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Los periodistas Rafael Lama y Joanisabel González analizan el plan fiscal revisado, en el que se proyecta un sobrante de $3,400 millones para el 2023

Los principales grupos de bonistas de Puerto Rico reiteraron este martes su rechazo al plan fiscal que ha presentado el gobierno y pidieron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que reconsideren sus posturas y produzcan un documento que permita acrecer la economía y asegurar el regreso de la isla a los mercados de capital.

“Desafortunadamente, creemos que el reciente plan propuesto por Puerto Rico representa un gran paso hacia atrás en el camino de la recuperación”, indicaron en una declaración escrita las aseguradoras municipales Ambac Assurance, Assured Guaranty, Syncora, National Public Finance Guarantee, la Coalición de bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Coalición Cofina Senior), el Grupo de Fondos Mutuos y bonistas individuales residiendo en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Hacemos un llamado al gobierno local y a la Junta a que evalúen y atiendan cuidadosamente nuestras válidas preocupaciones”, agrega la declaración en la que se indica que la revisión

La declaración de los acreedores se produce a menos de 48 horas de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares divulgara una nueva versión del plan fiscal revisado en su cuenta de Twitter, luego de que el ente federal con poderes por encima del gobierno electo de la isla, pidiera modificar los supuestos en ese documento y proveer información adicional que sustenten los estimados de ahorros que propone el gobierno a través de la consolidación de agencias y otras iniciativas.

De igual forma, el llamado de los acreedores se produce luego de que estos hubieran participado de varias sesiones con la Junta a través del proceso de mediación establecido por la jueza Laura Taylor Swain en los casos de Título III. Esto, según informó el presidente de la Junta, José B. Carrión en una presentación a inversionistas en Puerto Rico.

Hace poco más de dos semanas, el presidente del comité de Recursos Naturales en Congreso, Rob Bishop, escribió a la JSF indicando que los bonistas debían ser parte del proceso de confección del plan fiscal.

El rechazo de estos grupos de bonistas al plan fiscal apunta a que los acreedores están dispuestos a continuar litigando en corte para defender lo que alegan son derechos contractuales o estatutarios adquiridos.

Alegan que hay fallas 

De acuerdo con los bonistas, el plan fiscal del gobierno continúa dejando la transparencia a un lado al no publicar sus metodologías y no divulgar sus estados financieros.

En su análisis del plan fiscal revisado, los bonistas alegan que el plan de Rosselló Nevares “falla” en proveer “una base creíble” sobre la cual pueda reestructurarse la deuda de la isla, mientras adolece de fundamentos para reactivar la economía y hacer factible el regreso del gobierno a los mercados de capital.

De igual forma, según los acreedores, aunque el plan habla de recortes y ajustes, en números, los recortes en el gasto público son “mínimos” mientras la población de Puerto Rico según las cifras oficiales se contraería en 20%.

Los bonistas reiteraron que el plan no define claramente qué son servicios esenciales a la población y alegaron que durante la vida del plan fiscal, el gasto del gobierno aumentaría anualmente en 2%. Mientras, ciudades que atravesaron por procesos similares de ajustes de deuda como Detroit en Michigan y Stockton y San Bernardino en California exhibieron recortes anuales de 5.2%, 3% y 3.7%, respectivamente, luego de reestructurar sus obligaciones.

Sobre todo, los acreedores criticaron la postura que ha asumido el gobierno en el tema del servicio de la deuda.

El plan fiscal revisado presentado el pasado 24 de enero no dedicaba recursos al pago de los bonistas. La actualización del plan develada esta semana apunta a la posibilidad de asignar, en promedio, por los próximos cinco años, unos $596 millones en el servicio a la deuda. Esa cifra, si fuera el caso, rondaría un 15% del pago anual que deben recibir los acreedores y a su vez, sería menor que lo propuesto en marzo de 2017. Entonces, múltiples grupos de bonistas objetaron en corte y públicamente aquel documento.

No obstante, para los aseguradores municipales y demás bonistas que suscribieron la declaración, el principal fallo del plan es que para establecer cuánto Puerto Rico puede pagarles, el gobierno recurre a indicadores estatales que representan la relación entre la deuda contraída y el tamaño de la economía sin considerar que los puertorriqueños no pagan impuestos al gobierno federal.

En ese sentido, los bonistas señalaron que la isla debe considerar tener un nivel de deuda sostenible partiendo de las métricas en economías comparables a Puerto Rico. Mientras el plan fiscal proyectaría dedicar solo el 3% de los recaudos al pago de bonistas, el indicador del Banco Mundial para economías similares a Puerto Rico ronda 18%, alegaron los grupos firmantes.


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