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Se produce luego de que el año pasado, el gobierno lograra el apoyo de aproximadamente el 60% de los bonistas del BGF para modificar dicha deuda de manera voluntaria. (GFR Media)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ha notificado la jueza Laura Taylor Swain su intención de reestructurar la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a través del Título VI de Promesa, un proceso que debe comenzar formalmente dentro un mes.

Según una moción informativa radicada por Suzzanne S. Uhland y Luis C. Marini-Biaggi, de los estudios legales O’Melveny & Myers y Marini Pietrantoni Muñiz, respectivamente, si todo marcha como se ha previsto, los bonistas del BGF y los municipios que mantienen depósitos en esa entidad podrían intercambiar sus acreencias contra el otrora agente fiscal de Puerto Rico, por un nuevo valor donde solo recibirán el 55% del dinero que prestaron antes al gobierno.

La moción informativa acerca del BGF representa el primer paso concreto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Aafaf en el proceso de renegociación de la deuda pública de Puerto Rico y esa se produce luego de que el año pasado, el gobierno lograra el apoyo de aproximadamente el 60% de los bonistas del BGF para modificar dicha deuda de manera voluntaria.

“La solicitud de aprobación buscará establecer procedimientos claros relacionales con la aprobación de la modificación cualificada, incluyendo el calendario para que las partes objeten la cartera de votos, la solicitud y los procesos de tabulación, asegurando de esa forma que todas las partes con interés en la reestructuración del BGF tengan una oportunidad para ser oídos en relación al Título VI”, reza la moción informativa de la Aafaf.

El Título VI de Promesa permite que el gobierno puertorriqueño ajuste la deuda que mantiene con sus acreedores mediante un proceso de negociación voluntaria. Dicho proceso, a diferencia del establecido en el Título III de Promesa, deja en la figura de la JSF, el proceso de aprobación de la transacción, siempre que esta cuente con los tenedores de al menos dos terceras partes del principal adeudado por el deudor, en este caso, el BGF. Como resultado, la corte no examina la razonabilidad del acuerdo para modificar lo adeudado sino que se centra su análisis en que el gobierno y el organismo federal hayan cumplido con todos los requisitos para completar la transacción.


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