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Un camión recoge los escombros del pueblo de Maunabo, a días del paso del huracán María. (GFR Media)

Aunque el interés de las aseguradoras es finiquitar las reclamaciones asociadas al huracán María cuanto antes, determinar las pérdidas que experimentaron los municipios y otras entidades de gobierno reviste de alta complejidad, indicó la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), Iraelia Pernas.

Según Pernas, los eventos asociados al ciclón del pasado 20 de septiembre han tenido impactos “extraordinarios” en todos los ámbitos y los municipios “no son la excepción”.

“Hay unas diferencias abismales entre la expectativa del municipio por el daño que se puede tener y si el daño que se reclama, en realidad, está asegurado”, indicó Pernas al recordar que hasta el presente, el sector de seguros local ha desembolsado unos $3,000 millones en reclamaciones a individuos, comercios y entidades de gobierno.

Datos oficiales indican que de sobre 236,000 reclamaciones tramitadas por las aseguradoras en Puerto Rico, unas 1,900 corresponden a entidades de gobierno. Hasta abril pasado, se habían efectuado pagos de entre $270 millones y $290 millones a esas entidades.

“Hay unos detalles del seguro que se daban por sentado y no se había hecho un ejercicio para entender hasta qué punto se estaba cubierto”, indicó Pernas al reconocer que el tema del coaseguro en las pólizas de los municipios es una de las discrepancias que encaran las partes. El coaseguro es separado del deducible y puede describirse como una penalidad que debe asumir el asegurado cuando este no adquirió suficiente seguro para su propiedad.

De acuerdo con José Del Almo, responsable de Triple-S Propiedad, atender las reclamaciones de los municipios ha sido un reto.

“Los municipios tienen unas extensiones territoriales bastante amplias y en algunos de estos fue complicado llegar a donde ellos o comenzar un recorrido de su situación”, dijo Del Almo al relatar lo ocurrido luego del huracán.

En otros casos, explicó el ejecutivo, las tareas vinculadas a la protección de la vida eran tan abrumadoras que los municipios no podían dedicar recursos para tramitar la reclamación.

Triple-S asegura los riesgos de poco más de una docena de municipios y al presente, ha otorgado entre $18 millones y $20 millones en adelantos y pagos a los ayuntamientos.

“Donde teníamos visuales, pudimos empezar a adelantar ciertas cantidades de dinero. Ha sido más tiempo del que hubiésemos querido, pero teniendo una catástrofe tan amplia, ha sido complejo”, sostuvo el ejecutivo.

El seguro para estructuras de un municipio es una cubierta que abarca decenas y hasta cientos de propiedades que estarán sujetas a inspección en caso de pérdida. A ese análisis, dijo Del Almo, se agregan aquellos para determinar las pérdidas en el interior de la estructura y las pérdidas en ingresos dejados de recibir, si el ayuntamiento también contara con el seguro de “business interruption”.

“Se nos atrasan las inspecciones porque lo que encontramos en el ‘field’, no es lo que se suscribe en póliza”, agregó Del Almo al sostener que en otros casos, no ha habido forma de constatar daños en contenido y suele ser más difícil precisar cuánto dejó de ingresar a las arcas municipales por el desastre.

Negocios supo además que algunas reclamaciones se han retrasado porque el asegurado contrató un ajustador público y se requiere que esa figura haga una composición de lugar y presente sus estimados antes de continuar la negociación.

En el caso de Integrand, El Nuevo Día supo que la aseguradora solo cubre riesgos de dos municipios y que en ambos casos, se ha adelantado el dinero. En uno de los casos, se indicó que Integrand espera por el análisis del ajustador público para entrar de lleno con el trámite de la reclamación.

Real Legacy Assurance indicó que prefería no hacer expresiones públicas relacionadas al proceso de reclamaciones de municipios y agencias de gobierno porque al presente, trabaja con dichos casos.

Una llamada y un correo electrónico a la aseguradora QBE no recibió respuesta.


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