también de otras áreas y esto los sectores de producción se han visto afectados”, dijo Masses. 

“El problema es que estos señores (el liderato de la AEE) son capaces de apagar algunas plantas para crear un caos. No creo que ejecuten el plan completo, pero pueden hacer algo parcial para manipular el sistema”, dijo, por su parte, Figueroa Jaramillo, tras hacer referencia a los problemas económicos que han surgido por los problemas energéticos tras el paso de los huracanes. 

De hecho, los propios estimados en los borradores de la revisión del plan fiscal proponen una caída en la economía de más de 11%. Una buena parte de esa reducción en la venta de bienes y servicios se debe a la falta de energía eléctrica. 

Muy poco $300 millones

Ni los ejecutivos de la AEE, ni del gobierno o la JSF, se han expresado sobre la deuda de las distintas entidades gubernamentales con la AEE. Mucho menos han propuesto esto como una alternativa a los problemas de liquidez en la corporación pública. 

El único en abordar un poco el tema fue el abogado de la JSF, Martin Bienenstock quien el pasado jueves justificó que la mayor parte de estas deudas son de otras corporaciones públicas que tienen su sistema de gobierno independiente a la Rama Ejecutiva.   

Aún así, la JSF y la Aafaf advierten en la moción, que debido a que el préstamo que pueden solicitar por la inclinación de la jueza es  de apenas $300 millones, tendrán que acudir nuevamente al tribunal con otra petición de empréstito dentro de un mes. 

El jueves pasado, cuando Swain decidió en contra de la JSF y la Aafaf, la jueza pareció conceder la razón a los bonistas y acreedores de la AEE, quienes señalaban como defecto principal en la transacción, que el gobierno central requeriría como colateral los ingresos de la AEE, que ya están comprometidos con el pago de su deuda pública. Asimismo, inicialmente, el préstamo daría al Fondo General, el permiso para cobrar primero y antes que cualquier otro bonista o acreedor, lo que haya prestado.

 La otra opción

El grupo de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) argumentó que contrario a las representaciones de la JSF y la Aafaf en corte, la AEE sí tenía otras maneras para obtener efectivo, aduciendo a la deuda de más $200 millones que tenían las entidades gubernamentales con la AEE. 

Además, indicaron que ellos estaban dispuestos a prestar $544 millones a la AEE. La JSF y la Aafaf dijeron que los términos de la propuesta del Ad Hoc-AEE no eran beneficiosos para la AEE.

Según la petición modificada ante la corte, en aras de obtener mejores términos que aquellos en la propuesta del Ad Hoc-AEE, Filsinger y el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, entablaron conversaciones en la noche del jueves para redefinir los términos del nuevo préstamo y siguiendo las sugerencias de Swain.

De acuerdo con la declaración de Filsinger, Maldonado accedió a prescindir del requisito de colateral, pidiendo a cambio una tasa de interés fija de 5% y el requisito de alta prioridad de pago. 

En la nueva,  se eliminaron las disposiciones que limitaban la capacidad de los bonistas de cuestionar la transacción o su implementación. 

El préstamo, no obstante, tendría un plan de pagos a 30 años, lo que también fue criticado por los bonistas.


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