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El presidente de Bonistas del Patio, Rafael Rojo, confía que la confirmación del Plan de Ajuste de Cofina permita reanudar los pagos a los bonistas tan pronto como el primer trimestre de este año. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal anunció ayer que una “mayoría abrumadora” de tenedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) votó a favor del Plan de Ajuste de esta entidad, sentando las bases para la reestructuración de unos $17,600 millones en deudas de los bonos de Puerto Rico, bajo el proceso de Título III de la ley Promesa.

El próximo paso en el proceso ocurrirá en una audiencia, pautada para el 16 y 17 de enero, en la cual se espera que la jueza federal Laura Taylor Swain confirme el Plan de Ajuste, a pesar de las objeciones que persisten por parte de varios grupos de acreedores.

Bajo Cofina, existen dos categorías de tenedores de bonos: los senior y junior, o subordinados. Si se confirma el plan, los tenedores de bonos Cofina comenzarían a recibir pagos regulares del servicio de la deuda, a razón de 93% de la inversión inicial para los tenedores senior, y 56% para los subordinados.

“No es algo que ningún bonista vaya a celebrar, especialmente los subordinados”, dijo Rafael Rojo, presidente de la junta de directores de Bonistas del Patio, una organización que representa unos 60,000 bonistas residentes de la isla. “No obstante, ante el escenario de quiebra y las alternativas que había en la mesa, el lado positivo es que evita un pleito legal que se pudo haber extendido por varios años”.

Por su parte, el abogado y experto en el tema, John Mudd, enfatizó los posibles riesgos de continuar el proceso en la corte. “No es un acuerdo malo para los bonistas, estamos hablando de un 75% de repago entre los senior y los junior, pero cuando vas a juicio, o ganas o pierdes, y si pierdes, tienes que pagar 100%”, indicó.

El Plan de Ajuste representa un ahorro anual de $425 millones al fisco, según varios funcionarios de Gobierno. Mientras, sus críticos dicen que, aparte de poner en relieve las diferencias de protección legal entre los tenedores senior y junior, el acuerdo compromete por los próximos 40 años al país a pagar el IVU, el impuesto de 11.5% sobre bienes y servicios que sirve como fuente de repago para los bonos Cofina.


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